La presidenta del Poder Judicial aprovechará el encuentro para proponer que se retomen las reuniones entre las presidencias de los supremos poderes, en medio de las tensiones por el presupuesto judicial de 2027.
La presidenta del Poder Judicial, Patricia Vargas González, confirmó que asistirá a un almuerzo con la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, el próximo lunes 9 de noviembre en Casa Presidencial, después de recibir una invitación de la mandataria el 27 de octubre.
Mediante un comunicado divulgado este miércoles, el Poder Judicial informó que Vargas aprovechará el encuentro para invitar formalmente a Fernández a retomar las reuniones entre las presidencias de los supremos poderes de la República. La propuesta, aún sin fecha definida, también incluiría a las presidencias de la Asamblea Legislativa y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), y el encuentro se realizaría en la sede del Poder Judicial.
El anuncio llega apenas dos días después de que la Corte Plena eligiera a Vargas como presidenta del Poder Judicial para el periodo 2026-2030, convirtiéndola en la segunda mujer en ocupar el cargo en la historia de la institución.
Encuentro se dará en medio de tensiones entre ambos poderes
Durante su primera conferencia de prensa, celebrada el lunes 26 de octubre, Vargas manifestó su disposición a mantener un diálogo con el Poder Ejecutivo, pero señaló que cualquier acercamiento debía desarrollarse bajo condiciones de respeto.
La magistrada también rechazó las declaraciones que Fernández realizó en julio, cuando afirmó que el crimen organizado se estaba infiltrando profundamente en el Poder Judicial. La nueva presidenta de la Corte señaló que no compartía esa afirmación y defendió la necesidad de distinguir los casos individuales de corrupción del funcionamiento general de la institución.
El encuentro del 9 de noviembre también tendrá como antecedente la controversia por las restricciones que el proyecto de presupuesto nacional para 2027 pretende imponer sobre recursos y plazas del Poder Judicial. La propuesta presupuestaria incluye una norma de ejecución que condicionaría el uso de ₡29.843,8 millones, equivalentes aproximadamente al 5,6% del presupuesto judicial, al cumplimiento de distintos requisitos administrativos y legislativos.
Ante ese escenario, Vargas señaló que la institución debe prepararse para enfrentar las consecuencias que podrían generar las restricciones presupuestarias si la Asamblea Legislativa las mantiene en la versión definitiva del presupuesto.
Entre los posibles efectos mencionó dificultades para financiar licencias de sistemas informáticos indispensables para el funcionamiento judicial y limitaciones para sustituir personal que se jubile o abandone determinados puestos. La presidenta de la Corte también explicó que el Poder Judicial trabaja en alternativas para mantener sus servicios ante un eventual escenario de restricciones financieras.