La institución pidió una medida cautelar para frenar disposiciones sobre el ERP y cuestionó que la CGR hable de “crisis institucional”.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) demandó a la Contraloría General de la República (CGR) ante el Tribunal Contencioso Administrativo y pidió, como medida cautelar provisionalísima, que se dejen sin efecto las órdenes que giró el ente auxiliar del Congreso referidas a corregir las causas que llevaron a que la salida forzosa del nuevo sistema informático de recursos empresariales (ERP) derivara en una crisis institucional activa que está afectando la prestación de servicios en la institución.

Así lo confirmó este miércoles la presidenta ejecutiva Mónica Taylor Hernández, en sesión extraordinaria de la junta directiva. Apenas el lunes dicha junta acordó apelar las ordenes giradas por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría en el oficio DFOE-BIS-0647, que incluían instruir a las gerencias Financiera y de Logística de la Caja para que elaboraran e implementaran un plan de recuperación de operaciones, que incluyera la estabilización del ERP; restituir a las gerencias competentes las funciones y atribuciones que la Presidencia de la Caja tomó indebidamente respecto a la puesta en marcha de ese sistema; y dotar de recursos humanos, técnicos y financieros suficientes a las gerencias correspondientes para la recuperación institucional, entre otras.

La junta acordó sesionar la mañana de este miércoles para adoptar acuerdos vinculados a las órdenes giradas por la Contraloría, mientras el Tribunal Contencioso Administrativo resuelve su solicitud de medida cautelar.

David Valverde Méndez, asesor legal de la junta de la CCSS expuso a los directivos que se debían adoptar algunas decisiones debido a que la apelación ante el órgano contralor no suspende por sí misma las órdenes giradas, y que el oficio remitido por la CGR contiene disposiciones que deben implementarse en plazos muy cortos.

"La Caja rechaza categóricamente la condición de "crisis institucional" que menciona el documento", dijo Valverde.

Algunas órdenes emitidas por la Contraloría podrían estar extralimitando la autonomía constitucional dada a la Caja. Hay un alto grado de que se esté sustituyendo a la Caja en materia de organización, en tanto se podrían estar suprimiendo competencias de las instancias técnicas de la institución, por ejemplo, en lo relativo a implementar el plan de recuperación con solo dos gerencias".

Cumplimiento temporal "bajo protesta"

Mientras se resuelven las apelaciones y la medida cautelar judicial solicitada, la junta tomó acuerdos para dar cumplimiento a las ordenes dadas por la CGR.

La presidenta ejecutiva afirmó que como directivos son respetuosos de la legalidad institucional, pero que están en desacuerdo con las conclusiones y órdenes giradas, pues según ella, el ente fiscalizador no tomó en cuenta una serie de insumos elaborados por la Dirección del Plan de Innovación, la Presidencia Ejecutiva, direcciones y gerencias involucradas en la implementación del ERP-SAP, y se quedó únicamente con lo reportado por las gerencias Logística y Financiera.

Somos conscientes y sabemos la responsabilidad y compromisos que asumimos como directivos y también como profesionales, corresponde en este momento acatar esas órdenes bajo protesta que la Contraloría nos está dando, sin que se deje sin mención el impacto y la implicación a nivel institucional, incluso patrimonial, que tiene el tener que poner en ejecución las órdenes de la CGR (...) Definitivamente la información que tiene la Contraloría es parcial y sesgada".

"No estamos de acuerdo, pero no podemos actuar de forma distinta a lo que ordena la Contraloría porque incluso, una de las eventuales consecuencias que tendríamos como directivos, llegaría hasta la inhabilitación de cargos públicos", agregó.

Posterior a su intervención, la junta adoptó por unanimidad de sus nueve miembros instruir a la Gerencia Financiera y a la Gerencia de Logística que, con la inclusión con la Dirección del Plan de Innovación, presenten en la sesión del 27 de noviembre un plan de abordaje de las órdenes de la Contraloría, incluidas sus riesgos y consecuencias.