Defensoría de los Habitantes solicitó a los gobiernos locales un detalle de las acciones que ejecutan para enfrentar los efectos del cambio climático.
La Defensoría de los Habitantes solicitó a las 84 municipalidades del país un detalle de las acciones que ejecutan para enfrentar los efectos del cambio climático en cada uno de los cantones. En especial, respecto a la atención en la protección del recurso hídrico, la planificación territorial y la sostenibilidad ambiental, así como la incorporación de la fuente de financiamiento.
Para la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, los gobiernos locales, desempeñan un papel fundamental en la protección de las comunidades, los territorios y los ecosistemas. Su capacidad para implementar acciones concretas, coordinar con actores locales y responder a las realidades específicas de cada cantón, los convierte en protagonistas clave de la resiliencia climática.
El acceso al agua, a un ambiente sano, a la vivienda segura, a la participación ciudadana y a la información ambiental son derechos fundamentales que deben ser garantizados en todo proceso de planificación tanto urbana como de políticas locales y respuesta climática”.
Datos recopilados
De las 84 municipalidades consultadas, 79 respondieron al requerimiento de información. Datos iniciales aportados por los ayuntamientos entre junio del 2024 y abril del 2025 indican que 43 incluyeron dentro del presupuesto 2025 rubros para atender la variable climática y la protección ambiental.
Dato D+: Las 43 municipalidades son: Abangares, Acosta, Alajuela, Bagaces, Barva, Buenos Aires, Cañas, Carrillo, Curridabat, Desamparados, Escazú, Esparza, Golfito, Guácimo, Heredia, La Cruz, La Unión, León Cortés, Matina, Montes de Oca, Montes de Oro, Monteverde, Mora, Nandayure, Orotina, Osa, Palmares, Parrita, Poás, Pococí, Quepos, San Isidro, San José, San Rafael, San Ramón, Santa Bárbara, Santa Cruz, Santo Domingo, Sarapiquí, Sarchí, Siquirres, Talamanca y Zarcero .
Del total de municipalidades, 43 cuentan con un plan regulador vigente. De los 41 gobiernos locales que aún no lo tienen, 18 están en proceso de elaboración o actualización.
Asimismo, 29 gobiernos locales administran directamente acueductos municipales. De estos, 15 implementan planes de seguridad del agua exigidos por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). De las ocho municipalidades que indicaron no contar con este plan, cinco se encuentran en su formulación; mientras el resto no proporcionaron el dato.
El ente defensor subrayó que la protección del ambiente no es un componente accesorio, sino el eje de las políticas locales de adaptación y mitigación.
De ahí que consideran necesario la implementación de acciones prioritarias para fortalecer la planificación territorial incorporando la variable ambiental y climática desde el diseño del Plan Regulador. Además de desarrollar o actualizar los planes de seguridad del agua, invertir en la protección de las nacientes y zonas de recarga acuífera, incorporar la variable climática en los presupuestos municipales y promover la educación ambiental y la participación ciudadana.
