El escándalo no reside solamente en las palabras y conductas atribuidas al diputado Fernando Obaldía Álvarez, sino en la mirada que estas revelan: una mirada que deja de reconocer personas y comienza a clasificar cuerpos.
“Vea qué buena esa res”, habría dicho el legislador al observar a una mujer. La metáfora ganadera, por tanto, no la construimos quienes cuestionamos su comportamiento: procede del lenguaje que una de sus asesoras le atribuye en la denuncia presentada ante el Ministerio Público.
La mirada del depredador funciona así. Convierte cuanto se mueve a su alrededor en una víctima posible, en territorio para la cacería, la sumisión o el consumo. Cuando esa mirada pertenece, además, a una persona investida de poder político y autoridad laboral, sus instrumentos no son únicamente la vulgaridad, los gestos obscenos o la insinuación sexual: también lo son la jerarquía, el miedo al despido, la vigilancia y una inmunidad que puede confundirse con impunidad.
Dos funcionarias han acudido ante la Fiscalía para denunciar al diputado Obaldía por hechos que se investigan como presunto acoso predatorio. También se han presentado denuncias administrativas por supuesto acoso laboral. Una de las asesoras solicitó ser trasladada y protegida contra represalias; otra relató haber abandonado el despacho después de sufrir una crisis emocional. Se ha documentado, además, que el legislador pidió grabaciones de las cámaras de seguridad para reconstruir los recorridos de dos trabajadoras dentro del edificio legislativo.
Corresponde a las autoridades determinar si los hechos ocurrieron, establecer su gravedad y atribuir las responsabilidades pertinentes. El debido proceso debe respetarse. Pero respetarlo no obliga a la ciudadanía a fingir que las denuncias son triviales ni impide exigir protección inmediata para quienes afirman haber sido víctimas.
El caso tampoco aparece en medio de una conducta ejemplar de la bancada oficialista. Hace pocas semanas, la diputada Cindy Murillo llamó “damas de compañía” a dos legisladoras de la oposición y se negó a retractarse. Después, 26 integrantes de Pueblo Soberano rechazaron una moción para condenar esas palabras. Más recientemente, la diputada Nayuribe Guadamuz compartió y respaldó una publicación que deseaba una agresión física contra el exdiputado Ariel Robles y celebraba la posibilidad de verlo recogiendo sus dientes del suelo.
No se trata de episodios idénticos ni deben confundirse sus responsabilidades. Pero juntos revelan una preocupante incapacidad política para establecer límites frente a la humillación, la violencia verbal y el abuso de poder.
Duele admitir que uno de los poderes sobre los que descansa nuestra democracia pueda convertirse en escenario de comportamientos vulgares, violentos y degradantes. Quienes alguna vez fueron llamados Padres de la Patria hoy parecen, en algunos casos, más interesados en insultar, amenazar o someter que en legislar para una sociedad urgida de soluciones.
La Asamblea Legislativa no es una cantina, un matadero ni una feria ganadera. Es el lugar donde se discuten y aprueban las leyes de la República. Quienes ocupan una curul no reciben una licencia para degradar a sus colegas ni para convertir a sus subalternas en objetos sometidos a inspección, vigilancia o consumo imaginario.
La presión ciudadana resulta indispensable. También lo es exigir al Partido Pueblo Soberano que deje de protegerse detrás de comunicados cautelosos y adopte medidas concretas: asegurar la protección de las denunciantes, impedir cualquier represalia, facilitar una investigación independiente y aplicar las consecuencias correspondientes si los hechos son comprobados.
El debido proceso protege al denunciado. No puede utilizarse para abandonar a las denunciantes. Si Fernando Obaldía dijo, como sostiene una de ellas, “soy diputado y tengo inmunidad”, conviene responderle desde la ciudadanía: la inmunidad es una garantía institucional, no una licencia moral; una curul protege la función legislativa, no la mirada del depredador.