La iniciativa plantea reformas legales para aplicar sanciones más severas por consumo de licor en la vía pública y la venta de bebidas alcohólicas sin licencia.

La diputada de Nueva República (NR), Olga Morera Arrieta, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 25.101) que propone imponer penas de prisión a quienes reincidan en el consumo de licor en espacios públicos.

La iniciativa propone reformar varios artículos la Ley de Regulación y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico (Ley 9047), incluyendo el artículo 20, que actualmente establece una pena de medio salario base por tomar licor en vía pública, para que en su lugar diga:

Quien sea sorprendido por la Fuerza Pública consumiendo bebidas con contenido alcohólico en vía pública y en los sitios públicos determinados por la municipalidad, recibirá una sanción entre cinco y veinte días multa; en estos casos, la Fuerza Pública deberá decomisar el producto y levantar el parte correspondiente, los cuales serán entregados a los Tribunales de Justicia”.

Dato D+: Los días multa no tienen un monto fijo, sino que cada juez debe determinar la suma de dinero correspondiente a cada día multa, y este no puede ser mayor al 50% del ingreso diario de la persona sancionada.

El artículo añade que en casos de reincidencia, la sanción será "una pena de entre 15 a 30 días de prisión" que deberá ser determinada por un juez.

La exposición de motivos no menciona la justificación para aumentar la sanción por reincidencia de una multa a días de prisión. La propuesta también introduce cambios al artículo 21 de la Ley 9047, estableciendo nuevas sanciones para la venta ilegal de licor, las cuales serían:

  • Cuando la venta se realice en un local sin licencia, se ordenará el cierre del establecimiento por siete días naturales.
  • Si la venta ocurre en otros espacios, la persona responsable deberá pagar una multa de entre 30 y 70 días multa, y se decomisará el producto.

El texto justifica esa modificación  señalando que la normativa actual es ineficaz y que su ambigüedad ha impedido aplicar sanciones de forma efectiva, incluso en casos flagrantes.

Debido a que la Asamblea se encuentra en periodo de sesiones extraordinarias, el proyecto podrá iniciar su trámite legislativo ordinario si es convocado por el Poder Ejecutivo, o a partir del 1 de agosto.