La proponente, Cynthia Córdoba, destacó que más de 13.000 animales murieron electrocutados en el país entre 2018 y 2020.

La diputada independiente, Cynthia Córdoba Serrano, presentó ante el congreso el proyecto de ley “Ley para la Electrificación Responsable”. La propuesta busca imponer un marco legal obligatorio para prevenir, mitigar y monitorear los impactos de la red eléctrica nacional sobre la fauna silvestre y los ecosistemas, promoviendo la electrificación sostenible desde el diseño de la infraestructura.

El expediente 25.066 establece que toda persona o empresa, pública o privada, involucrada en la generación, transmisión, distribución o comercialización de electricidad en el país deberá aplicar principios como desarrollo sostenible, prevención, responsabilidad y no regresión ambiental.

La ley impondría medidas obligatorias mínimas para las empresas eléctricas, como el aislamiento de cables y estructuras, el rediseño o desviación de trazados en zonas críticas y la instalación de pasos de fauna aéreos. La iniciativa indica que todo nuevo proyecto debería incluir en su presupuesto los costos de mitigación, restauración y monitoreo de impactos sobre la biodiversidad.

El texto también contempla un reporte anual obligatorio de las empresas al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), que incluiría datos sobre incidentes, especies afectadas, localización geográfica, daños a la red eléctrica y el avance en la ejecución de planes de mitigación. Además, se instruye al Minae a emitir una Guía Técnica oficial vinculante para todos los actores del sector eléctrico, actualizada cada dos años.

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En cuanto a la fauna afectada por electrocución, las compañías electrificadoras tendrían la obligación de cubrir costos y coordinar el traslado, atención veterinaria y reinserción de animales heridos o huérfanos con centros de rescate autorizados. También se promoverán alianzas con municipalidades, ONG, universidades y centros de conservación para acciones complementarias de educación ambiental y vigilancia comunitaria.

El proyecto incluye un régimen sancionatorio que aplicará las multas y medidas establecidas en las leyes de ambiente, vida silvestre y biodiversidad, con agravantes para reincidencia, y establece la responsabilidad objetiva de las empresas por daños causados por omisión de medidas técnicas. Esta
responsabilidad incluye acciones administrativas, civiles y penales, aunque el texto de ley no detalla en estas.

La propuesta de ley señala que, en caso de ser aprobada y reglamentada, las empresas tendrían un plazo de tres años para adaptar su infraestructura existente, priorizando los llamados “puntos calientes” y zonas ambientalmente frágiles.

En la justificación de la iniciativa, Córdoba Serrano señala que, aunque Costa Rica es reconocida como un país verde y comprometido con el desarrollo sostenible, la electrocución de fauna representa una amenaza grave y documentada.

Entre 2018 y 2020 se registraron más de 13.000 animales electrocutados, incluyendo especies clave como monos congo, perezosos y aves rapaces, detalló.

La diputada comentó:

Costa Rica no puede seguir permitiendo que su infraestructura eléctrica siga fragmentando hábitats y cobrando vidas silvestres. Este proyecto propone una visión moderna y responsable de desarrollo, donde la protección de la naturaleza es parte esencial del progreso”.

Además, la legisladora indicó que busca alinear la legislación nacional con compromisos internacionales como la Convención sobre Diversidad Biológica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que promueven una industrialización sostenible (9), la gestión eficiente de los recursos naturales (12), acciones para combatir el cambio climático y sus impactos (13) y proteger los ecosistemas (15).

Actualmente en el Congreso hay una iniciativa del frenteamplista, Ariel Robles Barrantes, que obliga a la construcción de pasos de fauna en carretera. Esta fue aprobada en primer debate en febrero de 2024, pero las diputaciones acordaron retrotraer el expediente con el objetivo de realizar correcciones al texto de ley antes de ser llevado al segundo debate.