"La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifiesta su repudio ante el asesinato de Sergio Rojas, líder indígena bribri, en Salitre, Costa Rica. Sergio Rojas, como miembro del pueblo indígena Bribri de Salitre", aseguró la CIDH en un comunicado de prensa enviado este viernes, 4 días después de que el este fuese asesinado de 15 balazos en su casa y en el que además exigió medidas al Estado costarricense para evitar que situaciones como ésta, se sigan presentando.
Rojas era miembro de la comunidad indígena Bribri beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la CIDH desde el 30 de abril de 2015, precisamente por el riesgo que existía de un atentado contra sus vidas.
La noche del pasado lunes 18 de marzo, Sergio Rojas Ortiz fue asesinado mientras se encontraba en su vivienda, tan solo unas horas después de haber acompañado a unos vecinos de la comunidad a presentar una denuncia ante la Fiscalía por amenazas contra ellos.
"Dada su situación de riesgo, la CIDH a través de la Resolución 16/15, otorgó medidas cautelares a favor a los miembros de los pueblos indígenas Teribe y Bribri de Salitre, incluido el señor Rojas. En su Resolución, la Comisión solicitó al Estado de Costa Rica entre otros aspectos, adoptar las medidas necesarias para garantizar su vida e integridad personal y que investigaran las fuentes de riesgo. Tras el otorgamiento de medidas cautelares, y teniendo conocimiento el Estado de una situación de riesgo, existe un deber especial de protección por parte del Estado. La implementación efectiva de las medidas constituye un medio de prevención a fin de evitar que el riesgo llegue a materializarse y evitar la eventual responsabilidad internacional del Estado", aseguró la Comisión en un llamado de atención a las autoridades estatales que, a pesar de haber instaurado en la Administración anterior una mesa de diálogo en la zona, no lograron reducir la tensión que culminó esta semana con este asesinato.
La Comisión "saludó" la respuesta del Estado para crear una unidad especial para la investigación de la muerte de Rojas, la condena del asesinato de parte del presidente de la República, Carlos Alvarado, y las acciones tomadas en torno a la detención de los sospechosos del crimen, dos hombres, padre e hijo, de apellidos Zuñiga Mora y Zuñiga Fallas, que fueron arrestados y recibieron medidas cautelares el día de ayer jueves, ya que figuran como sospechosos de haber amenazado con armas de fuego a dos indígenas el 14 de marzo anterior pero, además, aseguró que "urge al Estado a adoptar en forma inmediata todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los demás beneficiarios de las medidas cautelares".
Para la Comisión, los actos de violencia y otros ataques en contra de defensores de derechos humanos "no sólo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad. Dichos actos perjudican además a todas aquellas personas para quienes trabajan, dejándoles en un estado de mayor vulnerabilidad, llegando incluso hasta la indefensión. Asimismo, como lo ha valorado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la pérdida de un líder indígena puede llegar a tener impactos en el colectivo que representa, pudiendo significar la desmembración y daño a la integridad de su colectividad".
“Este crimen debe ser investigado de manera seria, pronta, exhaustiva, independiente e imparcial, y se debe sancionar a los responsables intelectuales y materiales. En particular, el Estado debe incorporar un enfoque diferenciado étnico-racial en la investigación, juzgamiento, sanción y reparación de estos crímenes”, señaló la Comisionada Antonia Urrejola, Relatora sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la CIDH.
Rojas era miembro de la Coordinación Nacional del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) y del Consejo Autoridades Propias Defensores de la Madre Tierra, del Pueblo de Salitre y había sido víctima de varios ataques y amenazas anteriormente.
La tensión en Salitre sigue en aumento desde mediados del 2014, cuando se recrudecieron los conflictos por la tenencia de tierra entre personas indígenas y no indígenas en la zona.
