Según el PEN, el diseño mixto del refugio busca compatibilizar la protección con la vida comunitaria, pero enfrenta una presión creciente por el turismo, la inversión extranjera y la expansión inmobiliaria.

Este jueves, el Programa Estado de la Nación (PEN) presentó el XXXI Informe del Estado de la Nación, en el cual se resalta que el caso del Refugio Nacional de Vida Silvestre Gandoca-Manzanillo, en el Caribe Sur, ejemplifica los conflictos que surgen entre la propiedad de la tierra y la protección ambiental.

Pese a que su modelo de conservación permite actividades productivas y residenciales bajo regulación, el PEN encontró que las tensiones se originan en la dificultad para aplicar de forma eficaz las regulaciones en espacios donde se superponen propiedad privada, intereses comunitarios y obligaciones de conservación.

El informe señala:

De acuerdo con las estimaciones de Alfaro (2025), aproximadamente el 26% del bosque maduro, el 39,5% del secundario y cerca del 37,9% de los humedales del refugio se encuentran dentro de propiedades privadas, una situación que por la modalidad del Área Silvestre Protegida (ASP) cabe recordar que es legal”.

Sin embargo, para el PEN, esto plantea dilemas sobre derechos adquiridos y límites de uso. En ese sentido, el equipo investigador elaboró un mapa que identifica los tipos de bosque y las propiedades privadas dentro de los límites del refugio.

Desde el PEN realizaron once entrevistas a representantes institucionales, activistas, pobladores y personas vinculadas a organizaciones comunitarias. Estas personas indicaron que "la conflictividad entre propiedad y protección ambiental no se resolverá con más leyes, sino con cambios oportunos en la forma en que se gestionan los territorios".

En el informe se detalla que:

Aunque es importante analizar otros conflictos, la consulta a personas involucradas en este caso permite extraer una conclusión central construida a partir de sus percepciones y experiencia de vida: en la relación entre propiedad y protección ambiental, cuando intervienen la gestión del territorio y la actividad productiva, se configura una especie de “caos facilitador”.

De acuerdo con el PEN, este fenómeno se manifiesta en vacíos, omisiones e imprecisiones normativas que, pese a la existencia de un marco legal amplio, permiten al menos dos procesos paralelos:

Por un lado, la ocurrencia de afectaciones ambientales que se suelen denunciar de manera posterior, pero que se originan en contextos indebidos. Por otro, cambios sociales asociados al desplazamiento de la población, la transformación de la propiedad de la tierra, la pérdida de prácticas culturales y tradicionales, y las tensiones en torno al reconocimiento de los derechos de las distintas comunidades".

¿Qué ilustra este caso?

Según el PEN, el caso de Gandoca-Manzanillo ilustra los límites de un modelo de conservación que aún no logra integrar de manera plena las dimensiones sociales y económicas del desarrollo humano.

Ante este panorama, la investigadora del PEN, Karen Chacón Araya, subrayó la necesidad de replantear la relación entre Estado, comunidades y ecosistemas, con una visión más equilibrada y sostenible:

El desafío no es elegir entre conservar o desarrollarse, sino aprender a hacerlo con reglas claras, presencia institucional y justicia ambiental [...] Cuando la conservación se percibe como una imposición y no como una oportunidad compartida, pierde legitimidad social. Y cuando el desarrollo avanza sin planificación ni control, erosiona los mismos recursos que lo hacen posible”.

El informe urge a fortalecer la institucionalidad, hacer cumplir la normativa vigente, promover esquemas de co-manejo con las comunidades, transparentar los permisos y actualizar los planes reguladores, con el propósito de evitar que la conservación y el desarrollo sigan enfrentándose en el mismo territorio.

Lea las notas sobre el XXXI Informe del Estado de la Nación: