La Universidad de Costa Rica denunció en horas de la mañana que el Ministerio de Hacienda hizo una movida presupuestaria con el Fondo de Especial para la Educación Superior (FEES) que pone en riesgo las finanzas de las universidades públicas para el 2020. Así lo hizo ver el rector de la UCR, Henning Jensen Pennington, quién añadio:

Esta decisión del Ministerio de Hacienda define unilateralmente los destinos de una parte importante del FEES y violenta la independencia funcional de las universidades para tomar decisiones administrativas, según sus objetivos y programas. Además, pone en peligro su funcionamiento y vulnera en su totalidad la educación superior pública.

¿Qué fue lo que paso? Durante la firma del Convenio FEES para el 2020, las universidades públicas asumieron el compromiso de dedicar por lo menos ₡70.000 millones a inversión de capital, sin embargo, el acuerdo no especifica que dicho monto deba (o no) provenir directamente de los recursos del FEES. #ElDiabloEstáEnLosDetalles

Entonces, como parte del presupuesto Nacional presentado por el Ministerio de Hacienda, el Ministerio decidió, unilateralmente, “asegurarse” de que las Universidades cumplieran con ese compromiso, y asignó ₡70.000 millones como partida de inversión de capital. Esto significa que dichos recursos solo pueden usarse en inversiones de infraestructura y equipamiento para las instituciones educativas, y no pueden ser utilizados en otro tipo de gastos  —entiéndase pagos de salarios, becas, programas, etc.—.

En el caso de la UCR, el presupuesto para el año 2020 fue aprobado por el Consejo Universitario la semana pasada y tiene un monto total de ₡360.383 millones. Y del monto que provenía del FEES (aprox. ₡288 mil millones ‬) para la UCR se había dividido un 73,05 % para cubrir la masa salarial (aprox. ₡210 mil millones) y 26,95 % destinado a otras partidas generales (aprox. ₡78 mil millones), sin embargo, la medida de Hacienda impide que esa distribución de los recursos se pueda realizar.

¿Por qué pasa esto? Las universidades públicas —antes de la movida de Hacienda— ya habían cumplido con su promesa de incluir en sus presupuestos los recursos correspondientes a inversión de capital, pero lo hicieron incluyendo recursos de sus superávit —que por ley tampoco  puede designar a gastos corrientes— y con este cambio en la designación de los fondos del FEES quedarían con más recursos que solo podrían usarse en inversión de capital, lo que se traduce en un desfinanciamiento de las demás partidas operativas. En el caso de la UCR, esa diferencia ascendería a un monto de aproximadamente ₡39.900 millones de gasto operativo que se quedaría sin fuente de financiamiento.

Dato D+: El programa de Becas de la UCR para el 2020 asciende a ₡29.000 millones

Conversamos con el coordinador de Asuntos Financieros y Presupuestarios del Consejo Universitario de la UCR, Carlos Méndez Soto, quién señaló que la planificación de los gastos de inversiones en la UCR se inicia desde marzo, por lo que este cambio de Hacienda llega en un momento en el que ya no tienen mayor margen de acción para realizar las modificaciones necesarias.

Adicionalmente, Méndez enfatizó en que también violenta la naturaleza constitucional del FEES, ya que dada la autonomía constitucional de la que disponen las universidades públicas la distribución de esos fondos les corresponde exclusivamente a las universidades públicas y no puede ser predefinida por el Ministerio de Hacienda.

Desde el Ministerio de Hacienda enviaron un comunicado de prensa limitándose a señalar que la medida garantiza la utilización de los recursos de acuerdo al compromiso adquirido por las universidades al firmar el FEES.

De mantenerse la asignación de recursos planteada por Hacienda, este sería el segundo año consecutivo que el FEES recibe una modificación no negociada con las universidades. Recordemos que el año pasado fueron los diputados de la Comisión de Asuntos Hacendarios quienes decidieron hacer un recorte inconstitucional de ₡10.000 millones al presupuesto de las Universidades. Las universidades públicas mantienen una acción de inconstitucionalidad por ese recorte, que todavía no ha sido resuelta por la Sala Constitucional.