El Ministerio de Salud anunció este martes que el texto de la norma técnica para la interrupción terapéutica del embarazo, fue enviado a consulta no vinculante ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y que a partir de ahora la institución tiene tres días para emitir criterio, antes de que la norma siga su proceso de firma.

El anuncio lo dieron a conocer en conferencia de prensa esta tarde, el ministro de la cartera, Daniel Salas Peraza, y la vicejerarca, Alejandra Acuña Navarro.

En el encuentro, Salas aseguró que:

Estamos haciendo la consulta sobre la norma técnica vinculada al procedimiento médico en atención del artículo 121 del Código Penal, a la Caja Costarricense del Seguro Social. Le hemos otorgado a esa institución el plazo improrrogable de tres días, al cabo de los cuales tendremos como respuesta una consulta no vinculante, y posterior a esto procederemos a firmar la norma".

Según señaló Salas, el que la consulta no sea vinculante quiere decir que la apreciación de la institución no sería necesariamente tomada en cuenta en la redacción final de la norma que entraría a vigor, mas sin embargo sí revisarán las valoraciones de la Caja para la redacción final del documento que firmará Carlos Alvarado.

De hecho, en esta vía, en el comunicado enviado a la prensa por el Ministerio de Salud, la institución señala que:

La Caja tendrá tres días hábiles improrrogables para responder esta consulta que es obligatoria y no vinculante para el Poder Ejecutivo. Una vez que la CCSS haya dado su criterio, el Ministerio de Salud podrá realizar ajustes finales y continuar con el trámite respectivo".

Es necesario recordar que el artículo 121 del Código Penal señala, desde su promulgación en 1971, que "no es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y éste no ha podido ser evitado por otros medios". Esta técnica se conoce como aborto impune.

Sin embargo, y como a la fecha no hay claridad jurídica sobre qué condiciones son las que se entienden como causas de peligro para la vida o salud de la madre, el país evidenció casos como el de Ana y el de Aurora, dos mujeres que fueron obligadas a continuar con sus embarazos hasta el final del proceso, a pesar de saber que, en los dos casos, el embarazo era incompatible con la vida extrauterina.

Estas situaciones son las que tienen al país denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el incumplimiento de lo que señala el Código Penal y eso es lo que se va a revertir con la nueva norma.

Según informó Salas este martes, la norma entraría en vigor 6 meses después de que Presidencia finiquite su firma, pues la institución está otorgando a la Caja este plazo para que pueda ejecutar los protocolos de ejecución necesarios.

¿Qué dice la norma?

Según el texto borrador, hecho púbico por Salud este martes (y que ustedes pueden revisar completo, aquí) la norma define que las mujeres embarazadas, o el médico que las atienda, tendrán la oportunidad de solicitar, una única vez con derecho a apelación, la conformación de un grupo interdisciplinario de tres profesionales en medicina para que estos realicen la revisión de sus embarazos en caso de un eventual riesgo para la salud de la madre.

El documento agrega que dicho grupo de médicos tendrá 3 días para responder ante la solicitud de la paciente y, una vez que estos emitan un criterio, se plantearán dos escenarios: en el caso de que la solicitud sea rechazada, la mujer tendrá derecho a apelar ante la Dirección General del establecimiento de salud correspondiente y, si esta apelación es rechazada definitivamente, no podrá volver a solicitar el estudio; y si la recomendación médica es positiva, será ella la que decida si acepta la recomendación de realizarse el aborto terapéutico o no, pues la norma estipula que una interrupción del embarazo no podrá aplicarse en contra de la voluntad de la mujer embarazada.

Por otro lado, el documento establece cuáles son las condiciones para definir los centros médicos que realizarán este tipo de intervenciones y dispone que durante todo el proceso, la mujer cuente con información comprensible, oportuna y basada en la evidencia científica, para así poder tomar una decisión.

Además, la norma también hace referencia a los tres puntos que más han generado polémica respecto a este tema: el concepto de salud que deben manejar los médicos; los casos en los que el aborto se pida porque el producto del embarazo sea incompatible con la vida extrauterina; y la posibilidad de los médicos de objetar libertad de conciencia para negarse a realizar la intervención.

En el primer tema, el jerarca Daniel Salas señaló que cada caso será estudiado diferente y que en los casos donde se valore que la salud de la mujer pueda estar en riesgo, uno de los tres médicos involucrados en el equipo interdisciplinario deberá ser un psiquiatra:

En el caso del riesgo para la salud psicológica siempre va a haber un médico en la triada que se conformaría, que sería de la patología de fondo, en ese caso sería un psiquiatra y sería este, en conjunto con los otros dos médicos que serían ginecólogos, los que resuelvan el caso. Siempre va a haber un profesional de esa patología que le dé todas las posibilidades a la paciente y si ya definitivamente no se puede hacer nada, sí se recomendaría la interrupción del embarazo".

Además, y sobre los embarazos sin posibilidad de vida extrauterina, el artículo 7, inciso 7 de la norma señala que "cuando se certifique que el embarazo de la mujer es de un producto incompatible con la vida extrauterina, se deberá valorar siguiendo los términos de esta norma a la paciente para evitar un peligro para su salud o su vida y si no se puede evitar por otros medios", por lo que aquí también sería posible la interrupción.

Respecto al último punto, la norma le garantizó a las personas profesionales en salud la posibilidad de objetar dicha libertad, siempre y cuando se asegure que esto no afecte la atención de las mujeres.

Por otro lado, el Ministerio de Salud, según el texto de la norma, será la institución responsable de vigilar que los centros médicos del país apliquen esta norma y sus protocolos y a su vez, de que la Caja tenga listos los protocolos, seis meses después de que la firma se realice.

No es un portillo para el aborto libre

Otro tema que también se trató este martes y que los personeros de Salud señalaron, reiteradamente, es que, la norma no es un portillo para el aborto libre en el país pues no amplía en nada lo que dispone el artículo 121 del Código Penal. El jerarca Daniel Salas señaló que:

Esta norma no es una norma que abre portillos al aborto libre. No lo es, es una norma que lo que busca es proteger la salud o la vida de las mujeres que por su situación de embarazo o ante una patología de fondo, tienen un peligro inminente ante esas condiciones: su salud o su vida. Cuando se hayan agotado todas las posibilidades médicas para evitar llegar a ese punto, se podrá considerar la interrupción del embarazo".

Con este pronunciamiento, el jerarca señaló que espera que los grupos que se han opuesto a la firma de la norma, depongan sus críticas a la firma y entrada en vigor que se realizaría en el futuro cercano.

Por otro lado, el jerarca enfatizó en que la norma es absolutamente necesaria y desmintió a quienes abogan por lo contrario:

Hay algunos que dicen que esta norma no hace falta, que no hay casos de mujeres que tengan secuelas permanentes o que incluso pierdan la vida posterior al parto; sin embargo, les aseguro que sí hay casos y cuando ustedes empiecen a preguntar a personas conocidas, ustedes se dan cuenta de casos de mujeres que han tenido, ante la no validación de ese derecho en una situación de peligro para su salud o su vida, que no se les da ese derecho".

Para ejemplificar esta afirmación, Salud puso el ejemplo de la propia viceministra Alejandra Acuña, quien durante la conferencia de este martes compartió su historia personal y su caso de aborto terapéutico:

Yo pasé por un proceso de este tipo hace ya bastante años. Tuve un embarazo moral, que es uno bastante peligroso en el que el embarazo cuando llega al útero lo que genera es un tumor, y bajo esa circunstancia que se supone que la persona tiene que ser atendida para interrumpir su embarazo, en mi caso existía una gran duda entre los médicos sobre si la interrupción era posible o no. A pesar de que yo lo solicité, duré prácticamente dos semanas esperando a la decisión de un médico, hasta que por suerte apareció uno que sí quiso hacerme caso y aplicar el procedimiento respectivo. Yo lo que quería era ser madre y la interrupción del embarazo permitió que yo mantuviera mi útero y, posteriormente, tuviera a mis hijos".

Acuña agregó que "la norma sí es necesaria porque así como mi caso, hay muchas mujeres que queremos salvaguardar nuestra vida para ser madres, no es que estamos pensando en un aborto libre al respecto".

La norma técnica es tema de gobierno desde hace más de 4 años, sin embargo, en la administración Solís Rivera dicho documento no quedó en firme "por decisiones políticas".

La administración Alvarado Quesada, por su parte y a pesar que el tema fue promesa de campaña y de que desde enero pasado el ahora exministro de la Presidencia, Rodolfo Piza Rocafort, aseguró que el presidente firmaría la norma antes de que finalizara el 2019, lleva ya 954 días, desde que llegó al poder, sin finiquitar dicha firma.

Previsión a reacciones

Aunque en la conferencia de prensa el ministro Salas aseguró que espera que ahora que la norma ya es pública, la oposición al respecto se reduzca, lo cierto es que también señaló que ya están preparados para soportar las críticas que se avecinen sobre el tema.

De hecho, esta semana el grupo de diputados provida reiteró que planean tomar "acciones legales" cuando Presidencia proceda a firmar el documento y a dejarlo en firme. La diputada exrestauradora afín a Fabricio Alvarado, Ivonne Acuña Cabrera, aseguró a Monumental que insisten en que la norma es ilegal pues y estarían "actuando ante la insistencia de él (Carlos Alvarado) de firmar". Criterio similar manifestó la legisladora del PUSC, Shirley Díaz Mejías, que señaló también a este medio que, firmando el documento, "el Presidente Carlos Alvarado estaría ignorando la petición de miles de costarricenses".

El grupo al que se unieron estas y otros diputados y que se hace llamar "Frente Nacional por la vida" (que también articula a la Asociación Médicos por la Vida, a Despierta Costa Rica, al Grupo Pancha Carrasco y a las iglesias Católica y evangélicas neopentecostales) realizó una conferencia de prensa la semana anterior, en la que se anunció que se entregaría una carta a Presidencia, pidiendo abrir espacios de diálogo con el Ejecutivo para tratar el asunto.

Sin embargo, y después de lo que señaló Salud hoy, parece que dicha solicitud no va a ser escuchada, pues según manifestó Daniel Salas, aunque aún no hay claridad respecto a qué día en específico de este mes se va a plasmar la firma, "aquí lo importante es que se va a firmar" y antes de fin de año, tal y como se hubo prometido; eso justo que es lo que buscan los grupos que este martes realizaron una intervención frente a Casa Presidencial en Zapote, exigiéndole al Presidente Alvarado que "¡Firme ya!" A estar muy pendientes.