Tras décadas de desarrollo humano a raíz de su modelo de inversión social pública, país muestra una pérdida sostenida de prioridad en este ámbito.

El Programa Estado de la Nación (PEN) presentó este jueves el XXXI Informe del Estado de la Nación, en donde se revela que el país continúa debilitando los recursos que sostienen su desarrollo humano.

Dato D+: El PEN define inversión social pública como el conjunto de recursos que el Estado destina a mejorar la calidad de vida de la población: desde servicios directos (como educación o salud) y transferencias monetarias a los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad, hasta el financiamiento de instituciones que ofrecen bienes y servicios a bajo costo o de forma gratuita.

Según el informe, el peso de la inversión social dentro del gasto público cayó del 78,9% en 2010 al 68,1% en 2024, y su composición revela una disminución en la atención a los sectores más estratégicos para la formación de capacidades, como la educación y la salud.

El PEN subraya que durante décadas, la política social universal —educación, salud y seguridad social accesibles para toda la población— fue el motor de la movilidad social costarricense y la base de su reputación internacional por indicadores sociales y económicos sobresalientes. No obstante, esa orientación se ha debilitado. 

En esta nueva edición del informe, se registra una pérdida de prioridad fiscal como resultado de las políticas restrictivas aplicadas a lo largo del último quinquenio.

Para el centro de investigación, los ciclos que ha seguido la inversión social son evidentes al analizar su prioridad macroeconómica y fiscal: pasó de representar un 17% del PIB en el 2000 a un 22,5% en 2019, para luego descender a un 20,1% en 2024. El informe demuestra que el gasto social está cada vez más concentrado en programas no universales, mientras que la inversión dirigida a la niñez y la adolescencia se estanca o retrocede.

La investigadora del PEN, Natalia Morales, señaló que entre 2000 y 2024 el gasto en pensiones ha ganado protagonismo, por encima de la educación y la salud. Y agregó:

La pérdida de prioridad social de la inversión en educación es una tendencia que se arrastra desde 2017. Entre ese año y 2024 su peso dentro de la ISP cayó seis puntos porcentuales, y hoy presenta la prioridad social más baja en los últimos 25 años. En 2024, su prioridad macroeconómica fue la más reducida en dos décadas: apenas un 5,7% del PIB, muy por debajo de la obligación constitucional del 8%. La educación general, una política universal dirigida a toda la población, se ha contraído un 10% entre 2019 y 2024”.

El informe concluye que el país transita por un cambio estructural regresivo en las prioridades de su política social. En el marco de la contención del gasto, se debilita el financiamiento de las políticas universales, fundamentales para el desarrollo humano, y crece el peso del gasto en protección social (pensiones y asistencia social).

El aumento del peso de las pensiones contributivas en la ISP evidencia que el envejecimiento de la población acaparará cada vez más recursos públicos, como se había anticipado desde hace décadas. La falta de medidas para fortalecer la solvencia y la eficiencia del gasto puede afectar a las generaciones jóvenes y a la sostenibilidad del sistema de salud, según el PEN.

“Mantener y ampliar los logros en desarrollo humano sostenible demanda esfuerzos continuos en la oferta y el financiamiento de políticas públicas orientadas a promover la equidad y la integración social”, recalcó Morales.

Lea las notas sobre el XXXI Informe del Estado de la Nación: