Una asesora legislativa denunció este lunes ante el Ministerio Público al diputado del Partido Pueblo Soberano (PPSO) Fernando Obaldía Álvarez, por hechos que la Fiscalía General investiga como un presunto delito de acoso predatorio. La funcionaria acudió posteriormente a la Dirección Ejecutiva de la Asamblea Legislativa y, junto con una segunda asesora del despacho, presentó además una denuncia por presunto acoso laboral contra el congresista.
La Fiscalía General confirmó la apertura de la causa penal bajo el expediente 26-000088-0033-PE, en perjuicio de una persona adulta. El Código Penal define el acoso predatorio como el hostigamiento reiterado e insistente contra una persona, sin su consentimiento, mediante conductas que afecten su intimidad, integridad, vida privada o actividades cotidianas.
Entre los acontecimientos que la asesora incorporó a su denuncia penal figura un episodio que, según su relato, ocurrió el 18 de agosto, cuando permanecía a solas con Obaldía en el despacho del legislador para conversar sobre asuntos laborales. La funcionaria afirmó que su brasier se desplazó accidentalmente y que el diputado hizo entonces un comentario sobre la prenda.
Uy, qué color rojo, ya me imagino la parte de abajo y la combinación".
La denunciante atribuyó esa frase a Obaldía y sostuvo que posteriormente el diputado recorrió su cuerpo con la mirada, conducta que ella interpretó como de carácter sexual y que, según declaró, le provocó miedo, incomodidad y una sensación de vulnerabilidad. Ninguna otra persona presenció directamente el episodio, aunque la asesora afirmó que pocos minutos después contó lo sucedido a dos personas que se encontraban en el Congreso y ofreció sus testimonios para respaldar su relato.
La Fiscalía tramita estos hechos bajo la figura de acoso predatorio. La legislación contempla agravantes para ese delito, entre otros supuestos, cuando una persona utiliza comunicaciones con contenido sexual manifiesto, se aprovecha de una relación de autoridad o poder sobre la víctima o utiliza para el acoso la función que desempeña.
Después de acudir al Ministerio Público, la misma funcionaria presentó una queja formal ante la Dirección Ejecutiva del Congreso. Además, ella y otra asesora del despacho denunciaron a Obaldía por presunto acoso laboral.
La denuncia por acoso laboral también señala a Diana Fernández Monge, asesora del despacho de Obaldía, a quien una de las denunciantes atribuye participación en varios de los episodios. El documento describe 14 hechos ocurridos entre el 5 de agosto y el 3 de setiembre, entre ellos cuestionamientos reiterados sobre el desempeño profesional, instrucciones fuera del horario habitual, descalificaciones y actuaciones relacionadas con el seguimiento de funcionarias mediante cámaras de seguridad de la Asamblea.
Según la relación de hechos, Obaldía cuestionó a una de las asesoras dos días después de su ingreso porque todavía no observaba los resultados que esperaba de su trabajo y posteriormente dio al equipo de comunicación dos semanas para mejorar el desempeño de sus redes sociales. La funcionaria rechazó esa valoración y aportó métricas de Meta Business Suite que, según la denuncia, mostraban aumentos del 89% en visualizaciones, 66% en interacciones y 108% en seguidores netos durante los 28 días anteriores.
La asesora también relató una gira a San Carlos durante la cual permaneció en labores durante unas 15 horas y señaló que Obaldía enviaba instrucciones desde las 5:37 de la mañana para solicitar cambios en material audiovisual. Asimismo, afirmó que el diputado la citó a una reunión a puerta cerrada en la que le manifestó estar satisfecho con su trabajo, pero le dijo que otras personas le comentaban que ella se encontraba ansiosa.
Uno de los acontecimientos incluidos en la denuncia ocurrió el 24 de agosto, cuando Obaldía dirigió un oficio al Departamento de Seguridad de la Asamblea Legislativa para solicitar grabaciones de cámaras correspondientes al 20 y 21 de ese mes. El requerimiento abarcó los recorridos de dos funcionarias por distintos puntos del edificio, incluidos los accesos al Plenario, el pasillo hacia el despacho del diputado, el corredor que conduce al baño de mujeres del piso 13 y el trayecto de una funcionaria hasta Recursos Humanos.
La denunciante aseguró que la acumulación de esos acontecimientos derivó en una crisis de ansiedad y una incapacidad laboral, y sostuvo que determinadas actuaciones continuaron mientras permanecía incapacitada. También pidió que la Asamblea abra un procedimiento administrativo ordinario contra Obaldía y Fernández y solicitó medidas cautelares, entre ellas su reubicación fuera del despacho, restricciones de contacto, protección frente a posibles represalias y la preservación de grabaciones y demás pruebas institucionales.
Las denuncias conocidas este lunes no corresponden al primer conflicto laboral reportado dentro del despacho de Obaldía. Meses atrás, otra funcionaria manifestó disconformidad con el trato recibido y solicitó al jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta, y a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, que la trasladaran; posteriormente quedó asignada a labores de la jefatura de fracción.
Acosta confirmó en junio que la funcionaria había solicitado el traslado, aunque en ese momento negó conocer alguna denuncia por acoso sexual relacionada con el caso.
PPSO dice que no minimizará la denuncia
La fracción del Partido Pueblo Soberano evitó pronunciarse sobre el fondo de las acusaciones y sostuvo que esperará el desarrollo de los procedimientos antes de adelantar conclusiones. La bancada afirmó que toma con "absoluta seriedad" cualquier denuncia y alegó que mantendrá reserva para proteger la confidencialidad de las personas involucradas, respetar el debido proceso y evitar la revictimización.
No vamos a minimizar ninguna situación de esta naturaleza".
El PPSO aseguró que actuará con firmeza si los procedimientos correspondientes comprueban conductas que atenten contra la dignidad o integridad de las personas. La agrupación también afirmó que guardar reserva sobre los detalles no implica indiferencia frente a los señalamientos.
Obaldía, por su parte, declinó referirse a las acusaciones. La oficina de prensa de la bancada comunicó que el diputado no ofrecería declaraciones "por ser un tema judicializado".
Breves
— Este lunes el plenario votó 301 mociones de revisión al proyecto de ley de jornadas de 12 horas. Quedan pendientes 910 mociones de revisión. Al ritmo actual, las mociones se agotarán el lunes 14 de septiembre.
Proyectos dictaminados
Este lunes no sesionaron las comisiones dictaminadoras.
Leyes publicadas
En el Alcance N.° 118 a La Gaceta N.° 168 del lunes 7 de septiembre de 2026 se publicaron y entraron a regir las siguientes leyes:
— Ley 10.968 "Ley para facilitarle a las ciudadanas y los ciudadanos la empleabilidad como choferes de transporte público" que se tramitó bajo el expediente 23.080. Esta iniciativa se aprobó en segundo debate el 16 de julio de 2026, por lo que transcurrieron 53 días para que se publicara en La Gaceta.
— Ley 10.970 "Adición de un artículo 31 bis a la Ley 7554, Ley Orgánica del Ambiente, del 04 de octubre de 1995; ley para garantizar pasos de fauna en infraestructuras" que se tramitó bajo el expediente 23.166. Esta iniciativa se aprobó en segundo debate el 4 de agosto de 2026, por lo que transcurrieron 34 días para que se publicara en La Gaceta.
— Ley 10.973 "Ley para facilitar la negociación de valores extranjeros en Costa Rica mediante la implementación del reconocimiento de jurisdicción y la participación de inversionistas no domiciliados por medio de la operación remota de intermediarios bursátiles extranjeros" que se tramitó bajo el expediente 25.244. Esta iniciativa se aprobó en segundo debate el 27 de agosto de 2026, por lo que transcurrieron 11 días para que se publicara en La Gaceta.