Escuche la versión en audio de este Reporte (para suscriptores D+)
— El pasado martes 7 de mayo los rectores de las cinco universidades públicas cumplieron con la promesa que venían haciendo desde hace meses y presentaron una demanda contra el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) y el Estado con el fin de echar para atrás la disposición de que sus presupuestos también sean regulados por la Reforma Fiscal.
— La denuncia, que fue presentada ante el Juzgado Contencioso Administrativo, pide una acción de nulidad en contra del decreto ejecutivo que emitió el Mideplan el pasado 18 de febrero, denominado “Reglamento del Título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; Ley N°9635 del 3 de diciembre de 2018, referente al empleo público”, a fin de traerse abajo el artículo 1° inciso h) y el artículo 3 del texto, que son los que señalan que dentro de las instituciones autónomas a las que afecta la reforma fiscal se encuentras estos centros de enseñanza y que por tanto todo lo referente al empleo público que dispone la reforma, les aplica.
— Así, las normas que se impugnarían son específicamente las que definen si la puesta de límites a los incentivos salariales como las anualidades, la dedicación exclusiva, la prohibición, la carrera profesional y la cesantía, entre otras, aplican o no en los centros de enseñanza pública.
— Entre los principales argumentos de las universidades, que fueron difundidos en un comunicado de prensa, se señaló que “la regulación del régimen de empleo de las universidades públicas es materia reservada a las competencias de estas instituciones, y desde su creación han quedado fuera de la aplicación del régimen del Servicio Civil". Por ello, dicen, las disposiciones contenidas en la Ley de Salarios de la Administración Pública, propias del régimen del Servicio Civil, no resultan de aplicación a las universidades estatales y por ello las disposiciones de la reforma fiscal que regulan esta ley, no les deberían de tocar.
— Los vientos de la demanda sonaban desde marzo pasado, cuando las universidades decidieron de manera interna, que elevarían su queja a la vía legal. Así lo hizo en febrero pasado la UNED, cuando decidió mediante un acuerdo de Consejo Universitario, que llevaría el asunto a los Tribunales. Además, la UCR hizo lo propio y se preparó para lo que viniese, pues aunque tomó la medida de retener tres de los 15 meses que su convención estipula para cesantía, lo hizo como medida cautelar, esperando la resolución de los tribunales y si estos se decantan hacia uno u otro lado.
— El tema además llegó a CONARE, donde se decidió solicitar a Presidencia que "enmendase" el presunto error que significa para los centros de enseñanza, el haberles tomado en cuenta en la Reforma Fiscal.
— El tema del presupuesto de las universidades públicas no ha dejado de levantar roncha durante este año. Incluso la Contraloría General de la República ya elevó sus consideraciones y preocupación, pues consideró que el crecimiento del gasto ha sido desproporcional. A pesar de ello, los rectores siguen asegurando que "han tomado medidas importantes de reducción del gasto y han solicitado a las instancias correspondientes la aprobación de normativa interna que incorpore en los ordenamientos jurídicos universitarios, nuevas y adicionales políticas de promoción de la eficiencia, eficacia y sostenibilidad financiera".
— Seguiremos con atención el tema porque esta discusión... va para largo.
Esta nota es parte de Reporte: Universidades Públicas llevan al Estado a Tribunales.
