Informe señala que políticas de austeridad aplicadas actualmente son similares a los ajustes fiscales del FMI en los años ochenta.

El Programa Estado de la Nación (PEN) presentó este jueves el XXX Informe del Estado de la Nación y entre sus principales hallazgos se encuentra que tras cinco años de políticas fiscales de austeridad que no han logrado garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo, el país requiere reformas que garanticen la solvencia estatal sin deteriorar el desarrollo humano sostenible.

Según detalla el informe, luego de cinco años de la aprobación de la reforma fiscal, que permitió contener el gasto y generar nuevos ingresos, el país sigue sin resolver el problema estructural de las finanzas públicas a largo plazo, por lo que afirma que “Costa Rica continúa gastando mucho más de los ingresos que recibe”.

Desde el PEN señalaron que la implementación de la reforma fiscal del 2018 permitió reducir la brecha entre lo que gasta el Gobierno central y sus ingresos, del 8% al 3,2% del producto interno bruto (PIB) en el periodo 2020-2023. No obstante, Costa Rica sigue gastando más de los ingresos que recibe, ya que entre el 2022 y el 2023, el déficit fiscal aumentó de un 2,5% a un 3,2% del PIB.

Dato D+: El balance primario equivale a los ingresos menos los gastos, excluyendo el pago de intereses de la deuda. El balance fiscal equivale a los ingresos menos los gastos totales. Cuando los ingresos son mayores que los gastos hay un superávit, mientras que cuando los gastos superan los ingresos hay un déficit.

El director del Programa Estado de la Nación (PEN), Jorge Vargas Cullell, explicó:

Mientras el esquema tributario del país no sea actualizado, el tamaño del crédito del Gobierno siga siendo muy alto y el sector productivo que paga más impuestos crezca poco, el país seguirá enfrentando problemas de sostenibilidad fiscal, especialmente porque tampoco se han hecho cambios para mejorar la calidad de la gestión pública”.

El informe reitera que es necesario iniciar una discusión en torno a la modernización del impuesto de renta, las tasas tributarias diferenciadas y las exoneraciones fiscales, que se siguen otorgando sin mecanismos de control ni evaluación. Además, debatir sobre el impuesto mínimo global que plantea la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Adicionalmente, Vargas Cullell advirtió que el Gobierno “no puede seguir priorizando la sostenibilidad fiscal a costa de la inversión pública, pues a largo plazo causará un deterioro no solo en la calidad de vida de las personas y las oportunidades a las que tienen acceso, sino también en las capacidades del país para generar crecimiento económico”.

Aumento de ingresos del Estado se estanca

Según detalla el informe, para el periodo 2021-2023, el componente que más contribuyó en el mejoramiento del balance fiscal fue el aumento en los ingresos del Gobierno Central. Sin embargo, destaca que esta mejoría resultó ser de carácter temporal.

El informe señala que el crecimiento económico post pandemia del 2021 (+7%), ocasionó una recaudación de impuestos extraordinaria, pero no se espera se vuelva a presentar en los próximos años, a lo cual se sumó un cambio legal para que los ingresos de ciertas entidades pasaran a contar dentro de los ingresos del Gobierno Central.

Por su parte, el crecimiento de la base tributaria que se logró al pasar de un impuesto de ventas (IV) a uno de valor agregado (IVA), ya habría alcanzado su tope; por lo que tampoco se proyecta un crecimiento en los ingresos del Gobierno por esa vía.

Vargas Cullell recordó que el mismo Ministerio de Hacienda proyecta que la mejoría en el balance fiscal en los próximos cinco años sea mucho menor (0,4% del PIB) que la experimentada entre el 2021 y el 2023 (1,6% del PIB), lo cual el mismo informe califica como “proyecciones optimistas”, ya que “Hacienda proyecta un crecimiento del 4,5% en los ingresos de 2024, pero las cifras muestran un crecimiento acumulado del 1% al primer semestre del año”.

Austeridad fiscal ortodoxa

Adicionalmente, el informe señala que otro elemento que contribuyó a la mejoría de las finanzas del país fue la disminución anual del gasto público total.

Dato D+:  Entre el 2019 y el 2023 el gasto público pasó del 9% al 3% del PIB.

Sin embargo, el informe califica esta contención del gasto como un ajuste “ortodoxo” y que asemeja las políticas fiscales de los años 80:

Existe una similitud importante entre las políticas de este periodo con los paquetes de “austeridad fiscal” del FMI implementados en muchos países del mundo durante los años ochenta y noventa del siglo pasado. Estas últimas consisten en reformas fiscales con ausencia de objetivos explícitos de política sectorial, social, desarrollo productivo y gestión ambiental”.

Adicionalmente, el informe indica que la deuda del Gobierno Central sigue estando en el umbral más crítico de la regla fiscal, restringiendo las posibilidades de invertir, por ejemplo, en infraestructura y en políticas sociales.

Dato D+: En el 2023 la deuda pública alcanzó el 61% del PIB.

En el 2021, el país tuvo la inversión de capital en infraestructura más baja desde el 2009 (1,2% del PIB), la cual no ha levantado. Entre el 2019 y el 2023, las partidas más afectadas por los recortes fueron educación pública, con una reducción de 1,5% del PIB; salud (-0,6% del PIB) y orden público y seguridad (-0,3% del PIB).

Al respecto, Vargas Cullell señaló:

La priorización de los objetivos fiscales sobre los de desarrollo humano que estamos viendo ahora se parece mucho a los paquetes de austeridad fiscal que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aplicó a muchos países entre los años 1980 y 2000”.

Desde el PEN recordaron que en Costa Rica, las consecuencias de estos paquetes fiscales aplicadas en los 80, llevaron a una generación de personas a salir de las aulas para buscar trabajo. Hoy en día, muchas de estas personas tienen acceso a empleos de baja calidad, con ingresos insuficientes o están en la informalidad.

El informe enfatiza que, dejar por fuera objetivos explícitos sobre la política sectorial, social, desarrollo productivo y gestión ambiental de una estrategia para la sostenibilidad fiscal “recarga en los territorios y poblaciones más vulnerables de la sociedad las consecuencias de recortar los servicios que la institucionalidad pública brinda”.

Además, el informe señala que, a pesar de que el FMI aseguró en junio de este año que “el país había demostrado el compromiso con un amplio programa nacional de reformas, en el que estaba logrando remodelar la economía costarricense y avanzar en la agenda climática”, los datos muestran que no existe evidencia para “sostener que la austeridad fiscal haya remodelado la economía ni que haya promovido un crecimiento verde e inclusivo”.

Sobre este tema Vargas Cullell concluyó:

Costa Rica no puede seguir por este camino. No debemos repetir el grave error de sacrificar la inversión social pública por cumplir con los objetivos fiscales. Para encontrar un balance es necesario empezar a discutir reformas profundas, como las que este informe recomienda”.

Lea las notas sobre el XXX Informe Estado de la Nación: