En 2023 la Sala Constitucional declaró con lugar 5.195 recursos de amparo contra acciones del Poder Ejecutivo.

El Programa Estado de la Nación (PEN) presentó este jueves el XXX Informe del Estado de la Nación en el cual señala que la resolución de diferencias y conflictos políticos de la sociedad costarricense, a través de los tribunales de justicia, está creciendo exponencialmente.

Según destaca el informe, desde el 2020 se ha presentado un escenario de bajo nivel de protesta social organizada, el cual no puede entenderse como “un apaciguamiento de las tensiones sociales, sino un desplazamiento de la conflictividad hacia los tribunales de justicia”.

Este fenómeno es conocido como judicialización de la política, al respecto el investigador del PEN, Ronald Alfaro Redondo explicó que este ha venido en aumento en años recientes y refleja una mayor dependencia de la ciudadanía de los controles institucionales y del sistema de pesos y contrapesos del Estado. Alfaro señaló:

La activación del sistema de controles y contrapesos a la acción gubernamental es esperable si el Poder Ejecutivo se desapega del ordenamiento jurídico al gobernar, caso contrario, esta conflictividad se reduciría o sería menor”.

Según los datos presentados por el informe, durante el segundo año de la administración Chaves Robles, la Sala Constitucional declaró con lugar 5.195 recursos de amparo contra acciones del Poder Ejecutivo, lo que representa una cantidad de condenas casi seis veces mayor a la del 2015, casi tres veces más alta que en el 2021 y un 60% superior a la del 2022.

El informe destaca que la judicialización de la política no es un fenómeno nuevo, ya que durante los años que mayoritariamente pertenecen a la administración Solís Rivera, fueron alrededor de 800 recursos declarados con lugar, mientras que los años que pertenecen mayoritariamente a la administración Alvarado Quesada ya mostraban una clara tendencia al crecimiento de esta conflictividad, con 1.799 recursos declarados con lugar contra alguna entidad de la institucionalidad pública en 2021, pero en el segundo año de esta administración esta cifra aumentó exponencialmente hasta alcanzar los más de 5 mil casos en 2023.

Sobre los datos analizados, el informe señala que “no se trata de los recursos de amparo en bruto o los recibidos por la Sala IV, sino de aquellos que, después de ser estudiados, son admitidos y declarados con lugar por las personas magistradas. Pero, además, no se trata de sentencias genéricas, sino de las que incluyen órdenes contra las instituciones por su accionar. Debido a la naturaleza de las sentencias examinadas, es posible plantear que se trata de acciones o decisiones del Poder Ejecutivo que la Sala Constitucional ha encontrado que riñen con el marco jurídico vigente”.

Alfaro agregó que este escenario se conjuga con un sistema político altamente crispado por los ataques del presidente Rodrigo Chaves Robles contra instituciones cuyas labores incluyen ejecutar controles y contrapesos a la acción gubernamental, como el Poder Judicial, la Contraloría General de la República y la Asamblea Legislativa.

Lea las notas sobre el XXX Informe Estado de la Nación: