Informe más reciente incluye propuesta con metas, indicadores y prioridades para consideración de los partidos políticos de cara a las elecciones 2026.

El Programa Estado de la Nación (PEN) presentó este jueves el X Informe del Estado de la Educación, en el cual se propone una hoja de ruta para los próximos 15 años. Según el equipo investigador: "Costa Rica tiene hoy la oportunidad de redefinir su compromiso con la educación pública, apostando por una estrategia sostenible, guiada por evidencia, para rescatar su rumbo". 

La propuesta del PEN surge tras reconocer que el sector de educación ha carecido de una verdadera ruta de la educación de mediano y largo plazo que oriente el accionar gubernamental. El informe señala que:

Esta debilidad se acentuó a partir del 2022, cuando las autoridades optaron por desconocer las políticas vigentes y empezar “de cero” en múltiples áreas en las que se había tratado de dar sostenibilidad a las acciones emprendidas en gobiernos anteriores e irlas mejorando paulatinamente".

El investigador asociado del informe, Andrés Fernández Arauz, explicó:

La falta de continuidad ha sido uno de los grandes males de la educación costarricense. Esta hoja de ruta busca romper con esa dinámica de borrón y cuenta nueva”.

Dicha estrategia se construyó a partir de un taller de consulta participativo con 15 personas expertas del sector educativo, provenientes de distintos sectores: académico, sindical, empresarial, gubernamental y de sociedad civil. A través de la metodología del Juicio Grupal Ponderado (JGP), se definieron cuatro pilares estructurales:

  • Cobertura y equidad: Garantizar el acceso equitativo a la educación pública.
  • Calidad de los ambientes de aprendizaje: Entornos físicos y tecnológicos que favorezcan el aprendizaje, desde infraestructura hasta conectividad.
  • Cuerpo docente idóneo: Docentes bien preparados y acompañados para una enseñanza efectiva.

Desde el PEN aclararon que el cuarto pilar, centrado en la calidad de los aprendizajes, no se incluyó en este ejercicio a raíz de que depende primero de una decisión política clave: establecer un sistema de macroevaluación independiente que corrija las deficiencias técnicas actuales, y evite que el MEP actúe como juez y parte.

A partir de los tres primeros pilares, el equipo investigador delimitó ocho aspiraciones nacionales estratégicas:

  1. Universalizar la educación preescolar, primaria y secundaria.
  2. Garantizar el acceso al currículo completo en todos los ciclos educativos.
  3. Ampliar la cobertura de comedores escolares e incentivos para permanencia estudiantil.
  4. Mejorar la infraestructura y el mobiliario en todos los centros educativos.
  5. Asegurar conectividad y equipamiento tecnológico adecuados en todas las aulas.
  6. Contar con docentes debidamente preparados y calificados.
  7. Impulsar el desarrollo profesional continuo del cuerpo docente.
  8. Procurar que las personas estudiantes sean evaluadas de forma integral, justa y eficiente.

Según detallaron desde el PEN, estas ocho aspiraciones se desglosan en 13 objetivos operativos y 20 parámetros de logro con indicadores de seguimiento. Adicionalmente, la mayoría de estas metas no podrán alcanzarse en un solo período de gobierno, por lo que se plantea un horizonte de cumplimiento de 15 años.

Fernández Arauz agregó:

Esta propuesta corrige un vacío central del acuerdo constitucional del 8% del PIB para educación: nunca se estableció qué se debía financiar ni cómo medir avances. Aquella omisión debilitó el compromiso. Hoy, el Informe ofrece una hoja de ruta técnica y viable, que permite alinear la inversión con resultados concretos”.

PEN propone: crecimiento gradual y compatible con la realidad fiscal

La propuesta establece una senda de inversión adicional viable respecto al presupuesto educativo actual que "iniciaría con un 0,11% del PIB en el primer año, crecería progresivamente hasta alcanzar un 0,34% del PIB en 2030 y luego se estabilizaría en torno al 0,31%". El informe señala:

Estas cifras representan incrementos graduales adicionales al gasto actual en educación, que ronda el 5% del PIB en 2025. Esta evolución presupuestaria es menor a la que implicó la reforma constitucional del 2011, la cual exigía un incremento anual de hasta 0,5 puntos porcentuales del PIB, y se alinea con las restricciones fiscales actuales".

Monitoreo técnico, compromiso político y vigilancia ciudadana

En el informe se puntualiza que el cumplimiento de las metas debe ser monitoreado por instancias técnicas como el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan) y la Contraloría General de la República (CGR), así como por la Asamblea Legislativa y la sociedad civil. 

No obstante, se enfatiza que su ejecución exige voluntad política de los próximos gobiernos y un sistema riguroso de seguimiento sobre la gestión del Ministerio de Educación Pública (MEP).

De forma simultánea, recuerda que su éxito dependerá del compromiso político de los gobiernos para priorizar la educación, sostener la inversión y respetar los acuerdos nacionales. Para el PEN, la ciudadanía tendrá el rol fundamental de exigir que este pacto se cumpla y se convierta en política de Estado.

Finalmente, la coordinadora general del informe, Isabel Román Vega, expresó:

Esta propuesta es un aporte sustantivo que el Décimo Informe hace para consideración de los partidos políticos que participarán en la próxima contienda electoral y las nuevas autoridades gubernamentales que sean elegidas por los costarricenses en el 2026”.

Lea las notas sobre el X Informe del Estado de la Educación: