El megaoperativo que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público comandaron este lunes por corrupción en licitaciones referentes a obra pública y que tuvo entre sus sedes a Casa Presidencial y a las instalaciones del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), dejó un total de 33 órdenes de detención contra personas involucradas y 57 allanamientos en distintas zonas del país.
Así lo confirmó el director del OIJ, Walter Espinoza Espinoza, en declaraciones brindadas a la prensa esta mañana durante los allanamientos en las oficinas de CONAVI, en San Pedro:
Este es uno de los casos más importantes que han trabajado el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial en los últimos tiempos. Estamos haciendo 57 allanamientos en distintos puntos del país y es un caso que se relaciona con corrupción en la función pública, con violación a los deberes de probidad y con eventuales malversaciones de fondos en el tema relacionado con la construcción de obra pública, particularmente carreteras, vías y aspectos de esa naturaleza".
Según Espinoza, el caso se remonta a dos años atrás cuando el OIJ y la Fiscalía General de la República recibieron denuncias respecto a presuntas irregularidades en la adjudicación de los contratos de obra pública y carreteras en todo el país.
Al respecto el jerarca agregó que:
Desde el año 2019, la Fiscalía y el OIJ recibieron denuncias concretas y directas, alusivas a que había un grupo de funcionarios públicos que se estaba coludiendo con miembros, empleados, representantes y dueños de empresas privadas de muy alto nivel en nuestro país, que eran las empresas que usualmente ganaban las adjudicaciones y que estaban malversando los fondos para favorecer determinados proyectos, determinadas personas y afectar al erario público. Como consecuencia, entre la Fiscalía y el OIJ desde hace años iniciamos una investigación muy acompasada, con mucha planificación y con mucho orden que nos ha permitido a esta altura, ya tener un avance muy significativo en el caso y nos ha permitido además identificar a 33 personas que van a ser detenidas hoy y que precisamente están vinculadas con esta temática. Nos referimos en particular a la recepción de sobornos, a la obtención de regalías, gratificaciones irregulares y un comportamiento del sector privado dirigido a lograr situaciones de ventaja para sí en el tema de pagos de fondos, de presupuestos adelantados y de muchas otras circunstancias".
Espinoza agregó que este lunes se realizaron allanamientos en zonas como Pavas, Escazú, Santa Ana, Heredia y Desamparados, entre otros y aseguró que "prácticamente todo el Organismo de Investigación Judicial está interviniendo en esta operación masiva", al tiempo que señaló que hay varias personas que seguirán siendo convocadas ante los tribunales en las próximas horas "para que el proceso sea lo más ordenado posible".
La Fiscalía nos está diciendo que la investigación se va a decantar por los delitos de asociación ilícita, por peculado, por cohecho, por tráfico de influencias y muchos otros comportamientos delictivos que afloraron como consecuencia de la investigación que se ha venido desarrollando. Aproximadamente a este punto nosotros tenemos 35 eventos delictivos que como les señalo, son fundamentalmente sobornos, pagos irregulares gestados por empresas privadas que desarrollaron un sistema corrupto que les permitía obtener situaciones de ventaja respecto a otras empresas que podían participar".
Según publicó el medio Interferencia este lunes, aparentemente se habrían extraído recursos de obras como la Ruta 32 y de otras en la Zona Norte, con el fin de inyectar proyectos de las empresas involucradas como lo son la ampliación y el paso a desnivel de la rotonda de las Garantías Sociales, el proyecto de Circunvalación norte y varias obras más de conservación vial.
Así lo señaló Espinoza cuando agregó que:
Eventualmente esto también tendrá que ver con las obras que se han construido, con la premura en el pago y además con una malversación de fondos que a nosotros sí nos ha llamado mucho la atención, en virtud de que como consecuencia de estas regalías, se han trasladado fondos de proyectos que ya tenían contenido presupuestario para obras que pretendían favorecer a estas empresas. Esto lo hemos detectado desde el 2018, el 2019 y el primero trimestre del 2020 y hemos detectado que hay una laguna o un hueco de naturaleza presupuestaria, generado por esos pagos irregulares, que ronda los 78 mil millones de colones. Eso no significa que ese dinero lo hayan sustraído, sino que lo han malversado, lo han utilizado para fines diferentes sin autorización y eso ha generado situaciones de favor, compromisos y obligaciones que se materializan en el entrega de sobornos que son sobornos en dinero en efectivo, en vehículos, terrenos, puestos de trabajo y todo lo que ustedes se puedan imaginar dentro de una maraña de corrupción pública realmente muy alambicada".
Empresarios y funcionarios detenidos
Según Interferencia, las empresas allanadas este lunes son la constructora H. Solís, la empresa Meco, Constructora Herrera, la empresa Ingeniería Técnica de Proyectos (ITP) y la Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería (Cacisa).
A su vez, se reportó la detención hasta el momento, pues según Walter Espinoza se espera que continúen en el transcurso de las próximas horas, del exgerente financiero de Conavi, Carlos Solís Murillo, quien se pensionó hace seis meses; del dueño de la constructora Meco, Carlos Cerdas Araya; y de la representante de H. Solís, Mélida Solís Vargas.
Así se constata en la causa penal número 19-000025-1219-PE, de la cual este medio tiene copia, y que señala que la causa se lleva en contra de:
- Carlos Cerdas Araya (expresidente de Meco, detenido en Escazú).
- Carlos Solís Murillo (ex gerente financiero de Conavi, detenido en Sabanilla)
- Roberto Acosta Mora (secretario de H. Solís).
- Priscilla Naranjo Vargas.
- Alex Arce Barrantes.
- Keylor Godinez Abarca (Gerente de Proyectos de H. Solís).
- Juan Camilo Saldarriaga Jiménez (asesor del presidente Carlos Alvarado).
- Allan Ugalde Rojas (Gerente de la División de Contratación Administrativa, Contraloría General de la República).
- Alejandro Acosta Mora (secretario de Socios Fresa Fresa S-A.).
- Ana Ruth Alfaro Padilla (de la Gerencia de Conservación Vias y Puentes del CONAVI).
- Edgar Meléndez Cerda (Gerente Contratación de Vías y Puentes del CONAVI).
- Saúl Zamora Zamora (Gerente de Calidad en Meco, detenido en Heredia).
- Max Sittenfeld Apple (representante de Constructora Meco).
- Luis Fernando Gutierrez Vargas (gerente de la Unidad de Asfaltos de Meco).
- Mario Rodríguez Vargas (director ejecutivo del CONAVI).
- Rafael Araya Mena.
- Randal Zamora Zúñiga.
- Abel González Carballo (Gerente General de Meco, detenido en Meco).
- Alejandro Bolaños Salazar (gerente general de Meco, detenido en Curridabat).
- Médila Solís Vargas (representante de H. Solís, detenida en Santa Ana).
- Óscar Martínez Martínez (Presidente ITP, detenido en Cartago).
- Juan Carlos Abarca Quesada (detenido en Coronado)
- Tobías Arce Alpízar (representante de Meco, detenido en Meco).
- Carmen Madrigal Rímola (Directora Proveeduría Institucional del CONAVI, detenido en CONAVI).
- Hugo Fallas Zúñiga (Gerente General de Constructora Herrera, detenido en Desamparados).
- William Herrera Chacón (de Constructora Herrera, detenido en San Carlos).
- Alister Cervantes Morales (gerente de consultoría en Diseño, Inspección y Consultoría en Carreteras y Obras Civiles, DICCOC, detenido en Heredia).
- Edwin Castro Rodríguez (detenido en Alajuela)
- Elsie Carmona Rivas (detenido en Desamparados)
- Sonia Solís Vargas (representante de H. Solís)A
- Harold Mora Obando (ingeniero del Departamento de Costos del CONAVI, detenido en Cartago).
- Alejandra Bonilla Guillén (detenida en Meco)
- Edgar May Cantillano (ingeniero de proyectos del CONAVI, detenido en Desamparados).
- Luis Ureña Villalobos (ingeniero topógrafo, detenido en Heredia).
- Cristian Fallas Hernández.
- Marco Salamanca Flores (gerente de proyectos de Meco).
- Marcela Monge Hernández (representante de Meco, detenido en Cartago).
- Luis Mata Madrigal y otros.
Según agregó Wálter Espinoza en las declaraciones de hoy en la mañana:
Esencialmente es esto: un grupo de funcionarios públicos que vendieron sus consciencias que violaron las reglas éticas y las reglas morales, que recibieron sobornos, que utilizaron su poder y su función y su trabajo para efectos de favorecerse ilegalmente; y además una estructura de empresas privadas que aprovechando esa debilidad de los funcionarios públicos, se favorecieron, obtuvieron inversiones, generaron dinero de manera irregular e indebida".
El operativo es comandado por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), en conjunto con la Sección Anticorrupción del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y las diligencias judiciales fueron aprobadas por el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública del II Circuito Judicial de San José.
La prueba que se procura obtener, según el Ministerio, es documentación, equipo electrónico y otros indicios relevantes. A su vez, las personas imputadas que ya fueron detenidas se encuentran a la orden de la FAPTA "y en el transcurso del día se les tomará la declaración indagatoria; tras el análisis de la situación particular de cada una de estas, la Fiscalía valorará la solicitud de medidas cautelares, mientras avanza la investigación".
Los allanamientos se realizaron: 14 en instituciones públicas, incluido MOPT, CONAVI, CTP y Casa Presidencial; 21 casas de habitación donde habitan personas vinculadas al caso, y oficinas de las empresas privadas directamente vinculadas con los delitos.
Fe de errores: Inicialmente se consignó que el asesor de la Presidencia de la República, Juan Camilo Saldrarriaga Jiménez, había sido detenido. Sin embargo, el OIJ no lo listó en la lista confirmada de personas detenidas, por lo que fue removido.
Reacciones en Presidencia y en el MOPT
Tras los allanamientos de este lunes, la Presidencia de la República señaló que "Casa Presidencial ha dado y dará toda la colaboración a las autoridades judiciales en la diligencia de investigación que están realizando en busca de recabar elementos que puedan tener relación con el objeto de análisis de dicha investigación":
Reiteramos la profunda convicción de que la gestión pública debe darse con estricto apego a las normas legales y éticas. En aplicación de esa convicción, se facilita y facilitará a las autoridades cualquier información o documentación que pueda resultarles de utilidad para determinar los hechos en la investigación que desarrollan".
Por su parte, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, aseguró a La Nación que desconoce ‘absolutamente’ las razones de la investigación que originó diligencias judiciales esta mañana pero afirmó que la posición del Ministerio será ayudar en todo lo que sea responsable:
No tengo ninguna información y por eso me cuesta poder dar una declaración, excepto la voluntad de que haya toda la información que se pueda requerir (...) Tengo total incertidumbre de qué se trata”.
