Corte Plena autorizó a la Presidencia del Poder Judicial a preparar acciones para defender el presupuesto ante las condiciones incorporadas por Hacienda.
El Poder Judicial advirtió este lunes que las condiciones incorporadas por el Ministerio de Hacienda al proyecto de Presupuesto Nacional 2027 para utilizar ₡29.843,8 millones podrían retrasar durante meses el acceso a esos recursos y afectar la operación de oficinas judiciales, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los sistemas tecnológicos y la atención a las personas usuarias.
El proyecto de presupuesto, presentado por Hacienda a la Asamblea Legislativa el pasado 1 de setiembre, asigna ₡530.973,2 millones al Poder Judicial, lo que representa una reducción de 1,9% respecto de lo asignado este año. Adicionalmente, ₡29.843,8 millones quedarían sujetos al cumplimiento de requisitos establecidos mediante cuatro normas de ejecución presupuestaria.
Entre esos requisitos figuran auditorías externas, certificaciones de la Contraloría General de la República, trámites ante la Asamblea Legislativa y posteriores gestiones ante Hacienda para liberar los recursos.
El Poder Judicial cuestionó que el procedimiento no establece un plazo determinado para completar esas etapas. Según sus estimaciones, solo la fase legislativa podría tomar un periodo similar al trámite de un presupuesto extraordinario, de hasta 93 días naturales, sin contabilizar las etapas previas.
La directora ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero Jenkins, señaló:
El Poder Judicial rinde cuentas, está acostumbrado a rendir cuentas a la ciudadanía, a tener como principio fundamental de su quehacer la transparencia. Pero aquí nos imponen controles que no tienen un tiempo definido de cumplimiento ni tampoco una seguridad de que finalmente se vayan a satisfacer”.
La institución sostiene que una liberación tardía obligaría a reprogramar contrataciones, compras y proyectos y podría dejar un periodo insuficiente para ejecutar los recursos durante 2027.
Durante la sesión de Corte Plena, las autoridades judiciales insistieron en que no cuestionan la fiscalización, las auditorías ni la rendición de cuentas, sino las condiciones establecidas para acceder a recursos incluidos en el proyecto presupuestario. También señalaron que el mecanismo para bloquear esos ₡29.843,8 millones se aplicaría específicamente al Poder Judicial.
Más de 2.400 plazas quedarían sujetas a autorización
Otro de los puntos discutidos corresponde al uso de plazas vacantes. Una de las normas establece que estas no podrían utilizarse sin un estudio técnico de costo-beneficio de la Contraloría General de la República, que posteriormente tendría que conocer Corte Plena y aprobar una comisión de la Asamblea Legislativa.
Durante la sesión se informó que el Poder Judicial tiene 2.463 plazas que administrativamente figuran como vacantes, pero actualmente se encuentran ocupadas mediante nombramientos interinos.
De ellas, 810 corresponden al OIJ; 739 al servicio jurisdiccional; 294 a Dirección y Administración; 251 al Ministerio Público; 230 a la Defensa Pública; 115 al Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos; y 24 a la Administración del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial. Dentro del área jurisdiccional, 259 corresponden a plazas de jueces y juezas.
Las autoridades judiciales señalaron que la restricción también alcanzaría las nuevas vacantes que surjan durante 2027 por jubilaciones, renuncias, fallecimientos u otras causas.
Como ejemplo, durante la sesión se mencionó el caso del Juzgado Penal Juvenil del Segundo Circuito Judicial de la Zona Sur, en Corredores, donde la plaza de la persona juzgadora figura como vacante. Según lo expuesto, si esa plaza no pudiera utilizarse mientras se completa el procedimiento, el despacho quedaría sin juez.
Tecnología tendría ₡10.250 millones condicionados
El director de Tecnología de la Información del Poder Judicial, Martín Hernández, informó que aproximadamente ₡10.250 millones del presupuesto tecnológico quedarían condicionados, cifra que representa más de 63% de los recursos tecnológicos identificados durante el análisis institucional.
Hernández advirtió que la restricción podría afectar contratos de licenciamiento, infraestructura, telecomunicaciones, soporte y ciberseguridad.
Según explicó ante Corte Plena, los recursos disponibles permitirían cubrir algunas licencias únicamente durante los primeros meses de 2027. Entre los servicios mencionó herramientas necesarias para el teletrabajo, Microsoft 365, Teams, antivirus, mantenimiento de infraestructura y enlaces de comunicaciones.
El funcionario indicó que el Poder Judicial mantiene más de 22 contratos de enlaces de fibra óptica que conectan oficinas, sedes, centros de datos y sistemas en distintas partes del país.
Hernández también señaló que parte de los recursos condicionados corresponde a tecnología utilizada por el OIJ, incluido software especializado para ingeniería forense, ciencias forenses, medicina legal y combate al cibercrimen.
OIJ advierte afectación en equipo policial
El director del OIJ, Michael Soto Rojas, indicó que la afectación identificada para ese organismo ronda los ₡8.654 millones y advirtió sobre consecuencias para la adquisición y mantenimiento de armas, municiones, chalecos antibalas, vehículos, radios de comunicación, equipos de laboratorio y herramientas tecnológicas.
Soto señaló que durante 2027 vencerá la vida útil de 342 chalecos antibalas y que en 2028 vencerán más de 1.000. También indicó que una restricción de recursos dificultaría adquirir repuestos para vehículos y mantener los sistemas de comunicación utilizados por la Policía Judicial.
El director del OIJ añadió que 810 de las plazas que figuran como vacantes corresponden al organismo, incluidas posiciones de investigación y medicina forense.
También advirtió que las restricciones tecnológicas podrían afectar herramientas utilizadas para consultar bases de datos y trabajar en investigaciones de crimen organizado, narcotráfico y cibercriminalidad, así como la seguridad de la información almacenada por el organismo.
Soto señaló a Corte Plena:
Ustedes saben que nosotros manejamos información muy sensible en nuestros sistemas, de investigaciones. Prácticamente hemos digitalizado todos los casos de crimen organizado. Están en los sistemas. Si nosotros no invertimos en la seguridad informática, todos esos sistemas podrían ser vulnerables y todas las investigaciones de crimen organizado, alguien podría tener acceso y volverlas públicas, afectando todas las investigaciones de crimen organizado y narcotráfico".
Soto también vinculó las condiciones previstas para 2027 con las reducciones presupuestarias que Hacienda planteó durante este año:
En el año en que hemos sido más exitosos contra el crimen organizado, que hemos desarticulado más grupos, y vienen todavía más grupos antes del cierre del año, es cuando paulatinamente nos han venido afectando con esas tres rebajas".
Ministerio Público y Defensa Pública advierten cierre técnico
El fiscal general, Carlo Díaz Sánchez, indicó durante la sesión que el Ministerio Público enfrenta una disminución presupuestaria proyectada de ₡558 millones y advirtió sobre posibles consecuencias en oficinas, alquileres y personal.
Díaz señaló que, de materializarse el escenario analizado, podrían tener que cerrarse servicios en lugares como Cóbano, Jacó y Quepos. También mencionó afectaciones en la Fiscalía de Narcotráfico y en la atención de delitos sexuales.
El fiscal general señaló:
Va a reinar el caos en el 2027. No sé quién irá a estar sentado en el puesto del Ministerio Público, pero si esto sucede la va a tener muy dura, muy, muy dura. Y vamos a ahí. Ya me estoy adelantando. Se va a dar un cierre técnico prácticamente del Poder Judicial".
Díaz añadió:
Este escenario no lo podemos calificar de otra manera. Yo lo he venido diciendo, aquí hay un proyecto político con un fin autoritario muy marcado. Prácticamente nos lleva a una dictadura. Y definitivamente. ¿Qué es lo que se quiere? Bueno, el caos. Yo no sé, reitero, si estaré en el 2027, pero hoy, hoy como Fiscal General voy a decir las cosas como son”.
Por su parte, el director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez, cuestionó las normas presupuestarias incluidas por Hacienda y señaló:
La narrativa dirá que no nos están recortando presupuesto, pero la verdad es que las condiciones que han impuesto, particularmente al Poder Judicial, tienen como único fin que nosotros no podamos ejecutar este dinero”.
Pérez informó que el proyecto propone bloquear ₡802 millones del presupuesto de la Defensa Pública y que la medida alcanzaría 50 de sus 59 líneas operativas.
El funcionario advirtió que las restricciones podrían comprometer oficinas y servicios presenciales o virtuales en comunidades alejadas, incluida la atención en materia penal, laboral, agraria y de pensiones alimentarias.
Pérez explicó:
La Defensa Pública se ha preocupado por llevar a acceso a la justicia a comunidades donde no hay oficinas judiciales y tenemos estaciones virtuales en sitios y en lugares en donde hemos favorecido la oportunidad de que estas personas sean atendidas por las personas defensoras públicas, sin necesidad de trasladarse a los centros de población o a los centros donde hay edificios judiciales”.
El director señaló que las dificultades para mantener herramientas tecnológicas y pagar alquileres podrían obligar a revisar la continuidad de servicios en distintas comunidades.
Pérez concluyó:
Esto va más allá de decir que nos han bloqueado un presupuesto. Esto en realidad nos pone a las puertas de un cierre técnico de la defensa pública y particularmente en pocos días del Poder Judicial”.
Atención a víctimas también advierte posibles cierres
Roger Mata, de la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito, señaló que las condiciones presupuestarias también podrían afectar servicios destinados a personas amenazadas o que requieren asistencia después de sufrir un delito.
Según los datos presentados a Corte Plena, el programa de protección atiende en promedio a 13.406 personas, mientras otros servicios de atención alcanzan a 9.454 personas.
Mata advirtió que, si las condiciones se materializan, la oficina tendría que cerrar servicios en Corredores, San Carlos y Liberia a partir de enero para compensar la afectación prevista en alquileres.
El funcionario también explicó que entre las partidas condicionadas se encuentran recursos utilizados para atender necesidades de personas protegidas, entre ellas alimentación, alojamiento, colchones, ropa y otros artículos cuando una persona o familia debe abandonar inmediatamente su vivienda por razones de seguridad.
Corte autoriza acciones para defender presupuesto
Tras las exposiciones, Corte Plena autorizó a la Presidencia del Poder Judicial a preparar y presentar las acciones legales y jurisdiccionales que considere correspondientes para defender el presupuesto institucional. Las magistraturas de la Sala Constitucional se abstuvieron de participar en esa autorización.
El Poder Judicial reiteró que acepta la fiscalización de los recursos y los controles de la Contraloría, pero sostiene que las normas propuestas podrían impedir o retrasar la ejecución de partidas durante el año para el cual fueron presupuestadas.
Durante la discusión, varias magistraturas también cuestionaron la constitucionalidad de las condiciones propuestas. Esos señalamientos corresponden a las posiciones expresadas durante la sesión de Corte Plena y no constituyen una resolución judicial sobre la validez de las normas.