País carece de un sistema integrado para identificar las capacidades del sector productivo. 

El Programa Estado de la Nación (PEN) presentó este jueves el XXX Informe del Estado de la Nación y entre sus principales hallazgos se ubica que Costa Rica carece de un registro público que facilite cuantificar y coordinar las capacidades de las 37 entidades dedicadas al desarrollo del sector productivo, las cuales cuentan con distintos niveles de gobernanza. 

Desde el PEN indicaron que “esta desorganización representa un desafío para abordar efectivamente las desigualdades productivas del país”. 

Estas desigualdades, según el PEN, se pueden visualizar en los resultados económicos, ya que mientras que las empresas del régimen definitivo, que representan la mayor parte del tejido empresarial, aportaron el 86% del producto interno bruto (PIB) en 2022, su crecimiento fue apenas del 4%. En contraste, las empresas del régimen especial, que contribuyen con el 14% del PIB y se concentran en zonas francas de la Gran Área Metropolitana (GAM), crecieron casi un 16% en el mismo período.

El director del PEN, Jorge Vargas Cullell, explicó que a partir de este contexto, desde el centro de investigación se han realizado análisis sobre las capacidades institucionales del sector público para desarrollar políticas de fomento productivo. No obstante, señaló que:

No pudimos evaluar completamente las capacidades del sector institucional, porque no existe información sistematizada sobre los servicios disponibles para las empresas. Este año, comenzamos por recopilar lo que hay”.

A julio del 2024, el equipo de investigación del PEN identificó 13 programas vigentes en tres de las principales instituciones involucradas en el ámbito del desarrollo productivo del país: el Ministerio de Comercio Exterior (Comex), el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), y la Promotora de Comercio Exterior (Procomer). 

Cabe resaltar que el PEN reconociendo la importancia del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en la materia, también le solicitaron información, no obstante, fue excluido del análisis al entregarla de forma "tardía e incompleta".

En el siguiente diagrama se pueden visualizar dichos programas, a cuál institución pertenecen y su ubicación según las actividades primarias de la cadena de valor de una empresa:

Retomando los estudios de caso, el PEN buscó información para comprender y caracterizar los servicios que ofrece a las empresas y los emprendimientos productivos. A nivel general, las tres instituciones analizadas fungen un rol importante, según el PEN, en la definición y aplicación de políticas públicas para el desarrollo productivo y la regulación de mercados, “con una fuerte incidencia de la Presidencia de la República, que tiene amplios poderes de nombramiento y asignación de recursos”. 

Con respecto a los programas de estas instituciones, nueve de los trece programas (69%) se originaron en administraciones gubernamentales pasadas. 

Asimismo, desde el PEN se señaló que el público meta de estas iniciativas corresponde a las empresas que producen en Costa Rica, con excepción del programa Talento humano de Procomer que se dedica a la formación de las personas trabajadoras. Otro hallazgo interesante corresponde a que de los programas reportados, no identificaron iniciativas orientadas a fomentar negocios de grupos vulnerables (mujeres, jóvenes o personas con menor nivel educativo que residan fuera de la GAM). 

Por otro lado, el informe evidencia que estos programas presentan capacidades asimétricas en cuanto a recursos humanos y capital. 

Adicionalmente, desde el PEN apuntaron que la mayoría de estas iniciativas muestran una baja focalización territorial, así como limitaciones en transparencia y escasos mecanismos de evaluación. Reportaron a Procomer como la única institución que posee mecanismos de seguimiento en todos sus programas.

En esa misma línea, Vargas Cullell añadió: 

Casi ninguno de los 13 programas aborda de manera suficiente las necesidades de las pymes fuera de la GAM ni se enfoca en desarrollar el capital humano [...] Sin un sistema integrado que ofrezca una visión clara de las capacidades estatales disponibles para las pymes, y sin mecanismos de evaluación de los programas, las brechas productivas solamente seguirán ampliándose”.

Lea las notas sobre el XXX Informe Estado de la Nación: