Tal y como se anunció la semana anterior, después de que la Asamblea Legislativa votase el primer debate del proyecto de ley que reactivará nuevamente la pesca de arrastre en el país, este martes 17 diputados de diferentes bancadas presentaron una Consulta de Constitucionalidad ante los magistrados de la Sala Constitucional, pidiéndole al órgano que se refiera tanto por forma como por fondo al señalado proyecto.
La consulta fue firmada por los diputados oficialistas Paola Vega Rodríguez, Mario Castillo Méndez, Nielsen Pérez Pérez, Carolina Hidalgo Herrera, José María Villalta Flórez-Estrada; por los liberacionistas Paola Valladares Rosado, Luis Antonio Aiza Campos, Roberto Thompson Chacón, Patricia Villegas Álvarez, Jorge Fonseca Fonseca y Karine Niño Gutierrez; y por el diputado del Partido Integración Nacional, Walter Muñoz Céspedes. El diputado Luis Ramón Carranza Cascante también apoyó la consulta pero como por motivos de salud no ha estado en la Asamblea Legislativa, no pudo firmar la consulta.
Sobre la consulta, la legisladora Paola Vega, una de las principales opositoras a la aprobación de este proyecto, indicó que la consulta se plantea tanto por temas de fondo como por procedimiento, ya que el primer debate estuvo cargado de trámites cuestionables y, además, consideran que el estudio en el que se apoya el proyecto no cumple con los requerimientos que solicitó la Sala Constitucional:
Es un estudio mediocre y laxo, hecho a la medida de los que quieren reactivar a cualquier costo la pesca de arrastre. Se han encargado de engañar a las familias costeras con un proyecto mal hecho que se va a caer. Lamento que esta estrategia de mentiras responda a fines electorales y no a una preocupación real por las personas”.
La práctica de la pesca de arrastre se prohibió en el país en el año 2013, luego de que la Sala Constitucional considerase que la técnica artesanal de arrastrar vía red todo el suelo marino para la pesca de camarón, provocaba severos daños ambientales a gran cantidad de otras especies que se veían afectadas por la captura.
Sin embargo, la Sala dejó abierta en aquella ocasión, la posibilidad de que la prohibición se revirtiera, si se llegaba a comprobar vía estudios técnicos serios, que el uso de dispositivos excluidores podía ayudar en la conservación del ambiente. El tema es que, a pesar de que sí existen estudios que señalan que se puede revertir el daño, es la seriedad o no de dichos estudios en donde ahora está la discusión.
El Instituto Costarricense de Pesca y Agricultura (Incopesca) desarrolló una investigación que señala que con el uso de dispositivos que excluyen al resto de las especies del proceso pesquero, se logra que de cada tonelada de camarón pescada, únicamente el 25% corresponda a fauna de acompañamiento (FACA, es decir, al resto de especies que se ven afectadas por la técnica). No obstante, dicho estudio es cuestionado por diversidad de organizaciones ambientalistas que consideran que la investigación carece de rigor científico, y estas críticas obtuvieron eco en los legisladores, que ahora presentan la consulta a la Sala para que sea esta la que defina qué sucederá con el proyecto.
Ahora, y tal como señaló el diputado frenteamplista, José María Villalta en su perfil de Twitter, será de nuevo la Sala la que tenga la última palabra. A estar pendientes.
