Administración Chaves Robles implementó una estrategía de construcción política basada en tres frentes: marca, partido y territorio.

El XXXI Informe Estado de la Nación 2025, presentado este jueves por el Programa Estado de la Nación (PEN), señala que a pesar de la menor capacidad e interés del actual gobierno por gestionar políticas públicas, esto no significa que carezca de un proyecto político; sin embargo, no se trata de uno convencional. Más bien, el proyecto consiste en crear un movimiento político, alineado al mandatario y con la aspiración de ser heredable, lo cual el informe califica como un "hecho inusual en la política costarricense, al menos desde el ejercicio del gobierno mismo y sin un partido político de base".

El PEN examinó el curso de acción seguido por el presidente Rodrigo Chaves Robles para consolidar su apoyo electoral sin contar con el respaldo de una estructura partidaria, identificando una estrategia de construcción política sustentada en tres pilares: crear una marca política propia con la Ley Jaguar, proyectar a sus jerarcas en las papeletas del nuevo partido que competirá en 2026 y atraer alcaldías de otras agrupaciones para consolidar apoyo territorial.

El informe reconoce que los partidos y políticos en un Gobierno procuran continuar en él y evitar que sus opositores los desalojen, pero señala que, en el caso de la actual administración, la diferencia está en las formas empleadas para hacerlo, y explica:

Como el presidente Chaves Robles ganó la elección utilizando un partido que sirvió únicamente como vehículo para su candidatura presidencial, careció de una estructura orgánica y una marca partidaria a partir de la cual crear y ampliar apoyos electorales”.

El informe identificó una estrategia basada en tres pilares:

  • Crear una marca política propia. Para ello, la administración impulsó una reforma legal, conocida como Ley jaguar, que, aunque no logró avances sobre las propuestas que se planteaban, más allá de si eran o no posibles legalmente, jugó un papel en posicionar la marca.
  • Impulsar una alta cantidad de salidas de sus jerarcas para conformar las papeletas presidenciales y legislativas, en un movimiento político de reciente creación que competirá en las elecciones de febrero del 2026.
  • Atraer alcaldías municipales en manos de otras agrupaciones para suplir una carencia elemental: el apoyo electoral territorial.

Sobre esta estratégica, el informe señala que "con la evidencia disponible, es posible afirmar que la primera medida del proyecto político de la Administración Chaves Robles cumplió su misión. La “Ley jaguar” se convirtió en la “marca” gubernamental y reposicionó al Gobierno ante la ciudadanía".

Sobre el proceso de formación de una agrupación política desde el Gobierno, el informe califica esto como algo "inédito en la política costarricense", y señala que en 44 años la Administración Chaves Robles destaca como el Gobierno con más salidas de sus jerarcas por motivaciones electorales:

En total, nueve personas renunciaron en los plazos que establece el TSE para aspirar a los cargos que se elegirán en febrero del 2026. Este resultado es producto de que el ahora partido oficialista, se ha armado desde el Gobierno y esto incluye a jerarcas que pasan a completar la lista de candidaturas”.

Finalmente, el informe señala que "luego del fracaso de organizar un único partido político que compitiera en las elecciones municipales del 2024, que le impidió crear bases territoriales y una dirigencia local afín, el oficialismo parece haber optado por la estrategia de “arrebatar” liderazgos locales a otras agrupaciones políticas", y añade:

A la fecha de edición de este capítulo, 15 alcaldías municipales han renunciado a los partidos políticos por los que fueron electos; cuatro de estas lo han comunicado en actos oficiales de Gobierno”.

Según documentó el PEN, el impulso desde el Ejecutivo a este proyecto político ha dado pie a la presentación de denuncias ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por parte de otros actores políticos que reclaman la transgresión de las regulaciones sobre beligerancia, las cuales prohíben a las personas funcionarias públicas participar en actividades partidarias o favorecer parcializadamente a una agrupación.

El investigador del PEN, Ronald Alfaro Redondo, añadió:

La Administración Chaves Robles ha adoptado una postura combativa frente a las regulaciones sobre beligerancia política, hasta el punto de calificarlas como una mordaza para el gobierno. El presidente de la República reniega de estas normas por considerarlas limitaciones injustificadas a su gestión, lo cual genera tensiones adicionales sobre el sistema electoral”.

Lea las notas sobre el XXXI Informe del Estado de la Nación: