La Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprobó reducir a la mitad el monto de ₡70.000 millones provenientes del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) que el Ministerio de Hacienda había dictaminado que las universidades públicas tendrían que destinar a gasto de capital (es decir de inversión en infraestructura y equipamiento) y definió que ₡35.000 millones de ese monto se van a destinar, nuevamente, al gasto corriente de las universidades (becas, salarios, etc).
Así se decidió en la sesión de la noche de este miércoles, en la que los legisladores aprobaron traerse el conflictivo monto a la mitad, luego de que los rectores de las universidades públicas señalaran que el "congelamiento" de esos 70 mil millones dejaba a las universidades en "estado de emergencia".
Como citábamos en el reporte del martes esta semana el rector de la Universidad de Costa Rica Henning Jensen Pennington, denunció que la movida de Hacienda ponía en riesgo a las finanzas de su centro académico pues estaba previsto que fueran cubiertas por el FEES.
El problema, sin embargo, es que este "amarre"responde a la firma del Convenio FEES para el 2020, en el cual las universidades públicas, con su firma, asumieron el compromiso de dedicar por lo menos ₡70.000 millones a inversión de capital; sin embargo, como el acuerdo no especificaba de donde tenían que venir dichos ₡70 mil millones, si del FEES o de los superávits de las instituciones, Hacienda decidió unilateralmente que cumpliría dicha disposición tomándolos de ahí y ese fue el asunto que se llegó a tratar en las sesiones de ayer.
La primera de ellas transcurrió en horas de la tarde con la presencia de los cinco rectores de las universidades públicas, quienes trataron de convencer a los diputados de no "congelar" el monto completo. En este espacio, sin embargo, los legisladores rechazaron dos mociones que trataban de echar para atrás completamente la medida impuesta por Hacienda y fue hasta horas de la noche cuando se resolvió destinar solo la mitad de esos recursos a esa vía.
Lo que queremos es darle un mayor aire a las universidades para que los gastos operativos del 2020 no se vean tan restringidos. Estamos destinando una gran cantidad de recursos a gastos de capital que es infraestructura y equipamiento, pero ese gasto no es nada si no tenés los profesores para impartir esas clases y las becas para los estudiantes para que los estudiantes accedan a esa inversión, por eso hay que equilibrar las cosas, aseguró el diputado del PAC, Enrique Sánchez, proponente de la moción.
El presupuesto nacional para el año 2020 fue dictaminado el día de ayer en la Comisión y ahora pasa a Plenario para su estudio y votación en primero y segundo debate.
Universidades y regla fiscal
En la misma línea del presupuesto para las universidades del año entrante, la semana pasada el Consejo Universitario de la UCR acordó que va a respetar la regla fiscal interpuesta por el Ministerio de Hacienda y que por tanto, va a tomar medidas para reducir su gasto corriente.
Desmenuzando el asunto, hay que recordar que desde que el presupuesto para el año 2020 es tema de conversación en agenda, las universidades públicas han señalado que la autonomía universitaria los exenta de tener que cumplir con las disposiciones de la reforma fiscal.
Los rectores, incluso, entablaron una acción de inconstitucionalidad para que se les excluyese de la aplicación de esta norma, sin embargo, dicha disposición se tambaleó cuando, por lo menos en la UCR (que es, por cierto, la que más dinero del FEES recibe) se decidió acoger esta disposición.
Así quedó establecido en la sesión N.° 6318 del Consejo Universitario, realizada el 27 de setiembre pasado. En ella los miembros del Consejo de la Universidad de Costa Rica acordaron establecer su crecimiento económico en 4,62% y tomar medidas que regulen los aumentos salariales de la institución (tema que ha movido roncha en este conflicto), debido "a la situación fiscal del país" y al compromiso "con el bienestar de la población costarricense", según dicta un comunicado de prensa enviado por la jerarquía universitaria.
Para ello, la universidad acordó tomar una serie de medidas como por ejemplo la de no crear plazas nuevas en el año 2020, congelar por segundo año consecutivo las partidas de viajes y viáticos al exterior y establecer un aumento salarial máximo de 2,5%. Además, y según el comunicado, "el Consejo le solicitó a la Administración que, en un plazo de nueve meses, presente una propuesta con las partidas que conforman el Reajuste por el Régimen de Méritos, en el que reclasifique algunos conceptos de pago salarial, de manera que se presenten correctamente como remuneraciones básicas y no como parte de dicho régimen".
Con este distanciamiento, habrá que estar pendiente a qué acciones tomen las otras cuatro universidades públicas en aquella lucha que durante meses lleva lidiando el CONARE con el rector de la UCR, hasta ahora a la cabeza.
Protesta estudiantil
Ese es el panorama que se vive tanto dentro de las sesiones del Consejo Universitario como en la Asamblea Legislativa donde el proyecto de presupuesto seguirá adelante para su votación en plenario antes de que finalice el mes de noviembre de este año (que es el plazo constitucional para que el presupuesto ordinario quede aprobado). Sin embargo, en las aulas de las universidades del país el movimiento de protesta contra las medidas que se implementarán, ya empieza a gestarse.
El primer ejemplo de esta vía se desarrolló en la sede del Pacífico de la Universidad de Costa Rica; los estudiantes de este recinto tomaron sus instalaciones desde tempranas horas de la mañana, reclamando que el presupuesto destinado para el próximo año es insuficiente para toda la población universitaria y que por ello se verían afectados los nuevos ingresos en varias carreras, así como los servicios de acción social que se realizan en la zona.
Los manifestantes consideran que el recorte traerá como consecuencia "el cierre de nuevos ingresos en varias o todas las carreras que la Sede del Pacífico imparte; la falta de presupuesto para la contratación de profesores y de tiempos faltantes hará que la calidad en la educación se vea perjudicada; múltiples afectaciones directas a la comunidad puntarenense, por la incidencia que por ejemplo, proyectos desde Acción Social ejecuta en poblaciones de adultos mayores y niñez". Además, sostienen "que dejaría sin acceso a la educación pública a un considerable número de aspirantes de la comunidad Pacífico y vecinas" y así consigna en el comunicado de llamado a la toma de las instalaciones.
En el Gran Área Metropolitana, mientras tanto, las federaciones estudiantiles ya preparan una manifestación para la mañana del próximo martes 22 de octubre, en el que, según la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica, se marchará "por nuestras becas, nuestra educación pública y por el Estado social de derecho que es el blanco central del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo". A estar atentos.
