La revisión abarcará procesos penales, laborales y contencioso-administrativos.
La Corte Suprema de Justicia acordó este lunes revisar las normas que regulan las medidas cautelares en procesos penales, laborales y contencioso-administrativos, con el objetivo de valorar posibles reformas ante casos relacionados con crimen organizado y corrupción.
La decisión establece un plazo de 15 días para que las salas Primera, Segunda y Tercera de la Corte realicen la revisión y planteen eventuales propuestas de modificación.
Según el Poder Judicial, el análisis buscará determinar si el marco normativo vigente permite responder adecuadamente a situaciones relacionadas con crimen organizado y corrupción, sin intervenir en casos judiciales concretos.
Entre los aspectos que se analizarán se encuentran los casos en los que una medida cautelar pueda implicar reinstalar o no a una persona trabajadora mientras enfrenta una investigación relacionada con corrupción o crimen organizado.
El magistrado de la Sala Constitucional Paul Rueda Leal, uno de los impulsores de la iniciativa, señaló:
El derecho tiene que responder a las necesidades que demanda la realidad social. Por eso, es necesario revisar y precisar la normativa sobre medidas cautelares, de manera que establezca los elementos que deben analizarse para decidir su aplicación. Esta revisión debe realizarse periódicamente, sin prejuzgar sobre casos concretos, para fortalecer la seguridad jurídica y permitir una respuesta más clara ante las situaciones que se están presentando".
La iniciativa también fue impulsada por los magistrados Luis Porfirio Sánchez Rodríguez y Jorge Olaso Álvarez, de la Sala II; Jorge Leiva Poveda, de la Sala I; y Patricia Vargas González, de la Sala III.
El Poder Judicial enfatizó que la revisión no contempla modificar resoluciones judiciales ni intervenir en casos concretos, ya que las decisiones sobre la aplicación de medidas cautelares corresponden exclusivamente a las personas juzgadoras.
La magistrada Vargas señaló:
La Corte no puede entrar a valorar o revisar decisiones jurisdiccionales concretas, pero está claro que, frente a la letra de la ley, se puede analizar, discutir y valorar la generación de propuestas que permitan responder mejor a las situaciones que se presentan actualmente en el país".
El análisis se suma a otra revisión que realiza la Sala III sobre el Código Procesal Penal, dirigida a valorar posibles ajustes ante el crecimiento del crimen organizado.
Prioridad para casos de corrupción que involucren funcionarios judiciales
Este lunes, la Corte Plena también aprobó una propuesta de la magistrada de la Sala I Damaris Vargas Vásquez para que los despachos y oficinas judiciales den una atención diligente y prioritaria, cuando legalmente corresponda, a los procesos que involucren a personas funcionarias judiciales investigadas por presunta corrupción.
El acuerdo busca agilizar los expedientes en los que estén pendientes decisiones sobre medidas cautelares, sentencias o recursos. La Corte señaló:
El Poder Judicial busca fortalecer su respuesta ante posibles hechos de corrupción, procurar que estos procesos avancen oportunamente y proteger la confianza de la ciudadanía en la institución".
El Poder Judicial señaló que la medida resulta particularmente relevante cuando una persona funcionaria investigada permanece suspendida con goce de salario, debido al impacto que esas situaciones pueden tener tanto en el servicio de justicia como en el presupuesto institucional.