Costa Rica enfrenta el desafío de garantizar condiciones de vida dignas para las personas adultas mayores sin agravar la desigualdad social, alerta el PEN.

Este jueves, el Programa Estado de la Nación (PEN) presentó los resultados del XXXI Informe del Estado de la Nación, en el cual señala que el país experimenta un envejecimiento acelerado que transformará su estructura social y económica.

Según estimaciones incorporadas en el documento, en menos de 25 años, el número de personas mayores de 80 años se cuadruplicará. En el informe se posiciona que este cambio demográfico exige desarrollar un sistema de cuidados sostenible, equitativo, preventivo, y capaz de garantizar calidad de vida y autonomía a una población que envejece rápidamente.

La investigadora del PEN, Natalia Morales, explicó que la Política Nacional de Cuidados (PNC) 2021–2031 establece metas, sin embargo, no dispone del financiamiento necesario para cumplirlas:

Los sucesivos gobiernos han impulsado servicios dirigidos a personas que requieren apoyo para su vida diaria, principalmente en hogares de bajos ingresos. Sin embargo, esta oferta es limitada, fragmentada y carece de un enfoque claro y sostenido para la atención integral de las personas en situación de dependencia, lo cual impide responder adecuadamente a las necesidades actuales y futuras. Los servicios de atención para la población adulta mayor son costosos y excluyentes si se obtienen en el mercado; es decir, solo los hogares de mayores ingresos podrían asumir estos costos por tiempo indefinido”.

El PEN recalca que aunque en el marco de la PNC se han desarrollado iniciativas específicas en el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y en algunas municipalidades, como Curridabat y Heredia, el país necesita crear un entorno político y social adecuado para atender la creciente demanda de servicios de atención y cuidados de larga duración.

En el informe se detalla que "actualmente, las mujeres son quienes asumen la mayor parte de la carga familiar del cuido, situación que genera una sobrecarga de trabajo no remunerado y limita las oportunidades laborales y de desarrollo personal (Batthyány, 2023), lo cual contribuye a perpetuar aún más las desigualdades de género. Sin embargo, los cuidados familiares no alcanzarán a resolver las necesidades de cuido producidos por el rápido envejecimiento poblacional".

En el documento se incluye un estudio sobre los costos de atención de personas adultas mayores, en el que se visualiza que los servicios privados son inaccesibles para la mayoría de los hogares, a raíz de que:

  • Superan el salario mínimo y los ingresos de al menos la mitad de los hogares costarricenses.
  • La atención prolongada de una persona dependiente por tiempo indefinido puede comprometer la estabilidad económica familiar.

El PEN registra que Costa Rica invierte cerca del 0,1% del PIB en servicios de cuidado para personas adultas mayores con dependencia moderada o severa. Cumplir con lo establecido en la legislación requeriría de, al menos, el 0,3% del PIB.

En el informe se recomienda tomar decisiones de inversión basadas en las experiencias internacionales, es decir, sistemas que priorizan la equidad y el acceso deben complementarse con mecanismos sólidos de financiamiento. Todo ello como parte de una estrategia que responda a las necesidades crecientes y plantee nuevos esquemas de vida para una población que envejece.

Finalmente, la investigadora Morales añadió:

Es importante adoptar un enfoque que considere la promoción de la salud, la mejora de la autonomía y la prevención de enfermedades, al involucrar activamente tanto a los sistemas de salud como a la comunidad, las familias y las propias personas mayores".

Lea las notas sobre el XXXI Informe del Estado de la Nación: