Las cuatro jerarcas firmaron una declaración sobre convivencia democrática, anunciaron mesas de trabajo en materia de seguridad y acordaron volver a reunirse en febrero de 2027.
Las presidentas de los cuatro Supremos Poderes de la República acordaron este viernes restablecer los espacios periódicos de diálogo y coordinación interinstitucional, impulsar acciones conjuntas para combatir la criminalidad y fortalecer la convivencia democrática, con el compromiso de respetar la independencia y las competencias constitucionales de cada institución.
El encuentro, celebrado en la sede de la Corte Suprema de Justicia por iniciativa de su presidenta, Patricia Vargas González, contó con la participación de la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado; la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez Fallas, y la presidenta del TSE, Eugenia Zamora Chavarría.
La reunión tuvo lugar en un momento inédito en la historia costarricense, pues por primera vez cuatro mujeres encabezan simultáneamente los poderes del Estado, incluído el órgano electoral, 77 años después de que la Constitución Política de 1949 reconociera a las mujeres el derecho al sufragio, que ejercieron por primera vez en 1950.
Al término del encuentro, las jerarcas suscribieron una declaración conjunta sobre convivencia democrática que recoge seis principios y seis compromisos relacionados con la independencia de los poderes, la seguridad ciudadana, la libertad de expresión y de prensa, la prevención de la violencia contra las mujeres y el respeto a los procesos electorales.
Compromisos en defensa de la democracia

En el documento, las cuatro presidentas reivindicaron los principios constitucionales de separación de poderes, legalidad y rendición de cuentas, y reconocieron que la cooperación entre las instituciones debe desarrollarse con pleno respeto a las atribuciones que la Constitución Política y las leyes confieren a cada una.
Que la República pertenece a todas las personas que la habitan y descansa en la igualdad ante la ley, en la división del poder y en la participación ciudadana. Sus instituciones trascienden a quienes temporalmente las dirigimos, y nuestro deber es entregarlas fortalecidas a quienes nos sucedan".
La declaración también incorpora un pronunciamiento en defensa de la crítica, la protesta pacífica, la manifestación libre de opiniones, el disenso, la libertad de expresión y de prensa y el escrutinio público, que las jerarcas reconocieron como elementos esenciales de la democracia que deben poder ejercerse sin temor.
Las controversias sobre lo que se publica se resuelven por los cauces del derecho y nunca con violencia".
En esa misma línea, las firmantes asumieron el compromiso de reforzar la protección de quienes enfrentan amenazas contra su vida o su integridad por informar, denunciar delitos o ejercer funciones públicas, especialmente en la lucha contra la criminalidad. Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, Vargas hizo referencia al asesinato del periodista Camilo Rodríguez al reiterar el compromiso del Poder Judicial con la defensa de la libertad de expresión.
Las jerarcas también se comprometieron a fortalecer la prevención, atención y sanción de la violencia política contra las mujeres en los procesos electorales, la función pública, el régimen municipal y las instituciones autónomas, así como de otras manifestaciones de violencia contra las mujeres, incluido el femicidio.
Seguridad ciudadana y lucha contra el crimen organizado

La seguridad ciudadana ocupó buena parte de las conversaciones de este viernes. Las presidentas coincidieron en la necesidad de articular las capacidades de las instituciones para enfrentar la delincuencia y el crimen organizado, desde la prevención de la violencia hasta la investigación de los delitos, la persecución penal, el cumplimiento de las penas y la atención de las víctimas.
Fernández y Vargas anunciaron que sus equipos de trabajo se reunirán la próxima semana para analizar mecanismos que permitan a los cuerpos policiales del Poder Ejecutivo aprovechar mejor la información sobre las órdenes de captura pendientes, sin vulnerar las competencias del Poder Judicial ni las disposiciones legales sobre protección de datos personales.
Ambas jerarcas también acordaron instalar una mesa de trabajo para avanzar en la realización de audiencias judiciales virtuales, particularmente en casos que involucren a personas privadas de libertad de alta peligrosidad, con el objetivo de reducir los riesgos y costos asociados a su traslado fuera de los centros penitenciarios.
Otros asuntos planteados por Fernández fueron las demoras en la autorización de allanamientos solicitados por la Policía de Control de Drogas (PCD) y la coordinación entre las autoridades penitenciarias y judiciales en relación con la salida de personas privadas de libertad. Vargas manifestó su disposición a examinar esas inquietudes desde una perspectiva institucional, pero recordó que las autoridades del Poder Judicial no pueden intervenir en las decisiones que adopten los jueces en casos particulares.
Por su parte, Jiménez se comprometió a impulsar iniciativas legislativas de interés para el Poder Judicial. Entre ellas, Vargas destacó una reforma al Código Procesal Penal y a la Ley Orgánica del Poder Judicial para agilizar los procesos judiciales (expediente 24.913) y una reforma a la legislación que regula el régimen disciplinario de las personas servidoras judiciales (expediente 25.869).
Elecciones municipales y financiamiento político
La presidenta del TSE informó a sus colegas sobre los preparativos para las elecciones municipales de 2028, cuyo cronograma electoral comenzará el próximo 5 de diciembre. Según las proyecciones del organismo electoral, el proceso involucrará la elección de más de 6200 cargos municipales y la inscripción de más de 45.000 candidaturas.
Durante el encuentro también se abordaron los riesgos que representa el crimen organizado para los procesos electorales, particularmente en materia de financiamiento partidario. Fernández planteó la necesidad de modernizar la legislación electoral y fortalecer los mecanismos de debida diligencia para prevenir el ingreso de recursos vinculados con actividades ilícitas a las campañas políticas.
En la declaración conjunta, las cuatro jerarcas asumieron el compromiso de observar las disposiciones del ordenamiento jurídico relacionadas con las elecciones municipales de 2028 y reconocieron que la imparcialidad de las autoridades públicas frente a la elección de los gobernantes locales constituye una garantía de la pureza del sufragio.
Persisten diferencias sobre el presupuesto judicial

Aunque inicialmente Vargas indicó que el presupuesto del Poder Judicial para 2027 no había sido objeto de discusión por encontrarse el asunto bajo conocimiento de la Sala Constitucional, las intervenciones posteriores de ambas jerarcas revelaron que Fernández presentó información presupuestaria a sus colegas y que Vargas expuso nuevamente las preocupaciones de la institución que preside.
Fernández negó que las decisiones presupuestarias del Ejecutivo tengan como propósito socavar la independencia judicial o limitar las capacidades de ese poder de la República. Vargas, por su parte, reiteró que el Poder Judicial no pretende obtener recursos adicionales, sino que se eliminen las restricciones contenidas en las normas de ejecución presupuestaria.
La presidenta de la Corte advirtió que esas disposiciones comprometen la continuidad de distintos servicios judiciales, entre ellos las licencias informáticas, el funcionamiento de las bases de datos sobre órdenes de captura, el trámite de impedimentos de salida del país en el aeropuerto y el proyecto de una morgue en Buenos Aires de Puntarenas.
Ambas jerarcas coincidieron en que esperarán el pronunciamiento de la Sala Constitucional sobre las disposiciones presupuestarias cuestionadas.
Próximo encuentro será en febrero
Durante su intervención, Zamora destacó el significado histórico de que cuatro mujeres presidan simultáneamente las máximas instituciones del Estado costarricense, pero advirtió que el principal desafío consiste en traducir esa representación en políticas públicas que hagan efectiva la igualdad entre hombres y mujeres y otorguen mayor relevancia a los cuidados, la educación y la salud dentro de las prioridades estatales.
Las cuatro jerarcas se comprometieron a promover un espacio periódico de interlocución y trabajo coordinado, de carácter consultivo y de cooperación, cuyas conclusiones serán valoradas por cada institución conforme a sus propias competencias y procedimientos. Asimismo, acordaron informar a la ciudadanía sobre los avances y resultados de ese trabajo.
Jiménez anunció que el próximo encuentro tendrá lugar en la Asamblea Legislativa en febrero de 2027, ocasión en la que las presidentas darán seguimiento a los asuntos abordados este viernes y rendirán cuentas sobre los avances alcanzados durante los próximos meses.







