La seguridad, las telecomunicaciones y los flujos migratorios demostraron la influencia de Estados Unidos sobre las decisiones en el país.

El Programa Estado de la Nación (PEN) presentó este jueves el XXXI Informe del Estado de la Nación, en el cual se hace un recuento de episodios recientes que muestran cómo Washington ha incrementado su influencia directa en materias sensibles para el país, específicamente la seguridad, las telecomunicaciones y los flujos migratorios.

Según el informe la creciente incidencia de Estados Unidos en estos tres temas estratégicos plantea nuevos desafíos para la autonomía y la convivencia democrática costarricense.

En primer lugar, el PEN reconoce que Estados Unidos ha sido el principal cooperante de Costa Rica durante décadas, sin embargo, tras el fin de la Guerra Fría, los flujos se redujeron drásticamente hasta mantener niveles bajos durante los primeros años del siglo XXI. A partir de 2007, la cooperación empezó a crecer a un ritmo promedio anual del 15%, con un cambio significativo en su composición: los recursos se concentraron cada vez más en temas de paz y seguridad, como el combate al narcotráfico y el fortalecimiento policial. El informe añade:

En 2007, este tipo de cooperación representaba el 18% del total; entre 2015 y 2024 pasó a abarcar el 43%. Este proceso de “securitización” desplazó a agencias como USAID y fortaleció la incidencia del Departamento de Estado en la agenda nacional. El aumento coincidió con un deterioro de la seguridad interna y con un discurso reiterado desde Washington que presentaba esta situación como un problema estructural del país”.

El informe advierte que, con el regreso de la Administración Trump en 2025, se anunciaron fuertes recortes a la cooperación internacional y el cierre de USAID, y el impacto de esas decisiones sobre Costa Rica aún está por conocerse.

Tensiones por 5G y migración

Según el informe, el despliegue de redes 5G se ha convertido en uno de los escenarios más visibles de presión estadounidense. Desde la Administración Biden (2021-2025), Estados Unidos advirtió que China no debía ser contratada para desarrollar esta infraestructura en territorio costarricense, lo cual se da en medio de la rivalidad tecnológica entre Washington y Beijing por el control de sectores clave como inteligencia artificial, chips y conectividad de alta velocidad.

Aunque Huawei había sido uno de los principales proveedores del ICE desde inicios del siglo XXI, el contexto global cambió con rapidez. Entre 2022 y 2025, altos funcionarios estadounidenses visitaron Costa Rica e incluyeron el tema como parte central de las conversaciones bilaterales.

En estos esfuerzos, la más enfática fue la generala Laura Richardson, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, quien, en agosto de 2023, expresó su preocupación por la influencia china en infraestructuras críticas de América Latina incluyendo redes 5G, debido a su potencial uso militar.

Pocos días después, el presidente Rodrigo Chaves Robles firmó el Decreto Ejecutivo 44196-MSP-MICITT, que exige que proveedores de servicios 5G pertenezcan a países adheridos a la Convención de Budapest, de la cual China no es parte. El informe añade:

La decisión de política pública en materia del 5G pasó de consideraciones técnicas a geopolíticas, un escenario en el cual los Estados Unidos pusieron en claro los límites de la autonomía de Costa Rica para decidir en esta materia".

Ronald Alfaro Redondo, investigador del Estado de la Nación, explicó:

Esta sucesión de eventos evidencia que la decisión de política pública en materia del 5G pasó de consideraciones técnicas a geopolíticas. Esta intervención de los Estados Unidos nos obliga a meditar sobre los límites de la autonomía de Costa Rica para decidir sobre asuntos internos del país”.

El PEN advierte que, con el inicio de la Administración Trump, se evidenció el uso sostenido del retiro de visas a costarricenses como herramienta de presión política, tras el retiro de visas a varios miembros de los Supremos Poderes.

Asimismo, el informe identifica la política migratoria como un frente que ha suscitado fuertes presiones desde el norte. En el marco de una estrategia de deportaciones masivas impulsada por Estados Unidos hacia terceros países, Costa Rica fue incorporada como destino para personas migrantes no deseadas por ese país, incluyendo poblaciones extracontinentales.

En febrero de 2025, llegaron al territorio costarricense 200 personas deportadas que fueron trasladadas a Centros de Atención Temporal (CATEM), con sucesivas denuncias de aparentes violaciones a derechos fundamentales de entidades como la Defensoría de los Habitantes y Human Rights Watch.

En junio de 2025, la Sala Constitucional ordenó la liberación de estas personas y la definición de su estatus migratorio, además de condenar al Estado al pago de costas.

Sobre este tema, el informe señala que el episodio de los migrantes deportados "marca claramente una tensión entre la estrategia de seguridad promovida desde el Gobierno estadounidense y la protección de derechos humanos históricamente promovida desde Costa Rica", y añade:

Al tener el país la doble función descrita en la política migratoria de Washington se trata de una tensión con pocos visos de pronta resolución. Por un parte, Costa Rica enfrenta la presión en un tema central del actual Gobierno norteamericano; por otro, debe mantener sus estándares legales de resguardo de derechos humanos".

Lea las notas sobre el XXXI Informe del Estado de la Nación: