Informe alerta que la situación actual tiene el potencial de desestabilizar logros históricos del país.
El Programa Estado Nación (PEN) presentó este jueves el XXX Informe del Estado de la Nación, el cual señala que el país atraviesa una peligrosa situación que, mal atendida, tiene el potencial de desestabilizar logros históricos de su desarrollo humano sostenible y de su democracia. En concreto, la cita completa del informe indica que:
Al cierre del primer cuarto del siglo XXI, Costa Rica atraviesa por una peligrosa situación que, mal atendida, tiene el potencial de desestabilizar logros históricos de su desarrollo humano sostenible y de su democracia”.
El informe posiciona cuatro mensajes claves:
- Los cambios de las últimas tres décadas crearon progreso, pero también tensiones y desafíos para cumplir con el contrato social costarricense.
- El crecimiento y la estabilidad macroeconómica se están logrando a costa de crecientes agrietamientos del contrato social.
- Un sistema político enfrascado en un conflicto entre poderes institucionales obstruye la atención de los desafíos del desarrollo humano.
- El crimen organizado irrumpe como grave amenaza al desarrollo humano y la democracia costarricense.
Desde Delfino.cr hemos preparado una cobertura especial para abordar los principales temas y hallazgos que presenta el XXX Informe del Estado de la Nación.
Sobre los cambios que ha sufrido la sociedad costarricense desde la presentación del primer informe, hace 30 años, se destaca que la población aumentó en casi 2 millones de personas, con un mayor porcentaje de población adulta mayor (pasando del 4,9% al 10,3%) así como de la población urbana (la cual creció de un 44,2% a un 72,4%).
En esos 30 años, la producción aumentó, con un crecimiento del producto interno bruto, que pasó de 10.8 a 40.9 billones de colones, sin embargo, ese aumento en la producción no se ha distribuido en forma equitativa, siendo que la desigualdad, medida por el Índice de Gini aumentó en ese mismo periodo de tiempo (de 0.456 a 0.505), y el porcentaje de personas que ganan menos del salario mínimo creció en 4.3 puntos porcentuales.
Asimismo, el sistema político ha sufrido grandes cambios en estos 30 años, pues en 1994 el 98% de la población tenía afinidad con algún partido político mientras que para el 2022 esa cifra había caído a tan solo un 16%.
Sobre el estado del país el informe destaca que la Administración Chaves Robles ha realizado recortes en la inversión social pública (ISP) siendo los sectores más afectados los servicios de educación y salud: la inversión en educación por persona disminuyó un 1,6% afectando a todos los niveles educativos, mientras que sobre los servicios de Salud de atención primaria se destaca que el país tiene un déficit de aproximadamente 189 Ebáis.
Sobre la situación económica, el informe destaca que, a pesar de los beneficios que el país obtuvo con la reforma fiscal, el país continúa gastando mucho más de los ingresos que recibe y la reforma demostró no ser suficiente para resolver el problema estructural de las finanzas públicas al largo plazo, situación que se agrava por la alta aprobación de exoneraciones fiscales que han aprobado las Asambleas recientes.
Adicionalmente, el país carece de un registro público que facilite cuantificar y coordinar las capacidades de las 37 entidades dedicadas al desarrollo del sector productivo.
Asimismo se identificó el efecto de la violencia en las condiciones de desarrollo de los cantones afectados, encontrando que los salarios del sector comercio son más bajos en zonas más afectadas por violencia con armas de fuego.
En el tema ambiental, a pesar de los compromisos asumidos por disminuir sus emisiones de gases efecto invernadero (GEI), el 69,4% de la energía consumida en el país se obtuvo de fuentes no renovables, por lo que la economía del país se encuentra cada vez más carbonizada, especialmente debido a los patrones energéticos y de transporte.
Adicionalmente, el informe advierte que las acciones del actual gobierno han roto con la narrativa ambiental como factor clave del desarrollo humano, que históricamente ha posicionado al país en estos temas. Se destacó además que la desarticulación institucional pone en peligro los recursos marinos y las comunidades costeras.
Finalmente, sobre el contexto político actual, el informe señala que entre el 2023 y el primer semestre del 2024, el Poder Ejecutivo y el Legislativo se han enfrascado en un “fuego cruzado” caracterizado por el uso progresivo del “poder del megáfono”, por parte del presidente de la república, y del control político, por parte de los partidos opositores en el congreso.
El enfrentamiento de poderes también se traslada a lo interno de la Asamblea Legislativa, donde la bancada oficialista ha sido la menos proactiva, medida por la cantidad de proyectos presentados, y la menos exitosa, medida con la cantidad de proyectos aprobados, de las dos primeras legislaturas de una administración.
Además, se identificó que la resolución de diferencias y conflictos políticos de la sociedad costarricense, a través de los tribunales de justicia, está creciendo exponencialmente. Según los datos del informe durante el segundo año de la administración Chaves Robles, la Sala Constitucional declaró con lugar 5.195 recursos de amparo contra acciones del Poder Ejecutivo, lo que representa una cantidad de condenas casi seis veces mayor a la del 2015, casi tres veces más alta que en el 2021 y un 60% superior a la del 2022.
Finalmente, en esta ocasión el informe dedicó atención especial al tema de la seguridad ciudadana y la violencia homicida. Encontrando que el aumento en las tasas de homicidios, que en 1990 era de 4.6 y en 2023 fue de 17,2 por cada 100.000 habitantes, tiene una desigual distribución territorial dado que el año pasado 266 distritos no registraron un solo homicidio, mientras cinco distritos (Barranca, Pavas, Batán, Chacarita y Limón) tuvieron más de 20 en el mismo periodo.
