Piedra, papel o tijera
— El viernes terminamos una semana particularmente espantosa preguntándonos si las reglas con las que Costa Rica maneja las medidas cautelares siguen respondiendo adecuadamente a la nueva realidad del crimen organizado. No pedimos cárcel automática para nadie (aquí no hemos perdido la cabeza) pero sí dijimos que, después de ver sospechosos desaparecer, jueces investigados por presuntos favorecimientos y decisiones cautelares que cuesta entender, el Poder Judicial tenía mucho que explicar.
— Bueno. Ayer el propio Poder Judicial empezó a hacerse la misma pregunta. Corte Plena dio 15 días a las salas Primera, Segunda y Tercera para revisar las normas sobre medidas cautelares en materia penal, laboral y contencioso-administrativa y plantear eventuales reformas para casos de crimen organizado y corrupción. Paul Rueda lo resumió con una frase impecable:
El derecho que no responde a la realidad es un derecho que se deslegitima”.
— La discusión estuvo inevitablemente atravesada por lo ocurrido la semana pasada. Magistrados cuestionaron tanto las cautelares aplicadas a funcionarios judiciales investigados como los casos en que jueces despedidos por la propia Corte consiguen seguir trabajando gracias a resoluciones de la jurisdicción Contencioso-Administrativa. Roxana Chacón nos regaló una línea particularmente gráfica: “ahí se borra toda la memoria”. El ejemplo fue Luis Miguel Mora Herrera, el juez de Garabito que Corte Plena despidió después de que archivara un expediente contra dos hombres vinculados con 805 kilos de cocaína, consiguió mantener suspendido ese despido mientras litigaba y la semana pasada terminó detenido en otra investigación penal.
— Amable recordatorio: Corte Plena no puede revisar resoluciones concretas ni decirle a una persona juzgadora cómo resolver. Tampoco acordó ayer que nuestras medidas cautelares sean demasiado “blandas”. Lo que hizo fue ordenar una revisión del marco legal para determinar si necesita ajustes. Una diferencia gigantesca. Pero también una reacción institucional bastante inequívoca: la preocupación existe y ya llegó hasta arriba.
— Hasta ahí, muy bien. Lástima que unas horas después a Corte Plena le tocó discutir una pregunta todavía más elemental: si en 2027 tendrá con qué aplicar las leyes que pretende mejorar.
— A ver, recordemos: el proyecto de Presupuesto Nacional presentado por Hacienda asigna al Poder Judicial ₡530.973,2 millones, 1,9% menos que este año. Pero la bronca realmente novedosa está adentro: ₡29.843,8 millones de los recursos asignados quedan sujetos a condiciones establecidas mediante normas de ejecución presupuestaria. Así que no sería correcto decir sencillamente que Hacienda “quitó” esos casi ₡30.000 millones. La plata aparece en el presupuesto. La pregunta es cuándo —y bajo cuáles condiciones— podrá usarla el Poder Judicial.
— Según explicó la institución, para desbloquear recursos habría que atravesar auditorías externas, certificaciones de la Contraloría, trámites ante la Asamblea Legislativa y finalmente gestiones ante Hacienda. El procedimiento no tiene un plazo cierto. Ana Eugenia Romero, directora ejecutiva del Poder Judicial, estima que, en el mejor de los escenarios, podría tomar alrededor de seis meses. Y aquí está el detalle que importa: una institución no puede firmar en enero un contrato anual de alquiler, licencias o mantenimiento diciendo “tranquilo, tal vez en junio me den permiso de pagarle”.
— El Ejecutivo ha defendido estas normas como mecanismos de control, transparencia y fiscalización del gasto. El Poder Judicial responde que no tiene problema con rendir cuentas —y que de hecho ya lo hace— sino con un procedimiento que puede dejar durante meses indisponibles recursos que necesita desde el comienzo del año. Esa es la discusión real. No “control sí o control no”, sino si el mecanismo de control permite que la institución siga funcionando mientras la controlan.
— Y aquí apareció un dato que vale explicar porque el lenguaje presupuestario engaña. Otra de las normas restringe el uso de las llamadas “plazas vacantes”. Uno podría imaginar 2.463 escritorios vacíos recogiendo polvo. No es ese el caso. Según Planificación, esos 2.463 puestos están actualmente prestando servicio, pero ocupados por personas interinas, sin nombramiento en propiedad. Ahí hay 810 plazas del OIJ, 251 del Ministerio Público, 230 de Defensa Pública y 739 del servicio jurisdiccional, incluidas 259 plazas de jueces y juezas.
— El ejemplo utilizado ante Corte fue bastante pedagógico: el Juzgado Penal Juvenil de Corredores tiene un solo juez y esa plaza figura administrativamente como vacante. Si a partir de enero no puede utilizarse hasta completar estudios, aprobaciones y controles externos, el despacho se queda sin juez. A veces una palabra en una hoja de Excel viene con sutil batacazo humano por dentro.
— Después habló Tecnología y la cosa empezó a parecer menos un presupuesto y más una cuenta regresiva. Aproximadamente ₡10.250 millones de los recursos tecnológicos quedarían condicionados, más del 63% de lo identificado para esa área. Si el dinero no se libera oportunamente, durante febrero comenzarían los problemas con licencias necesarias para teletrabajo, Microsoft 365, Teams, videoconferencias y audiencias virtuales; hacia marzo se comprometerían incluso herramientas básicas de ciberseguridad. Hay además más de 22 enlaces que conectan edificios, centros de datos y sistemas judiciales por todo el país.
— Y no se trata únicamente de que a alguien deje de abrirle el correo. Parte de esas herramientas sostienen sistemas especializados del OIJ para ingeniería forense, Medicina Legal, Ciencias Forenses y cibercrimen. Michael Soto recordó además que la Policía Judicial tiene digitalizada buena parte de sus investigaciones de crimen organizado: sin inversión en seguridad informática, advirtió, esa información también se vuelve más vulnerable.
— Entonces Soto pasó a lo analógico. Según el director a.i. del OIJ, la afectación identificada para el organismo ronda los ₡8.654 millones y alcanza munición, armas, radios, repuestos para vehículos, reactivos de laboratorio, pruebas de ADN y equipo especializado. En 2027 vencerán 342 chalecos antibalas; en 2028, más de mil. Soto dijo que no mandará agentes a la calle con chalecos vencidos y formuló la frase que probablemente ya vieron circular:
¿Qué será, que vamos a tener que usar piedras contra el crimen organizado?”.
— Suena simpático hasta que uno recuerda de dónde venimos. La semana pasada vimos al OIJ enfrentarse a balazos con Míster Músculo y acabamos de pasar semanas siguiendo la captura y la presunta red de colaboraciones de Diablo dentro de instituciones públicas. Precisamente cuando el país empieza a dimensionar hasta dónde llegan las capacidades del crimen organizado, el director de la Policía Judicial está explicando que podría quedarse corto de munición, protección, vehículos, investigadores y herramientas tecnológicas.
— Carlo Díaz fue todavía más lejos. El fiscal general habló de un escenario de “caos” y utilizó directamente la expresión “cierre técnico”. Explicó que las restricciones podrían dejar a la Fiscalía de Narcotráfico con 25 personas menos y restar unas 33 a la atención de delitos sexuales; proyectó posibles cierres de fiscalías por falta de recursos para alquileres y advirtió que incluso podrían correr riesgo prisiones preventivas si el Ministerio Público no logra atender ciertos expedientes a tiempo. También dijo que no descarta afectaciones severas a la jurisdicción especializada en delincuencia organizada.
— Díaz acompañó esa descripción con una acusación política muchísimo más fuerte: habló de un proyecto autoritario para debilitar al Poder Judicial y llegó a utilizar la palabra “dictadura”. Sobra decir: esa es su interpretación y no necesitamos adoptarla para dimensionar el problema. Los datos operativos son suficientemente preocupantes por sí solos. Tampoco fue el único que habló de “cierre técnico”: la expresión apareció también durante las intervenciones de ayer tanto de magistrados como del director de la Defensa Pública.
— Y es ahí donde esto deja de ser una bronca entre Zapote y la Corte. Defensa Pública dice que tendría ₡802 millones bloqueados y que 50 de sus 59 líneas operativas resultarían afectadas. La Oficina de Atención y Protección a Víctimas proyectó que, bajo el escenario analizado, tendría que cerrar servicios en Corredores, San Carlos y Liberia. Estamos hablando de personas que necesitan una pensión alimentaria, mujeres víctimas de violencia, familias que deben ser sacadas de una casa porque alguien amenaza con matarlas y personas protegidas a las que el Estado tiene que conseguirles comida, alojamiento, pañales o un colchón.
— Ahora bien: nada de esto es todavía un hecho consumado. Son las consecuencias que el propio Poder Judicial proyecta si el Presupuesto 2027 se aprueba con esas normas y si los recursos permanecen indisponibles durante los plazos que calcula la institución. Sin embargo, dado que el oficialismo cuenta con mayoría tanto en la Comisión de Hacendarios como en el Plenario, sí está en manos del oficialismo si se concreta.
— De hecho, ayer un suscriptor nos escribió una pregunta que sospecho que muchas personas se están haciendo: ¿puede el Poder Ejecutivo sencillamente hacer esto y llevar al Poder Judicial a un cierre técnico? La respuesta corta es no sin la cooperación del Legislativo. Hacienda formula el proyecto, pero el Presupuesto lo aprueba la Asamblea Legislativa, y es ahí donde la Comisión de Asuntos Hacendarios tendrá un papel decisivo en lo que suceda.
— Hay que recordar que el Presupuesto Nacional no puede ser rechazado. Aun si una mayoría del plenario vota en contra del texto que salga de Hacendarios, el texto presentado originalmente se tendría por aprobado, por lo que depende de la Comisión de Asuntos Hacendarios escuchar las advertencias del Poder Judicial o asumir las consecuencias ya anunciadas.
— Por otro lado, el Poder Judicial podría impugnar las normas presupuestarias, y aquí hay un antecedente reciente en que la Sala IV declaró inconstitucional una norma presupuestaria en 2021 por no cumplir con el artículo 167 de la Constitución Política.
— Recordemos que el artículo 167 obliga a consultar a Corte Plena los proyectos de ley que afecten la organización o funcionamiento del Poder Judicial. Si Corte se opone, para apartarse de su criterio hacen falta 38 votos. ¿Se entiende ahora por qué Pilar Cisneros insistía tanto en ese número?
— Sin embargo, la norma presupuestaria de 2021 fue declarada inconstitucional hasta en 2024, por lo que, si se repiten esos plazos, una solución por esa vía llegaría demasiado tarde. Desde la Corte fueron más optimistas y ya autorizaron a su Presidencia a preparar y presentar las acciones legales y jurisdiccionales que considere correspondientes para defender el presupuesto institucional.
— Ante las advertencias que recibimos hoy, toca aplicar a Hacienda exactamente el mismo estándar que le exigimos al Poder Judicial el viernes: explicar. Si el Ministerio considera que estos controles son necesarios para garantizar transparencia y buen uso de los recursos, corresponde explicar por qué fueron diseñados de esta manera y cómo piensa evitar las consecuencias concretas que ayer pusieron sobre la mesa Tecnología, OIJ, Fiscalía, Defensa Pública y Atención a Víctimas.
— Porque una cosa no contradice la otra. Podemos exigirle cuentas al Poder Judicial, cuestionar medidas cautelares que no entendemos, pedir que revise cómo enfrenta la corrupción interna y recordar que ningún presupuesto merece un cheque en blanco. Lo hicimos toda la semana pasada. Pero controlar al Poder Judicial no puede significar volverlo incapaz de hacer aquello por lo que precisamente le estamos exigiendo cuentas.
— Ayer la Corte pasó una parte del día preguntándose si sus herramientas jurídicas alcanzan para enfrentar mejor al crimen organizado y otra preguntándose si tendrá los recursos para utilizarlas. No sé ustedes, pero me parece una fotografía bastante fiel del momento que vive el país.
— Por ahora Hacienda puso la tijera, Corte prepara los papeles y Michael Soto ya preguntó si al OIJ le tocará usar piedras. Ojalá no lleguemos a averiguar quién gana esa partida.
Bonus track: UCR recomienda no aprobar proyecto de ley que flexibiliza intervenciones ante desastres en parques nacionales.
Hidden track: Laura Fernández ve "beneficiosas" posibles operaciones terrestres de EE. UU. en Costa Rica.
Remix: Costa Rica acumula 40 meses consecutivos con inflación por debajo de la meta del Banco Central.
Asamblea Legislativa
Diputado del PPSO enfrenta causa por acoso predatorio y señalamientos de acoso laboral
Una asesora legislativa denunció este lunes ante el Ministerio Público al diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO) Fernando Obaldía Álvarez, por hechos que la Fiscalía General investiga como un presunto delito de acoso predatorio. La funcionaria acudió posteriormente a la Dirección Ejecutiva de la Asamblea Legislativa y, junto con una segunda asesora del despacho, presentó además una denuncia por presunto acoso laboral contra el congresista.
Los detalles en Barra de Prensa.
Reporte Internacional
Canciller alemán se dice "profundamente conmocionado" tras victoria de la ultraderecha en elección regional
El canciller alemán, Friedrich Merz, aseguró este lunes que mantendrá su programa de impopulares reformas económicas pese al fuerte revés que sufrió su partido en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt, donde la ultraderechista Alternativa para Alemania consiguió una amplia victoria y quedó cerca de obtener la mayoría absoluta del Parlamento estatal. Mientras tanto, la ingeniera naval Ilya Espino de Marotta asumió este lunes como la primera mujer al frente de la Autoridad del Canal de Panamá, después de ocupar la subadministración y de desarrollar buena parte de su carrera profesional dentro de la institución. Por otro lado, Indonesia prolongó este lunes el cierre temporal de siete aeropuertos debido a la presencia de ceniza procedente del volcán Anak Krakatau, pese a que la erupción comenzó a disminuir
Los detalles en el Reporte Internacional.
La Jornada
Catalina Torres conquista el bronce en la Copa Americana de Triatlón en Brasil
La triatleta costarricense Catalina Torres Espinoza consiguió la medalla de bronce en la Americas Triathlon Cup Ilhéus 2026, disputada este domingo 6 de septiembre en Praia do Cristo, Ilhéus, Bahía, Brasil. Además, por primera vez en la historia, nuestra selección de fútbol para ciegos ganó un partido en una Copa América Absoluta. Con un hat-trick de Ángel Flores, Costa Rica derrotó 3-2 a la poderosa selección de México.
Los detalles en La Jornada.
Botonetas
— Exposición: La riqueza cultural e histórica de Costa Rica se reúne en la exposición Símbolos Patrios, una muestra artística e histórica que invita a reencontrarse con los elementos que representan la identidad, los valores y la historia de nuestro país. La exhibición, organizada por el colectivo Instinto Creativo Femenino, está disponible desde ayer en la sucursal del Banco Nacional en Cartago.
— Fotografía: El V Concurso de Fotografía de Astroturismo de Costa Rica abrió su convocatoria bajo el tema Noches ticas, con el objetivo de mostrar la belleza y el potencial del cielo nocturno desde diferentes regiones del país.
— Pura Vida: La Fundación Pura Vida presentará oficialmente el libro PURA VIDA Happy Book, una publicación bilingüe e ilustrada que explora el origen, significado, historia, valores y emociones vinculados con una de las expresiones más reconocidas de Costa Rica dentro y fuera del país.
— Exposición: El artista visual costarricense Ronald Gamboa Venegas presentó Trascendencia, una nueva serie de obras que explora la memoria, la ausencia y la transición entre la vida y la muerte a partir de una experiencia personal.
— Literatura: El arte costarricense suma un nuevo título con Franklin Zúñiga Jiménez: todos los materiales de un mundo, una publicación de Alexander Jiménez, director de la Editorial de la Universidad de Costa Rica, y la escultora Francis Abarca.