La Asamblea 2018-2022 aprobó 49 exoneraciones en sus primeros dos años, mientras que la actual aprobó otras 47 en sus primeras legislaturas.

El Programa Estado de la Nación (PEN) presentó este jueves el XXX Informe del Estado de la Nación en el cual se da un seguimiento al tema del “gasto tributario” que representan las exoneraciones fiscales, es decir el “sacrificio que el Estado realiza para crear un incentivo para una actividad social o productiva que considera importante”.

El informe recuerda que las exoneraciones, que deben ser aprobadas por la Asamblea Legislativa, presionan las finanzas públicas, lo cual se considera es “un efecto particularmente sensible en la época actual”.

El informe contabilizó un total de 1.231 exoneraciones vigentes, aprobadas desde 1953 a agosto de 2024. Al analizar el periodo de aprobación, tomando los dos primeros años de cada administración, se encontró que las administraciones de Alvarado Quesada y Chaves Robles, registran la mayor cantidad de exoneraciones aprobadas de este siglo, con 49 y 47 respectivamente.

El informe recuerda que “las exoneraciones son una herramienta de política fiscal que puede utilizarse para beneficiar sectores específicos, aunque deben aplicarse con cautela debido a la pérdida en recaudación que implican”, y añade que, a pesar de que el país cuenta con un Código de Normas y Procedimientos Tributarios que establece los parámetros que deben cumplir las exoneraciones para ser aprobadas, la mayoría de ellas sigue incumpliendo estos mandatos y detalla que “el 49% no especifica el impuesto que se exonera, el 77% no establece un plazo de vigencia y el 58% carece de mecanismos de control, como lo exige la legislación”.

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