Por cada 1% de aumento en la tasa de accionamiento de armas, los salarios del sector comercio caen un 0,13% en los cantones afectados.

El Programa Estado de la Nación (PEN) presentó este jueves el XXX Informe del Estado de la Nación en el cual se da un seguimiento especial al tema de la violencia e inseguridad en el país. Uno de los hallazgos del informe en este tema fue que la violencia por armas de fuego está afectando la generación de oportunidades económicas en Costa Rica, particularmente en los territorios más vulnerables.

El informe señala que esta situación profundiza la desigualdad social entre regiones, donde las áreas más seguras se benefician de la fuga de actividades económicas de las zonas inseguras.

Un análisis realizado como parte de este informe muestra que en cantones donde la inseguridad ciudadana es mayor, medida por la tasa de accionamiento de armas, los salarios del sector comercial tienden a ser más bajos.

Dato D+: El sector comercial representa casi la cuarta parte del parque empresarial del país (23%).

El informe detalla que el “accionamiento de armas” es un delito que consiste en activar un arma de fuego en un sitio poblado, lo cual se asocia a intento o consumación de hechos contra la vida, independientemente de sus motivaciones y consecuencias, ocasiona inseguridad en los hogares y las comunidades en donde ocurre.

Los datos analizados por el PEN muestran que, entre el 2020 y el 2022, la tasa de accionamiento de armas aumentó de 4,2 a 7,2 por cada 100 mil habitantes. En este sentido, los cantones más inseguros fueron San José, Goicoechea y Alajuelita, con tasas promedio altas, de 23, 17 y 17 por cada 100 mil habitantes, respectivamente. En el mismo periodo, Grecia, Esparza y San Mateo presentaron una tasa promedio de solo 1 accionamiento de armas por cada 100 mil habitantes, colocándolos como los cantones más seguros.

El director del Programa Estado de la Nación, Jorge Vargas Cullell, explicó:

En medio de la grave crisis de inseguridad ciudadana, nos dimos a la tarea de indagar los efectos de la violencia social en la generación de oportunidades económicas para la población. Encontramos un panorama urgente de intervenir”.

Para aproximar el impacto de la inseguridad en las oportunidades económicas de las que gozan las poblaciones en los diversos territorios, el informe analizó el vínculo entre el accionamiento de armas y el salario promedio de las personas ocupadas en el comercio a nivel cantonal.

Los datos del informe muestran que por cada 1% de aumento en la tasa de accionamiento de armas, los salarios del sector comercio caen un 0,13% en los cantones afectados. Es decir, ofrecen peores oportunidades laborales. Al mismo tiempo, los cantones vecinos más seguros ven un aumento del 1,36% en sus salarios promedio.

Desde el PEN explicaron que estos datos muestran que, entre más distantes de las zonas conflictivas estén los cantones, mejores oportunidades laborales pueden ofrecer. Vargas Cullell agregó:

Es como si la inseguridad ciudadana en un cantón hiciera que la actividad económica comercial se desplazara a los cantones seguros más cercanos”.

Según el informe, este fenómeno estaría profundizando la desigualdad social. En las zonas más violentas, la actividad comercial estaría generando menos oportunidades de desarrollo económico, mientras que los cantones más seguros podrían estar absorbiendo dicho capital, con lo cual aumentan sus oportunidades de desarrollo económico.

El informe subraya que, para promover un desarrollo económico equitativo en Costa Rica y atender la crisis de inseguridad ciudadana, es necesario poner en marcha políticas públicas para combatir la violencia homicida y generar mayores oportunidades para las poblaciones socialmente excluidas y mayormente expuestas a la criminalidad.

Vargas Cullell concluyó:

La mayoría de las víctimas de la violencia social son personas menores de edad que viven en condiciones de vulnerabilidad. En este sentido, es urgente invertir en esta población. Es necesario asegurar el acceso a la educación formal y vocacional, y la promoción de habilidades para el trabajo y el acceso a un empleo digno”.

Adicionalmente, el informe destaca tres medidas concretas para combatir la violencia homicida y generar mayores oportunidades para poblaciones con menores oportunidades y mayor exposición a la criminalidad:

  • Focalización en la población joven en condición de vulnerabilidad, destacando el acceso a educación formal y vocacional, así como el desarrollo de habilidades para el trabajo, así como establecer alianzas con empresas que les permitan tener un empleo digno que les aleje de la actividad criminal.
  • Dotar de educación formal y vocacional en las cárceles y la formación para el trabajo.
  • Que los programas implementados incluyan mecanismos de evaluación que permitan medir su efectividad y el cumplimiento de los objetivos planteados.

Lea las notas sobre el XXX Informe Estado de la Nación: