Esta semana, en diferentes diarios de El Salvador y Costa Rica se anuncia que el presidente Rodrigo Chaves visitará la megacárcel conocida como CECOT y conocerá mejor el modelo carcelario salvadoreño. Esa es, me parece, una noticia que debería preocuparnos.

El CECOT, y el sistema carcelario del que forma parte, ha sido objeto de numerosas críticas y denuncias por las violaciones a derechos humanos que han tenido lugar allí. Se sabe que en las cárceles salvadoreñas hay miles de personas que no han sido juzgadas ni condenadas. La reforma penal aprobada en 2023 permite realizar procesos penales masivos y colectivos sin derecho al debido proceso.

Es cierto que El Salvador logró reducir la criminalidad como ningún otro país lo ha hecho, pero a un costo muy alto a nivel de derechos humanos, transparencia y libertad de expresión. Actualmente El Salvador es el país con la mayor población carcelaria del mundo, con 1650 prisioneros por cada 100.000 habitantes.

En las cárceles salvadoreñas hay también muchas personas defensoras de los derechos humanos, activistas ambientales, líderes de movimientos que se oponen a la minería. Muchos otros activistas, periodistas y abogados han tenido que exiliarse, algunos de ellos en Costa Rica. Según Reporteros Sin Fronteras (RSF) entre enero y octubre de 2025, al menos 53 periodistas huyeron para evitar la cárcel.

Además, el régimen de excepción impide que los familiares visiten a las personas que están el CECOT y en otras cárceles. No hay acceso a salud ni a ningún derecho básico. Muchas veces las personas recluidas allí no pueden ni siquiera ver la luz del sol. Varios organismos de derechos humanos han reportado y documentado torturas y abusos dentro de las cárceles.

Los más de 200 venezolanos enviados por Donald Trump y encerrados en las cárceles de Bukele, permanecieron allí cuatro meses, sin que se hubiesen presentado cargos ni en Estados Unidos ni en El Salvador. Una vez liberados y enviados a Venezuela, describieron la experiencia como un secuestro infernal, pues fueron aislados totalmente, incomunicados y sometidos a diferentes formas de tortura. Han denunciado que sufrieron diversas formas de violencia física, verbal y psicológica. El colombiano Brayan Palencia, quien también fue enviado por Trump al CECOT que Chaves conocerá, afirma que “ser torturado por cuatro meses siendo inocente es una pesadilla”.

En las cárceles de Bukele también hay miles de mujeres detenidas en el régimen de excepción. Hay numerosas denuncias sobre cómo el régimen se ensaña contra ellas: muchas han enfrentado diversas complicaciones de salud que incluyen abortos, muertes fetales en estado avanzado de gestación o el fallecimiento de recién nacidos.

Socorro Jurídico Humanitario ha reportado, desde marzo de 2022, al menos 450 muertes en las cárceles de Bukele. La mayoría de esas muertes ocurrieron en los centros penales de Izalco, Mariona (La Esperanza) y Apanteos. El mes pasado, esta organización denunció que el último caso registrado fue el del joven Humberto Adonai Mónico, de 35 años, quien murió en la penal La Esperanza. Su cuerpo presentaba signos de violencia, un golpe a nivel del cráneo y otro en la costilla. Socorro Jurídico ha denunciado reiteradamente que muchas de estas víctimas mortales carecen de antecedentes por vínculos con estructuras criminales.

Antes estas formas de violencia generadas desde el mismo Estado, la Conferencia Episcopal de El Salvador, a través de su carta pastoral Una voz con esperanza clama en el desierto, ha pedido expresamente que se derogue el régimen de excepción. Además, los obispos dicen:

Es necesario que el pueblo opte por el bien porque es bueno para él, tanto como para la familia, la sociedad y la nación. Hacer el bien por miedo es coerción y hacerlo por obligación es represión”.

Ante la violencia y las violaciones a los derechos humanos que sufren miles de personas en las cárceles de El Salvador, esperamos que el presidente Chaves sepa asumir una postura crítica y se distancie de prácticas penitenciales que convierten al Estado en gestor de violencia. Es bueno que asuma el desafío de reformar el sistema penitenciario costarricense, pero sin perder el enfoque de los derechos humanos.

Y quizá también al presidente de Costa Rica le convenga escuchar lo que los obispos salvadoreños piden a quienes gobiernan: les solicitan “asumir una actitud positiva unificando la nación, haciendo uso de un lenguaje propositivo, respetuoso e incluyente; derribando muros y tendiendo puentes”.

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