1. Enero
El inicio del 2019 marcaría la tónica para el gabinete de Carlos Alvarado. En la primer semana del año, el Gobierno anunció la llegada de tres jerarcas nuevos para los ministerios de Relaciones Exteriores, Comunicación y Desarrollo e Inclusión Social. Al finalizar el año el presidente habría cambiado las cabezas de 9 de los 24 ministerios del Ejecutivo.
El 2019 vería la salida de otros seis ministros del Gabinete: Giselle Amador (Salud) con polémica incluida; Edgar Mora (Educación) tras las protestas de Medse y los traileros; Edna Camacho (Coordinación Económica) por un puesto en el BID; Rodolfo Piza (Presidencia) después de meses de estar anunciado su salida; Steven Nuñez (Trabajo) tras un trágico accidente; y Rocío Aguilar (Hacienda) para evitar una sanción de la Contraloría.
En todos los casos, excepto Presidencia que fue asumido por Víctor Morales Mora y Trabajo que asumió la exministra de Economía Giannina Dinarte, los nuevos jerarcas fueron relevos a lo interno del respectivo ministerio o profesionales de perfil técnico sin antecedentes políticos.
Además, dado que las principales figuras salientes eran parte del sector del PUSC que llegó al Gabinete gracias al acuerdo Piza-Alvarado, el “Gabinete de Unidad Nacional” que inició en 2018 de cara al 2020 parece ser cosa del pasado.
2. Febrero
El inicio de año trajo al país una explosión de denuncias de acoso y abuso sexual contra diversas figuras nacionales: incluyendo varias denuncias contra el expresidente Óscar Arias, miembros de la Iglesia Católica, académicos, y artistas, quienes se vieron expuestos ante la opinión pública tras ser acusados de conductas sexuales indebidas.
Una de las instituciones más golpeadas por las denuncias fue la Iglesia Católica, que incluso fue acusada de encubrir a varios sacerdotes con antecedentes de abuso. Además, el intento del sacerdote Mauricio Víquez de escapar de la justicia, resultó infructuoso al ser detenido en México el pasado mes de agosto (el país todavía está a la espera de su extradición).
El lado positivo, fue que la indignación por los casos de menores abusados que se conocieron este año, dio el impulso político necesario para que la Asamblea Legislativa aprobara, en solo 69 días, una reforma al Código Penal que le otorga a las personas que fueron víctimas de abuso sexual siendo menores de edad, un plazo de 25 años posteriores a haber alcanzado la mayoría de edad (es decir, hasta los 43 años) para presentar la denuncia correspondiente.
Otro sector que salió golpeado por las denuncias, fueron las Universidades Públicas, cuyos docentes acusados y los que han sido sancionados por situaciones de acoso sexual, tanto en la UCR como en la UNA, fueron finalmente anunciados a la ciudadanía. Por su parte, en el TEC, en la UTN y en la UNED, las rectorías se opusieron a hacer publicas las listas, aunque al final la Sala Constitucional fue clara en que esta información es de carácter público.
3. Marzo
Marzo dejó uno de los golpes más fuertes del año. En la zona sur del paísel líder indígena bribri, Sergio Rojas, de 59 años de edad, fue asesinado de 15 disparos en su casa de habitación ubicada en la comunidad de Yeri, en el territorio indígena de Salitre.
El líder indígena ya había sido víctima de varios intentos de homicidio y era sujeto de medidas cautelares de protección por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), emitidas desde el año 2015.
El día antes de su asesinato, Rojas había acompañado a una víctima de la comunidad a presentar una denuncia por intento de asesinato (la persona denunciada fue capturada posteriormente) y la semana antes había contactado a la Defensoría de los Habitantes por amenazas que se estaban viviendo en una finca recuperada por la comunidad.
El ministro de Seguridad, Michael Soto, quedó expuesto al evidenciar que ni siquiera tenía conocimiento acerca de las medidas de protección que había dado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al pueblo indígena Teribe y del pueblo indígena Bribri de Salitre, del que Rojas formaba parte.
Posteriormente, la CIDH condenó el asesinato y urgió al país "adoptar en forma inmediata todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los demás beneficiarios de las medidas cautelares".
A la fecha, las autoridades todavía no han resuelto la pregunta de quién mató a Sergio Rojas, por lo que, en el último mes del año, el Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa de Salitre reclamó la poca celeridad del Estado para encontrar a los culpables de la muerte del líder bribri, así como el incumplimiento en la entrega de tierras a los pueblos originarios.
4. Abril
A menos de un año de haber entregado la banda presidencial, el expresidente Luis Guillermo Solís, se preparaba para que su imagen ocupara el lugar que le correspondía en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Legislativa.
Lo que debía ser un acto solemne, sin embargo, se vio manchado por las heridas que en Cuesta de Moras no sanan rápido. Justo para la semana de la develación de su cuadro, el Congreso decidió programar la comparecencia de Mónica Segnini, quien fuera presidenta del BCR tras la salida de Paola Mora, marcando el terreno con unas declaraciones que dejaron muy mal parado al exmandatario.
La respuesta de Solís a sus críticos revivió, momentáneamente, la pugna entre el PAC y el PLN pues Solís acusó públicamente a los liberacionistas de comprometer las finanzas del país al final de su administración y de hacer declaraciones falsas.
La oposición, por su parte, hizo su número ausentándose de la develación del cuadro. Además, la diputada del PAC y entonces presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, fue criticada por acelerar los trámites para que el cuadro del expresidente Solís fuera develado —a pesar de que no estaba listo— mientras ella todavía estaba al frente de la Asamblea y para que la fecha coincidiera con el cumpleaños 61 del exmandatario. Todo esto fue aprovechado por la oposición para dejarle de regalo de cumpleaños al expresidente, el informe de la comisión legislativa que investigo el hueco fiscal, en el que solicitaron a la Fiscalía que se le investigara, junto a otros seis funcionarios, por posibles actos ilegales.
Justamente, y a raíz de ese informe, seis meses después la Contraloría General de la República sancionaría a cuatro funcionarios de Hacienda, incluyendo a la entonces ministra de Hacienda, Roció Aguilar, lo que terminó desencadenando su salida del Gobierno.
A Aguilar se le sancionó porque, a pocos meses de asumir la gestión del Ministerio, se realizaron pagos de deuda sin la autorización presupuestaria correspondiente, debido al hueco fiscal que quedó tras el paso del exvicepresidente Helio Fallas, por el Ministerio de Hacienda; a Fallas, por su parte, la Contraloría lo sancionó dandole una inhabilitación de ejercer cargos públicos por cuatro años.
Las diferencias entre Solís y la oposición no quedarían ahí. En setiembre el ahora presidente del Congreso, Carlos Ricardo Benavides, acusó al Gobierno de Solís de hacer una movida para asegurarse cinco asientos en la Junta Directiva del BCR. La denuncia de Benavides, señala que el Gobierno de Solís anunció el nombramiento de Alexander Mora (entonces directivo del BCR) como ministro de Comercio Exterior cuando Laura Chinchilla ya no podía reemplazarlo en la Junta Directiva del BCR. Los cinco puestos que pudo nombrar Solís en la Junta Directiva, le garantizaron la mayoría necesaria para nombrar al Gerente General de la institución (el nombramiento que cayó en Mario Barrenechea) y todo esto fue lo que creó las condiciones necesarias para que se diera El Cementazo que todavía sigue fresco en nuestra golpeada memoria.
En resumen, el cuadro de Solís entró a la historia el 26 de abril pero si algo demostró esa develación, es que todavía no hemos visto todas las secuelas de su administración.
5. Mayo
Desde hace varios años, el mes de mayo trae siempre cambios en Cuesta de Moras. Atrás están los días en que un partido tenía mayoría suficiente para dejarse la presidencia del Congreso por cuatro años, y ahora la norma ahora es que cada año se designe a una nueva figura para ocupar este cargo.
El 2019 no fue la excepción y una disputa por encabezar el Congreso que se planteaba sencilla para Carlos Ricardo Benavides (PLN), se vio empañada cuando Erwen Masís (PUSC) creyó tener suficiente apoyo para pelearle el cargo.
Carlos Ricardo, sin embargo, logró alzarse con la presidencia, tras alcanzar una alianza con el PAC, Restauración Nacional y varios diputados minoritarios que le pasó por encima al intento de oposición de Masís, quien tuvo de su lado a su fracción y a los diputados independientes, quienes se negaban a darle al PAC un espacio en el directorio y criticaron a sus oponentes por aceptarlos con los brazos abiertos.
Al final, la movida del PUSC y los independientes les salió cara, ya que la nueva distribución de fuerzas del Congreso los dejó no solo fuera del directorio legislativo, sino que también sin el control de 13 comisiones legislativas, y el intento del PUSC de hacer un “gabinete a la sombra” para fiscalizar al gobierno, fenecería menos de dos meses después.
Benavides asumió la presidencia del Congreso con la prioridad puesta en regular todos los vacíos que la Reforma Procesal Laboral dejó en el tema de huelgas y el proyecto para ello fue aprobado en primer debate en setiembre pasado.
Sin embargo y en este tema, ante una consulta realizada a la Sala Constitucional —que no encontró mayores problemas con las reformas planteadas, incluyendo que la rebaja de salarios se dé desde que inicia la huelga— el segundo debate no llegó a la Asamblea hasta la segunda semana de diciembre, por lo que su aprobación quedó como tema pendiente para el 2020.
6. Junio
A mitad de año se dio el proceso de reelección del magistrado Paul Rueda, quien aspiraba a su primera reelección como magistrado de la Sala Constitucional, encendió las alarmas y reavivó la discusión sobre las votaciones secretas en el Congreso tras una recomendación de no reelección votada en 10 minutos y de forma secreta en la la Comisión de Nombramientos.
El secretismo de esa votación no duró mucho, ya que los dos diputados que se opusieron a esa no recomendación salieron a la luz pública a manifestar su descontento y la ciudadanía reaccionó con indignación contra los otros cinco. Sin embargo, en Plenario el voto de cada uno de los 57 diputados sería más difícil de adivinar.
Tras la reacción de la ciudadanía y los medios de comunicación, varios diputados presentaron una reforma al Reglamento de la Asamblea para que las votaciones de ratificación de magistrados fueran públicas; sin embargo, dicha iniciativa sucumbió a manos de 19 diputados que prefirieron mantener el secretismo como norma general para esos procesos. A pesar de las polémicas, el magistrado Rueda fue ratificado en su cargo.
Avanzado el año, en octubre la Sala Constitucional resolvió una acción de constitucionalidad (presentada por Delfino.cr) contra varios artículos del Reglamento de la Asamblea Legislativa, donde recordó al Congreso que la norma de sus acciones debe ser la transparencia y que no debe existir una regla general que imponga el voto secreto a toda una categoría de procedimientos.
Sin embargo, como a veces a la Asamblea Legislativa se le olvida que debe acatar la ley, los legisladores prefirieron ignorar lo dicho por la Sala y mantener las votaciones secretas para los procesos de elección a la Corte Suprema de Justicia, tanto en la comisión de nombramientos como en el Plenario. Por ello este mes de diciembre regresaría la polémica, cuando en el proceso para elegir un magistrado a la Sala III, 12 diputados (de los que solo Erwen Masís dio la cara por su voto) se aprovecharon del secretismo de las votaciones para dar su apoyo a una persona que ni siquiera había participado del proceso de selección para el puesto que estaban votando.
Esta votación desencadenó un nuevo intento de arreglar el Reglamento de la Asamblea pero este, nuevamente fue infructuoso, esta vez por la negativa de 21 diputados. En la Asamblea prefirieron "patear la bola" y hacer una comisión que estudie la posibilidad de hacer estos cambios y posteriormente eligieron, siempre en votación secreta, a dos nuevos magistrados a la Sala III.
Con los de diciembre, la presente Asamblea suma ya seis nombramientos de Corte Plena y tiene todavía tres vacantes pendientes por nombrar.
Ante la necedad de un sector del Plenario de mantener estas votaciones ocultas del ojo público, desde Delfino.cr mantenemos otra acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo del Congreso con el que los diputados justifican mantener estas votaciones privadas. En este tema, la última palabra la tendrá la Sala Constitucional.
