Escuche la versión en audio de este Reporte
— El ministro de la Presidencia, Víctor Morales Mora, salió el día de ayer en conferencia de prensa a defender el acuerdo alcanzado con los sindicatos de la CCSS para finalizar la huelga, poniendo énfasis en que la prioridad del Gobierno era reestablecer los servicios de salud a la ciudadanía y que eso se logró con el documento firmado la tarde del lunes.
— Morales Mora fue enfático en señalar que el acuerdo no otorga beneficios especiales a los funcionarios de la CCSS en cuanto a la aplicación de las condiciones salariales posteriores a la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, ya que lo que se encontraba en disputa era el calculo de los incentivos salariales previos a diciembre del 2018.
— El asunto es que, si bien los acuerdos del 20 de febrero reconocen que las anualidades a partir de diciembre del año pasado se otorguen en montos nominales, mantiene las anualidades que se habían recibido previamente con un cálculo porcentual mayor —por lo que siguen creciendo con cualquier aumento salarial—, mientras que el famoso decreto de la discordia (41.729-Mideplan-H) las convirtió, para el resto de empleados públicos, en montos nominales fijos.
— Lo mismo sucede con todos los demás incentivos salariales ya que el acuerdo mantiene su cálculo en un monto porcentual del salario, mientras que el decreto los convirtió a un monto nominal fijo, calculado con el salario de julio del 2018.
— Esa diferencia en el cálculo de las anualidades e incentivos previos a diciembre 2018, vuelve inverosímil la versión del Gobierno de que no se cedieron beneficios salariales para poner fin a la huelga, pues claramente los funcionarios de la CCSS mantendrán por varios años —y, dependiendo del resultado del proceso de lesividad, por el resto de la vida— condiciones salariales que el resto de empleados públicos no recibirán.
— A pesar del optimismo del ministro de la Presidencia al hablar del acuerdo en términos positivos, la narrativa no es compartida por todo el Gabinete de Gobierno, ya que la ministra de Hacienda, Roció Aguilar Montoya, se manifestó —en un evento privado donde fue grabada— en “total desacuerdo” con la forma en que se finalizó el conflicto en la Caja:
No podemos dejar que los grupos de presión se salgan con la suya.
— Por otro lado, desde la oposición, en la Asamblea Legislativa, también abundaron las críticas al documento firmado. Incluso la fracción del PUSC envió una solicitud a la Contraloría General de la República para que investigue si el acuerdo para levantar la huelga incumple lo establecido en la Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas, a fin de que lo declare nulo y determine si en la decisión de firmar el documento hubo algún acto ilícito por parte de las autoridades, tesis que ha tomado mucha fuerza en las últimas horas.
— En medio de tanta agitación la Asamblea Legislativa aprobó una moción para dedicar el día de ayer a un debate reglado para discutir el accionar del Gobierno. Todos los detalles de lo que se dijo en el debate, los pueden revisar en la crónica de Barra de Prensa.
— A parte del tiempo “perdido” en el debate reglado de ayer, el acuerdo dejó un ambiente negativo en el Congreso para proyectos que son de interés del Ejecutivo, como los relacionados con financiamientos externos que se estaban tramitando tanto con el Banco Interamericano de Desarrollo como con la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), incluso el Directorio Político del PLN aseguró que el partido "no aprobará los emprésitos que actualmente se discuten en la Asamblea Legislativa, salvo que se establezcan condiciones y controles claros sobre el uso y manejo de los mismos y el respeto de las leyes aprobadasseñaló que no apoyara"...
— Por su parte, el presidente de la Asamblea Legislativa, Carlos Ricardo Benavides Jiménez, estuvo en horas de la mañana en el programa Hablando Claro, donde se mostró molesto porque se incluyó entre los acuerdos que no se tomarán acciones contra funcionarios que hubiesen actuado contra la ley o contra los asegurados. Aseguró que esa decisión podría incluso ser considerara como una falta al deber de probidad:
Uno no puede negociar sobre las eventuales infracciones a la ley por un comportamiento en contra de la misma ley y la reglamentación de la Caja. Si han existido faltas graves o leves en el transcurso de esta huelga la Caja está en su deber de investigarlas y sancionarlas. Lo que dice ese acuerdo es que se van a hacer de la vista gorda, incluyendo cualquier desatención médica o cualquier acto en contra de los asegurados que hubiera perpetrado alguno de los servidores públicos, eso es innegociable, eso es ir en contra de la ley.
— En efecto ese es todo un tema, ya que justamente el día de ayer se dio a conocer que Rodrigo López, secretario general de la Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE), declaró ante la Asamblea General de ANPE que:
También quiero agradecer a los colaboradores ocultos que no hicieron más que hacer la estadística de revisión de los diferentes hospitales y no hacer los informes, lo cual evitó que en el Ministerio de Salud, desde el viernes, tuviéramos las órdenes sanitarias sobre la cabeza de cada uno de nosotros. Y eso es importantísimo, hay gente que ayuda desde esa parte oculta.
— Así las cosas, según la cláusula de “Paz Social” firmada como parte del acuerdo del lunes pasado las autoridades de la CCSS estarían imposibilitadas de investigar ese tipo de incumplimiento de deberes que se pudiesen haber dado durante la huelga...
— Por otro lado, un aspecto en lo que tanto el ministro de la Presidencia, como el presidente del Congreso y la ministra de Hacienda tuvieron consenso el día de ayer, fue en recordar que la no aplicación de la Regla Fiscal a la CCSS no es resultado del acuerdo alcanzado con los sindicatos, ya que la ley había dejado por fuera de la regla fiscal el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y el régimen no contributivo, mientras que la Sala Constitucional señaló que también debía quedar por fuera el seguro de salud y maternidad. Hasta donde hemos podido corroborar esos tres componentes forman prácticamente la totalidad del presupuesto de la Caja.
