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— La polémica en torno a la venta de Posterga, la pastilla del día después, no ha acabado: parece que a pesar de que su venta ya está permitida en el país, conseguirla y comprarla antes de que se cumplan las 72 horas que exige la efectividad del tratamiento, es una tarea tan complicada y entrabada como lo es cualquiera que tenga que ver con un derecho sexual y reproductivo en Costa Rica ¿Por qué? Porque su venta no es libre.

— Aclaremos esto: a pesar de toda la polémica que se presentó previo a la aprobación de su venta, la comercialización de este medicamento sigue sin ser libre en el país pues, a pesar de que el decreto N° 41722-S del Ministerio de Salud señala que no es necesaria la prescripción ni la receta médica para comprar el producto, para que su venta fuese libre tendría que estar en la lista de Medicamentos de Venta Libre al Consumidor que se señala en el decreto Nº 35595-S y ¿adivinen? no lo está. El Ministerio de Salud nunca lo estipuló de esa manera. Esa es la razón por la que ahora, tal y como demostraron las informaciones publicadas por el Semanario Universidad y el programa Interferencia del Sistema Radiofónico de la UCR la semana pasada, conseguir la pastilla en menos de 72 horas es... tarea más que complicada.

Según un recorrido realizado por el Semanario, si usted necesita conseguir la pastilla del día después tiene que prepararse para peregrinar: de 16 farmacias visitadas entre Cartago y San José, solo siete vendían el producto sin ningún pero; en cinco de los centros visitados no lo comercializaban "por criterio de la regente en turno o ideología de la farmacia", es decir, por "objeción de conciencia"; en tres les dijeron que la pastilla estaba agotada (aunque Interferencia presentó casos donde algunos sitios aducen desabastecimiento para no venderla); y en el otro establecimiento la farmaceuta se dedicó a hacer muchas preguntas para tratar de “crear conciencia” sobre el uso del medicamento en la persona compradora ¿Cómo va a conseguir uno la pastilla en 72 horas si se tiene que enfrentar a estas situaciones? Buena pregunta.

El tema no acaba ahí: según el medio radiofónico, en las cadenas Fischel y La Bomba (propiedad, ambas, del Grupo Cuestamoras) la venta tiene condiciones extra que fueron interpuestas por la comercializadora a pesar de que no aparecen en ninguna de las disposiciones del Ministerio de Salud sobre el medicamento.

— Por ejemplo, en las farmacias La Bomba solo están vendiendo el medicamento "a mujeres que tengan cédula”, no a hombres; las Fischel están solicitando a los compradores que presenten su cédula de identidad pues deben llenar un consentimiento informado que dispone que "no se dispensará la medicación a menores de edad, únicamente si están acompañados de su representante legal" y, por otro lado, también están exigiendo que los compradores llenen un formulario con preguntas personales sobre la persona que desea adquirir dicho método y entre las que destacan si esta usa otros métodos anticonceptivos y la fecha de su última menstruación. ¿Es esto legal? Ahí es donde está el tema.

A corte del día de ayer el Ministerio de Salud ya tramitaba dos denuncias contra farmacias por poner trabas a la venta de la pastilla, una de ellas era contra la farmacia Fischel de Cartago. En su descargo oficial, el Grupo Cuestamoras y su entidad encargada en farmacéuticas, Cuestamoras Salud, aseguró que como la venta de la medicación no está a la libre sino que es controlada (pues así lo señala el artículo 2 del decreto que señala que la venta debe realizarse con "el debido asesoramiento farmacéutico del regente"), ellos deben poner la traba que ponen pues, según el artículo 7 del Código de Ética del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica, ese podría ser el asesoramiento al que el decreto refiere.

Según este artículo, "las personas profesionales en farmacia reconocen, respetan y legitiman la autonomía de todo ser humano para tomar sus decisiones en salud" y la validación de ese respeto se hace con una herramienta determinada ¿adivinen cuál es? ajá, un consentimiento válidamente informado: ese que está exigiendo la Fischel.

Ahora y paréntesis, ¿ese consentimiento informado les permite imponer a las mujeres la necesidad de llenar un documento en el que detallen, por ejemplo, si está tomando otro anticonceptivo o la razón por la que necesita la medicación? ¿Ese consentimiento violenta los derechos de las personas menores que se sientan incómodas de que los acompañe uno de sus padres a realizar la compra? ¿Es esta disposición suficiente para que una farmacia no le quiera vender el producto a un hombre o a una mujer aduciendo "objeción de consciencia"? Es un tema complejo.

El INAMU ya se pronunció señalando que estas disposiciones son una violación a los derechos de los menores de edad. Además, ya en reiteradas ocasiones el Poder Judicial ha asegurado que no se puede aducir objeción de consciencia por encima de principios constitucionales (ya falló al respecto en el tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo) y esta disposición podría aplicar también para el acceso a la salud, pero lo cierto es que lo que tenemos aquí hoy, es un mar de dudas y un un portillo abierto que no sirve más que para entrabar.

— Hicimos la consulta correspondiente al Ministerio de Salud respecto a si las farmacias pueden o no interponer todas estas disposiciones a un único producto en específico, así como si la institución planea ejecutar una reglamentación más clara al respecto o introducir la pastilla en la lista de medicamentos de venta libre. Por respuesta recibimos la postura oficial la institución emitida la semana pasada, en la que el jerarca Daniel Salas Pereza, señaló que "no existe otro requisito más que solamente la asesoría del profesional en farmacia" pero eso no hace más que devolvernos al Código de Ética que regula a ese profesional y a todas las dudas que expresamos más arriba y que no se aclaran con los 4 artículos del decreto.

— Mientras tanto y mientras Salud resuelve qué hacer con el decreto que aprobó, las mujeres que necesiten la pastilla tienen que seguir realizando la peregrinación de farmacia en farmacia, buscando una que sí se las venda antes de las 72 horas posteriores al encuentro sexual. Por lo pronto, todas aquellas a las que les nieguen o les entraben el proceso, podrán seguir presentando sus denuncias dac.denuncias@misalud.go.cr esperando que, algún día, Salud brinde claridad y respuesta completa respecto a este tema donde, parece, 72 horas no les fueron suficientes.

Esta nota es parte del Reporte: Costa Rica campeona del medio ambiente pero también de deudas pendientes.