La Contraloría General de la República (CGR), ente auxiliar de la Asamblea Legislativa, ordenó a la Caja Costarricense del Seguro Social aplicar la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en lo que corresponde a convertir los pluses salariales de sus funcionarios, otorgados antes y después de la Ley 9635, a montos fijos.

El ente fiscalizador de la Hacienda Pública determinó que el acuerdo al que llegaron la Caja, sindicatos de esa institución y el Gobierno para poner fin a la huelga que se desarrolló durante una semana y que afectó a decenas de miles de personas, no constituye un acto de derecho.

Por esa razón, la Contraloría descartó que la Caja deba iniciar un proceso judicial para declarar la lesividad del acuerdo que firmó con los sindicatos de la institución en febrero de 2019, y en el que acordó únicamente nominalizar los pluses entregados después de la aplicación de la reforma fiscal.

Tal y como lo explicó Delfino.cr días atrás, debido a vacíos en la reglamentación inicial de la Ley 9635 por parte del Ejecutivo en lo que correspondía a cuáles pluses salariales debían convertirse a montos fijos, la Caja y los sindicatos de la institución firmaron un acuerdo en febrero para que solo se hiciera tal conversión a aquellos pluses otorgados después de la entrada en vigencia de la reforma fiscal, en diciembre de 2018.

Dicho acuerdo entró luego en contradicción con una reforma a la reglamentación emitida por el Poder Ejecutivo, quien dispuso que debían nominalizarse todos los pluses salariales, ya fueran otorgados antes o después de la reforma fiscal.

Dada la negativa del Ejecutivo de rectificar el Reglamento o de excluir a la CCSS de él, los sindicatos se alzaron en huelga para exigir el respeto al acuerdo de febrero de 2019. Esa huelga se terminó tras la firma de un acuerdo entre el Gobierno, la Caja y los sindicatos, en el que se mantienen las condiciones negociadas por los sindicatos en febrero pasado, hasta que se determinara en un proceso judicial de lesividad (que suele durar entre 3 y 5 años), si dicho acuerdo entre la Caja y los sindicatos era válido o no.

Dato D+: El proceso de lesividad está regulado en el Código Procesal Contencioso Administrativo y está constituido como el proceso judicial en el cual la propia Administración autora de un acto administrativo declaratorio de derechos solicita su nulidad, por ser el mismo contrario a los intereses públicos, económicos o de cualquier otra naturaleza.

Si los tribunales daban la razón a la CCSS, las anualidades e incentivos salariales de los funcionarios contratados antes del 3 de diciembre del 2018 pasarían a ser calculados en forma nominal, mientras que si la Caja perdía el caso, continuarían siendo calculados de forma porcentual, de modo que el gasto en remuneraciones y pluses continuaría subiendo exponencialmente en la institución.

Dicho juicio, sin embargo, ya no deberá llevarse a cabo pues la Contraloría General determinó que no hay bases para llevar el caso a juicio.

Dato D+: Las consideraciones que hizo la Contraloría guardan relación únicamente con el Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (reforma a empleo público) toda vez que el análisis del ajuste de la CCSS al Título IV (regla fiscal) corresponde al trámite presupuestario a partir del ejercicio presupuestario del 2020.

LA ORDEN

Manuel Corrales Umaña, gerente del Área de Fiscalización de Servicios Sociales de la Contraloría, Damaris Vega Monge, asistente técnica y Karla Salas Solano, fiscalizadora; emitieron una orden a la Junta Directiva de la Caja Costarricense para que sesione extraordinariamente en un plazo máximo de cinco días hábiles, con la finalidad de que adopten los acuerdos que acrediten el acatamiento de lo ordenado por la Contraloría General de la República.

Dichas órdenes consisten en abstenerse de iniciar un proceso judicial de lesividad o cualquier otro tipo de procedimiento en vía administrativa para la declaratoria de nulidad del numeral 1.1, titulado “Anualidades” y el párrafo del numeral 2.1, titulado “Incentivos, complementos, sobresueldos y pluses” contenidos en el “Acta de Acuerdos” suscrita el 20 de febrero de 2019 por representantes de la CCSS y representantes sindicales.

Asimismo, deberán aplicar todo lo relacionado con la reforma al Empleo Público, incluida la eliminación del pago bisemanal, en las condiciones, términos y plazos establecidos en la Ley.

Los funcionarios le advirtieron a la institución que cualquier actuación -omisa o activa- por parte de la Caja, en contraposición a lo establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, o en general que resulten disconformes con el ordenamiento jurídico, podrán ser objeto de eventuales responsabilidades.

La orden se emitió luego que la Contraloría analizara las denuncias entabladas contra el acuerdo CCSS-Ejecutivo-Sindicatos por parte de la fracción legislativa del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).