7. Julio

La mitad del año encontró al país en medio de una serie de protestas contra el Gobierno y la Asamblea Legislativa desde distintos sectores. Si bien las protestas son usuales, el nivel de los ataques registrados y tantas en un periodo de tiempo tan corto, marcaron una coyuntura sin comparación con el pasado reciente del país.

Los eventos registrados entre el 25 de junio y el 28 de julio dejaron un cabo de explosivo y un portón caído en Casa Presidencial, un cuarto de dinamita que explotó en la oficina de la diputada Zoila Volio;  así como un extintor manipulado (con baterías y un temporizador) que estalló los vidrios del edificio de Teletica en Sabana Oeste. A esto hay que sumarle un grupo armado que apareció en redes sociales incitando a un levantamiento contra el Gobierno.

Al final, los eventos fueron hechos aislados y las autoridades de seguridad del país supieron responder: el grupo que amenazó al presidente y los diputados fue detenido unas semanas después, y quienes pusieron las bombas en la Asamblea y ante Teletica fueron ubicados y detenidos en octubre.

Por su parte, antes de cerrar el año, la Asamblea Legislativa reconoció los 71 años de vida sin ejército en el país, trasladando el feriado no obligatorio del 12 de octubre al 1 de diciembre (Día de la Abolición del Ejercito). Sin embargo, los momentos vividos a mediados del 2019 nos recuerdan que, a pesar de no tener ejército, la violencia puede estar más cerca de lo que quisiéramos reconocer.

8. Agosto

Los intentos de varias instituciones públicas por no aplicar en todos sus extremos lo que estableció la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en materia de empleo público surgieron en varias ocasiones a lo largo del año, teniendo su máxima expresión en la huelga de los empleados de la Caja del mes de agosto.

El conflicto se resolvió con un cuestionado acuerdo entre los sindicatos y las autoridades de la CCSS que, en teoría, iba a permitir a los empleados de la Caja mantener el cálculo de sus anualidades y otros incentivos como un porcentaje de su salario base y no como un monto fijo, tal y como se había establecido en la reforma fiscal.

Sin embargo, la Contraloría General de la República anuló dicho acuerdo porque no era un acto legal y obligó a la CCSS a aplicar en todos sus extremos la reforma, lo cual se empezó a hacer un mes después.

La Caja, sin embargo, no fue la única que se “auto recetó” condiciones especiales a la reforma, pues en el Poder Judicial también se aprobó que las anualidades, previas a la entrada en vigencia de la reforma fiscal, fueran calculadas de forma porcentual al salario base, lo que desencadenó que el diputado Pedro Muñoz denunciara penalmente a los 14 magistrados que aprobaron la medida e interpusiera una acción de inconstitucionalidad contra ese acuerdo de Corte Plena. El Ministerio de Hacienda también tomó represalias contra la Corte por no hacer los ajustes salariales, recortándole el presupuesto para el año 2020.

Mientras tanto, por la vía judicial las Municipalidades y las Universidades Públicas intentaron zafarse de los ajustes de la reforma, pues ambas interpusieron acciones de inconstitucionalidad para que no les aplique la regla fiscal. Esos procesos, sin embargo, no suspendieron la aplicación de la medida en esas instituciones.

9. Setiembre

El Plan Nacional de Descarbonización presentado en febrero de este año le valió al país recibir el reconocimiento de “Campeón de la Tierra”, otorgado por las Naciones Unidas. Además, el presidente Alvarado fue reconocido en la portada de la revista Time como parte de su lista “Los Próximos 100” (The Next 100) destacado en la categoría de líderes.

Y es que no se puede negar que, en el concierto de las naciones, el país cuenta con una imagen respetada y es referente en temas climáticos, por eso incluso en octubre fuimos la sede de la PreCOP 25 y en la COP25 lideramos un proceso con otros 30 países para que se respetaran los “Principios de San José” en cuanto al mercado de carbono.

Aunque al final no se logró consenso en la cumbre para lograr el cometido, y en general los resultados obtenidos en la COP 25 dejaron mucho que desear para todos, el país cuenta con la legitimidad internacional para liderar estos temas.

Sin embargo, a nivel interno, las disputas en el tema climático no se alejan a las que se viven en otros países: durante el 2019 se vieron iniciativas que buscan revivir la minería metálica y permitir la exploración y explotación de petróleo en el país. Además, el año nos dejó la aprobación en primer debate de un proyecto que reviviría la pesca de arrastre, aunque este probablemente vaya a morir en la Sala Constitucional donde se encuentra, actualmente, en consulta.

El proyecto que sí vio luz verde en el Congreso fue uno para eliminar el uso de pajillas y bolsas plásticas, aunque el texto se vio limitado de lo que pudo haber sido y su alcance es muy reducido para tener un impacto real en el ambiente.

Por otro lado, el tema de las plantaciones piñeras y su impacto en el medio ambiente y las comunidades que le rodean sigue siendo un tema pendiente e ignorado por las autoridades, puesto que incluso el Informe del Estado de la Nación de este año señaló haber encontrado 3824 hectáreas de piña dentro de Áreas Silvestres Protegidas y 16.385 hectáreas en humedales. Sin embargo, y a pesar de los constantes cuestionamientos, la expansión piñera no parece estar próxima a frenarse.

Así las cosas, el balance para el país en materia ambiental durante este 2019 es de reconocimiento y réditos en el extranjero y muchos temas por resolver a lo interno.

10. Octubre

La discusión del Presupuesto Nacional 2020 le generó al Gobierno más protestas de las que inicialmente se hubieran esperado. El origen del conflicto fue que durante la firma del Convenio FEES para el 2020 en julio, las universidades públicas asumieron el compromiso de dedicar por lo menos ₡70.000 millones a inversión de capital; sin embargo, el acuerdo no especificó que dicho monto debía (o no) provenir directamente de los recursos del FEES y eso significaba que dichos recursos sólo podrían ser utilizados en inversiones de infraestructura y equipamiento para las instituciones educativas, y no podían ser utilizados en otro tipo de gastos corrientes.

Si bien, la entonces Ministra de Hacienda, Roció Aguilar, había dicho públicamente desde agosto que ₡70.000 millones del FEES serían clasificados como inversión de capital, desde las Universidades Públicas esperaron hasta la semana antes de que el Presupuesto Nacional fuera dictaminado en comisión para alzar la voz sobre el problema que esta medida les generaría.

Dos días después de que desde las Universidades levantara el tema presupuestario, en la Comisión de Asuntos Hacendarios se aprobó trasladar la mitad de esa asignación y “regresarle” ₡35.000 millones al gasto corriente del FEES pero el malestar a lo interno de las Universidades ya era demasiado grande y llevó a que grupos estudiantiles tomaran varios edificios y bloquearan calles en distintos puntos del país.

Sin embargo, a pesar de que con la reclasificación de los ₡35.000 millones y haciendo modificaciones a sus propias asignaciones presupuestarias las universidades ya no tenían un problema en sus manos, los ánimos ya se habían caldeado y desde los centros de estudio mantuvieron el llamado para una marcha hacia Casa Presidencial.

Para colmo de males, la Comisión de Hacendarios cometió un error material —que por procedimiento no pudo corregir— y recortó ₡255 millones al Ministerio de Cultura, que terminó de sumar malestares contra el accionar del Gobierno (aunque el recorte fuera responsabilidad de la Asamblea). Por ello el 22 de octubre se llevó a cabo una multitudinaria marcha en “defensa de la autonomía universitaria”.

Ese día, las autoridades educativas y el Gobierno llegaron a varios acuerdos (ninguno de los cuales modificaba el Presupuesto Nacional ni los ₡35.000 millones del FEES que quedaron asignados a inversión de capital) y probablemente el principal logro del movimiento estudiantil fue conseguir que sus representantes tuvieran participación en las futuras negociaciones del FEES.

Lo alcanzado no fue suficiente para calmar los ánimos de los universitarios a lo interno, por lo que las tomas de los edificios y bloqueos en carreteras continuaron por varias semanas más. Mientras, el descontento se direccionó a los rectores de las universidades públicas, desde donde se presentó información incompleta y sesgada para movilizar apoyo a su causa. Esto fue denunciado por el presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, ante la Procuraduría de la Ética Pública.

El día de la aprobación final del presupuesto se reavivó el conflicto cuando un grupo de manifestantes bloqueó la calle frente a la entrada de Derecho en la UCR y ante la intervención policial prendió fuego a esa calle —con un líquido que aseguraron no era gasolina, pero sí evidentemente inflamable— y rociando a los policías que los grababan en el proceso. El evento finalizó con 7 personas detenidas y la discusión en redes sociales de si en Costa Rica existe el “agua inflamable”.

11. Noviembre

Tras varios meses acumulados de malas señales económicas, el penúltimo mes del año dejaría los primeros atisbos de recuperación económica para el país. Durante el segundo semestre del 2019 se registraron mejoras en áreas como las tasas básicas (cuyo comportamiento fue a la baja), así como en la estabilización del crecimiento del crédito (que dejó de caer de manera tan fuerte como lo estaba haciendo en los tiempos más críticos).

Además, este crecimiento también se vio reflejado en el posicionamiento del colón -que llevaba varias semanas reportando estabilidad en el mercado cambiario- y en la inflación general que se vio desacelerada en comparación a meses anteriores.

El tema es que, a pesar de las mejoras para la economía, el alto endeudamiento que el país adquirió en el pasado sigue pasándonos factura, pues aunque el Gobierno consiguió reducir su déficit primario —entre reducción de gasto y aumento de ingresos por el IVA—, el déficit financiero continuó creciendo, impulsado por los altos intereses de la deuda. Aunque el Gobierno logró colocar con éxito los $1.500 millones de la primera ronda de Eurobonos, los restantes $4.500 millones que había solicitado el Ejecutivo para refinanciar deuda de alto costo en los próximos 3 años dependen todavía de la aprobación de recibir el visto bueno por parte del Congreso.

La situación de la economía del país y su alto endeudamiento lo viven también las finanzas de los hogares, donde los datos han señalado que el 60% tiene por lo menos una deuda y en promedio esas deudas consumen hasta el 30% de sus ingresos.

Aunque la situación no era nueva, ya que el endeudamiento de las familias venía en crecimiento desde el 2011, lo cierto es que ya estaba bordando lo insostenible, pasando la deuda promedio de los hogares de unos ₡4.4 millones en junio del 2011 a ¢8.5 millones en junio del 2018.

Ante esto el Gobierno acudió a la banca pública para gestionar préstamos de salvamento para las personas asalariadas con un alto nivel de endeudamiento y esta tuvo una rápida acogida por parte de los clientes de los bancos.

El gran tema pendiente, y donde no se vieron mejoras en todo el año, fue el empleo. Los resultados de la Encuesta Continua para el tercer trimestre del 2019 mostraron que el desempleo nacional subió a una tasa de 11,4%, lo que se traduce en 278 mil personas sin un trabajo.

12. Diciembre

Desde el 14 de enero, el entonces ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza Rocafort, anunció que el presidente Alvarado firmaría en 2019 la norma técnica para regular el aborto terapéutico. Desde la afirmación pasaron 332 días para que el presidente cumpliera su promesa.

La norma generó a lo largo de todo el año distintos momentos de tensión entre el Gobierno y la oposición que trató en todo momento de evitar la firma, a pesar de desconocer su contenido. Incluso, varios congresistas que se oponían a la firma presentaron un recurso de amparo porque el Ejecutivo no daba a conocer el borrador del texto, pero la Sala Constitucional les recordó que los borradores no son documentos públicos.

El Gobierno decidió dar a conocer la norma a la ciudadanía el 10 de diciembre, cuando el Poder Ejecutivo la envió a consulta no vinculante ante las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social antes de poner la esperada la firma en el documento, que llegaría dos días después.

Con la firma de la norma técnica, la administración Alvarado Quesada cumplió con el compromiso que había sido adquirido por la administración Solís Rivera, establecido como parte de las medidas acordadas para evitar una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, interpuesta por dos ciudadanas costarricenses a las que, a pesar de tener embarazos con hijos no viables fuera del vientre, las autoridades de Salud les negaron en 2007 y 2011 la aplicación de un aborto terapéutico.

La norma entrará a regir el 17 de junio del 2020, cuando se cumplan los seis meses plazo que se otorgaron a los centros de salud, públicos y privados, para definir sus protocolos de atención. Por su parte Aurora (seudónimo de una de las dos demandantes) aseguró que continuaría con el caso ante la CIDH hasta que no estuviera implementada en el país de forma efectiva la norma técnica.

La firma de la norma se une a que el Ministerio de Salud aprobase a mediados de año, la distribución y venta —con asesoría farmacéutica pero sin receta médica— de la píldora anticonceptiva de emergencia, y a la apertura de la Clínica de Fecundación In Vitro de la CCSS, como avances del país en temas de derechos sexuales reproductivos de las mujeres.