Falta de coordinación en la gestión marina afecta la conservación y sostenibilidad de las áreas protegidas.

El Programa Estado de la Nación (PEN) presentó este jueves el XXX Informe del Estado de la Nación y entre sus principales hallazgos se encuentra que la desarticulación institucional pone en peligro los recursos marinos y las comunidades costeras. Estas últimas denuncian dificultades con el sistema institucional y falta de apoyo al sector pesquero. 

En el informe añaden uno de los primeros análisis específicos sobre el ecosistema institucional marino-costero del país, el cual fue elaborado por la Comisión Interinstitucional de la Zona Económica Exclusiva en el 2008. 

En ese momento, dicha Comisión encontró “una administración con múltiples instituciones, con poca coordinación y traslapes, y sin un accionar vinculado a una estrategia general”, junto a la carencia de metas y de una visión nacional en el tema, así como debilidades de rectoría y poca articulación entre iniciativas y agenda como la pesca, el turismo y la conservación.

A partir de lo anterior, desde el PEN posicionaron que “la respuesta institucional en este sector ha mostrado grandes debilidades” a lo largo del tiempo, y dividieron en etapas de configuración el ecosistema institucional marino-costero de la siguiente forma:

  • 2004-2013: Institucionalidad desarticulada adquiere conciencia de la necesidad de integración: CNM, CPGM.
  • 2013-2018: Inicio de proceso de rectorías especializadas integradas: VAM, VAMCH, CONAMAR.
  • 2018-2022: Examen crítico de avances. Adopción del complejo regionalizado modelo CGM y UGM.
  • 2022-2024: Cambios en las líneas de política e interrupción del proceso de la CGM y UGM, vuelve la discusión pública de las necesidades relacionadas al modelo de gobernanza.

En la actualidad, ese aislamiento institucional en el que opera el sector marino-costero afecta la vida de las personas cuyos medios de subsistencia dependen de los recursos del mar.

Entre el 2021 y el 2022, las áreas silvestres protegidas (ASP) marinas pasaron de representar el 2,7% al 30,3%, agregando 165.000 kilómetros cuadrados bajo esquemas de conservación. Hoy, las áreas marinas protegidas representan el 92,7% de la superficie en esta condición. No obstante, este avance contrasta con la limitada capacidad de las instituciones para gestionar estos espacios debido a la falta de recursos y coordinación, según detallaron desde el PEN.

En esa misma línea, en el informe añadieron que desde el 2022 la capacidad institucional para gestionar los recursos marinos se ha visto debilitada, ya que, por ejemplo, se eliminó el Viceministerio de Aguas y Mares, al tiempo que se registraron recortes significativos al presupuesto de instituciones clave como el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac). El año pasado el Gobierno redujo por tercer año consecutivo el presupuesto del Sinac, con un recorte equivalente a 1217 millones de colones. 

Asimismo, desde el PEN indicaron que a pesar de que en el 2023 el 53% de las visitas turísticas en el país estuvieron vinculadas con las áreas silvestres protegidas, la generación de divisas por el turismo no se traduce necesariamente en mejores oportunidades para las comunidades costeras.

En el informe agregaron un ejercicio de conversación y deliberación participativa con personas de estas comunidades (especialmente las involucradas en la pesca), las cuales señalaron los problemas de dispersión institucional y la tramitología, así como que ellos “no piden desregulación, sino un sistema más integrado, accesible y menos burocrático”.

Lea las notas sobre el XXX Informe Estado de la Nación: