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— Esta semana se dio inicio al proceso de recolección de firmas para la iniciativa popular que buscar llevar a referéndum el proyecto "Ley de Aprovechamiento de los Recursos Energéticos Nacionales", el proyecto permitiría adjudicar a Recope las actividades de exploración y explotación de petróleo, gas natural y cualquier otro tipo de hidrocarburos en territorio nacional.
Dato D+: En Costa Rica existe, vía decreto ejecutivo, una moratoria de la explotación petrolera hasta el 2050.
— Si tomamos en cuenta que la semana pasada se presentó un proyecto de ley que busca revivir la actividad minera en el país, pareciera ser que la ruta verde que se planteó el Gobierno con el Plan Nacional de Descarbonización no ha sido de recibo para todos, ya que claramente algunas personas parecen favorecer otras rutas.
— La propuesta de referéndum fue presentada por Carlos Roldán Villalobos, profesor del Instituto Tecnológico y quién afirmó a La Nación en noviembre pasado que su proyecto “declara de interés nacional y da alta prioridad las actividades de la explotación de la electricidad, la exploración y explotación de petróleo y también la producción de fertilizantes, solventes y otros derivados que se puedan obtener a través del petróleo y el gas natural de Costa Rica, esto con el fin de que Recope tenga más cosas que hacer".
— Aunque el proyecto había sido aprobado desde noviembre pasado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para la recolección de firmas, un recurso de amparo —que fue rechazado— atrasó el proceso que dio inicio esta semana. A partir de ahora el proponente tiene nueve meses para recolectar casi 169.000 firmas (5% del padrón electoral) que permitirían llevar el tema a una votación popular.
— Sin embargo, en contra de la decisión del TSE de autorizar la recolección de firmas, hay todavía una acción de inconstitucionalidad presentada por la diputada Paola Vega Rodríguez (PAC) y el diputado José María Villalta Flórez-Estrada (FA). Esa acción todavía se encuentra en proceso de admisibilidad y de ser admitida la Sala podría detener la recolección de firmas, como hizo en el caso de la iniciativa de referéndum para convocar una Asamblea Constituyente, que duró dos años en declarar inconstitucional.
— No se puede dejar de señalar que cualquier avance de esta iniciativa —o la de minería— dejaría comprometida la ruta de descarbonización que marcó la Administración Alvarado Quesada, que, claramente, aspira a un país verde y no a uno que explota recursos a costa de la sostenibilidad del medio ambiente.
