Del 21 al 31 de diciembre el Reporte Delfino será reemplazado de martes a jueves por el repaso de los 12 eventos más importantes del 2021. A partir del 3 de enero el Reporte regresará en su formato habitual.

1.

Mayo: Costa Rica se convierte en el miembro 38 de la OCDE

El último gran proyecto país que logró superar las barreras partidarias y sobrevivir más de una administración, llegaría a buen puerto el 25 de mayo del 2021 cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), anunció la incorporación oficial de Costa Rica como el miembro 38 del mundo y el cuarto de Latinoamérica.

El proceso —que se prolongó por 11 años— inició durante la Administración de la presidenta Laura Chinchilla Miranda y recibiría continuidad durante los dos gobiernos siguientes, así como el impulso final de la actual Asamblea Legislativa que desde finales de 2018 puso en funcionamiento una comisión especial para tramitar y lograr la aprobación, en 13 meses, de los 14 proyectos de ley necesarios para completar los requisitos de incorporación.

Uno de los momentos más críticos del proceso fue en enero del 2021 cuando debía pasar el trámite de la consulta constitucional obligatoria, requisito de todo tratado internacional. Recibió el visto bueno de la Sala Constitucional por la mínima, en votación dividida 4 a 3.

Los tres magistrados que dieron el voto de minoría (Fernando Cruz Castro, Paul Rueda Leal y Anamari Garro Vargas) reprocharon que en el subinciso VII del inciso 1 del apartado A (referente a la aceptación de Costa Rica de las obligaciones como miembro de la OCDE), se dispone que:

La República de Costa Rica asumirá, mediante el depósito de su instrumento de adhesión a la Convención, todas las obligaciones como miembro de la Organización, incluidas, entre otras, la aceptación de: (...) vii.. Todos los instrumentos jurídicos sustantivos de la Organización vigentes en el momento de la decisión del Consejo de la OCDE de invitar a la República de Costa Rica a adherirse a la Convención".

Lo anterior, para la minoría de los altos jueces, era una disposición inconstitucional pues no se aportó al expediente el texto íntegro de todos los instrumentos jurídicos sustantivos de la OCDE, traducidos oficialmente al español, que serán vinculantes para el Estado costarricense cuando este convenio se convirtiese ley, lo que para la minoría violentaba los artículos  7, 10 inciso b), 121 inciso 4), 140 inciso 10) y 124 de la Constitución Política y, además, el artículo 96 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Sin embargo, la mayoría de la Sala (Fernando Castillo Víquez, Luis Fernando Salazar Alvarado, Jorge Araya García y la magistrada suplente Lucila Monge Pizarro) prefirió omitir esos detalles y permitir que el país continuara con el proceso de adhesión al organismo internacional.

El país se incorporó al “Club de las buenas prácticas” arrastrando grandes retos que se hacen más evidentes al comparase con las potencias mundiales, especialmente en temas de inequidad—indicador en el cual Costa Rica registra el peor resultado de toda la OCDE— y educación —con resultados que no mejoran en las pruebas PISA—, pero con la esperanza de que estar sentado en la mesa de “los grandes”, permitirá implementar mejores políticas públicas.

2.

Junio: el país se indigna ante el Caso Cochinilla

El 14 de junio del 2021 el país despertó con uno de los operativos policiales de mayor magnitud en épocas recientes: alrededor de 500 agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y del Ministerio Público realizaron ese día   57 allanamientos en distintas zonas del país y portaron 33 órdenes de detención contra personas involucradas en lo que sería conocido como el Caso Chochinilla, una investigación por supuestos delitos de: cohecho, peculado, pagos irregulares de contratos administrativos, tráfico de influencias, malversación de fondos, asociación ilícita, estafa y falsedad ideológica.

Dato D+: Al mes de agosto la cantidad de personas investigadas por el Caso Cochinilla llegaría a  80.

El director del OIJ, Walter Espinoza Espinoza, explicó en horas de la mañana ese día que el operativo se trataba de “un caso que se relaciona con corrupción en la función pública, con violación a los deberes de probidad y con eventuales malversaciones de fondos en el tema relacionado con la construcción de obra pública, particularmente carreteras, vías y aspectos de esa naturaleza".

La red criminal entregaba sobornos a funcionarios a cambio de favorecer a las empresas investigadas a la hora de asignar obras públicas, particularmente en lo que refiere a construcción, conservación y mantenimiento de la red vial. ¿Qué tipo de sobornos? Dinero, vehículos, propiedades, viajes y hasta favores sexuales “y todo aquello que ustedes puedan imaginarse”, según explicó Espinoza.

Entre las personas detenidas destacaban dos de los pesos pesados del sector construcción: el dueño de la constructora Meco, Carlos Cerdas Araya; y la representante de H. Solís, Mélida Solís Vargas. Tras la audiencia inicial, se les pondría una fianza de $5 millones para Cerdas y $3 millones para Solís que posteriormente sería anulada por el Tribunal Penal del Segundo Circuito, órgano que ordenaría prisión preventiva por cuatro meses para ambos, al acoger el argumento de la Fiscalía de que la fianza y la obligación de entregar el pasaporte no eran medidas suficientes para mitigar peligros de fuga, continuidad delictiva y obstaculización.

Dato D+: El 26 de octubre el juzgado extendió la prisión preventiva de Cerdas y Solís, quienes deberán permanecer detenidos, por lo menos, hasta finales de marzo del 2022.

Algunos detalles del expediente se darían a conocer a través de la prensa en las semanas y meses siguientes, incluyendo supuestos sobornos con kilos de carne para fiestas y otras situaciones insólitas, como cuando la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción tuvo que allanar la Municipalidad de Grecia después de que se conociera que habían enterrado documentos vinculados al caso en el cementerio.

Por su parte, el Congreso abriría una Comisión Legislativa para investigar el tema, en la cual diferentes se lograron identificar múltiples deficiencias en los procesos de controles internos del Conavi, así como múltiples inconsistencias entre las declaraciones de distintas personas ante la Comisión.

Adicionalmente, el caso dejaría, en menos de dos semanas, una baja inesperada: la Fiscala General, Emilia Navas Aparicio, fue cuestionada porque su pareja sentimental, Francisco Campos Aguilar, quien es el defensor de las empresas que están siendo investigadas, estuvo en el lugar del allanamiento sospechosamente rápido y porque dos días después del allanamiento dijo “No voy a dejar botados a mis clientes porque Emilia ocupa un cargo”.

Navas sostuvo que no existía razón para que ella dejara su puesto, sin embargo, la situación no aguantó y a pesar de que la Corte Plena rechazó investigarla por el manejo de conflicto de intereses el 21 de junio, cuatro días después Navas anunció que se acogería a su pensión a partir del mes de agosto. Al final, tras amenazas de que la Corte Plena quería entorpecer su salida, Navas adelantó su retiro y dejó la Fiscalía General el 28 de junio.

Quién sí lograría sobrevivir el escándalo con una sonrisa sería el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, quien tras anunciar su total desconocimiento de la investigación, posteriormente se contradeciría asegurando a la comisión investigadora que él sabía de la investigación desde años atrás.

3.

Mientras tanto en el mundo...

G7 dice que China y Rusia son principales amenazas de recuperación post pandemia (6 de mayo). Al culminar la primera cumbre en dos años, el G7 se alineó a Estados Unidos y criticó duramente a China por violar los derechos humanos y a Rusia por minar la democracia; sin embargo, no hubo acciones concretas contra estos países.

Israel confirma alto al fuego en Gaza (20 de mayo). Tras semanas de graves enfrentamientos entre el grupo palestino Hamás y las fuerzas armadas de Israel, en los que murieron más de 200 personas —en su mayoría civiles palestinos—, Tel Aviv anunció un alto al fuego. La ONU dijo que investigaría posibles crímenes de guerra.

Asad se aferra al poder en Siria (27 de mayo). 18 millones de personas participaron en las elecciones presidenciales, un proceso calificado por las potencias occidentales como “ilegítimo” y que le aseguró un cuarto periodo al régimen del dictador Bashar al Asad.

Oposición israelí saca a Netanyahu del gobierno (3 de junio). Benjamin Netanyahu quedó fuera del gobierno israelí tras un acuerdo de la oposición, cuyo principal reto es maniobrar la crucial diferencia entre los nacionalistas y minorías de izquierda y árabes que intentan hacer funcionar al Gobierno sin Netanyahu, que dicho sea de paso quedó en una situación bastante precaria: sin apoyo político mayoritario y en medio del juicio en su contra por acusaciones de corrupción y fraude.

Trabajo infantil aumenta a nivel global por primera vez en 20 años (11 de junio).  Entre el 2016 y enero de 2020 hubo un aumento global en la cantidad de niños y niñas que trabajan para un total de 160 millones, según estimaciones de la Organización Mundial del Trabajo y de la Unicef. La mitad de los menores bajo este flagelo tienen entre 5 y 11 años.

Lucha contra ISIS se traslada a África (29 de junio). La coalición internacional contra el Estado Islámico anunció que sus acciones contra los terroristas serán re-enfocadas de Siria e Irak a África, pues ahí es donde actualmente el grupo está en auge. Desde 2012 han asesinado a más de 3000 civiles en Burkina-Faso, Mali y Níger.