Iniciativa repartiría presupuesto actual de la DIS entre el Ministerio de Seguridad Pública y el Organismo de Investigación Judicial.
La diputada del Frente Amplio (FA), Priscila Vindas Salazar, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 25.070) que pretende eliminar la Dirección de Inteligencia y Seguridad del país, que actualmente responde a la Presidencia de la República.
La exposición de motivos justifica el cierre de la DIS indicando:
Es una policía utilizada para fines de persecución y seguimiento de opositores políticos del gobierno de turno, entre otras atribuciones que desnaturalizan las funciones propias consagradas en la creación de la DIS".
El texto añade que "se hace innecesaria y costosa la existencia de ese cuerpo de inteligencia que en los últimos años no se ha logrado constatar cuál es el beneficio colectivo que brinda en procura de nuestra Seguridad de Estado, misma que en los últimos años ha venido en detrimento, sin que haya significado un apoyo significativo la existencia de dicha Dirección".
Dato D+: Entre el 2008 y el 2024 se presentaron ocho proyectos de ley con la intención de cerrar la DIS, sin embargo, todos han sido archivados.
La iniciativa de ley propone que los recursos que actualmente tiene la DIS, incluyendo plazas y activos, pasen a manos del Ministerio de Seguridad Pública, así como los archivos y expedientes. Además, se establece que Seguridad deberá remitir al Ministerio Público aquellos expedientes que impliquen investigaciones penales, mientras que los documentos que sean declarados como “Secreto de Estado” pasarán a quedar en custodia de ese ministerio.
Adicionalmente, el proyecto señala que todas las investigaciones activas que existan en la DIS al momento de aprobarse la ley, deberán ser trasladadas al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para la persecución penal correspondiente.
En cuanto el presupuesto actual que recibe la DIS, aproximadamente 2.929 millones de colones, la iniciativa propone que, a partir del año siguiente de la aprobación del proyecto, esos recursos se deberán distribuir en partes iguales entre el OIJ y el Ministerio de Seguridad Pública.
Finalmente, el proyecto propone incluir una nueva falta grave en la Ley General de Policía (Ley 7410) cuando el personal de policía se subordine a órdenes o instrucciones de gobiernos o entidades extranjeras.
Debido a que la Asamblea se encuentra en periodo de sesiones extraordinarias, el proyecto podrá iniciar su trámite legislativo ordinario si es convocado por el Poder Ejecutivo, o a partir del 1 de agosto.
La iniciativa fue presentada con la firma de respaldo de:
- Andrés Robles Barrantes (FA).
- Kattia Cambronero Aguiluz, independiente electa por el Partido Liberal Progresista (PLP).
- Johnatan Acuña Soto (FA).
- Sofía Guillén Pérez (FA).
- Antonio Ortega Gutiérrez (FA).
- Rocio Alfaro Molina (FA)
- Cynthia Córdoba Serrano, independiente electa por el PLP.
- Gloria Navas Montero, independiente electa por Nueva República.
