El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este martes en primer debate, con 47 votos a favor y ninguno en contra, una reforma a la legislación contra la legitimación de capitales y el financiamiento al terrorismo que incorporará a las subastas ganaderas entre las actividades sujetas a supervisión, ampliará los controles sobre determinadas transacciones de bienes muebles y establecerá un régimen diferenciado de obligaciones para las organizaciones sin fines de lucro.
La iniciativa (expediente 25.129) busca fortalecer el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), particularmente las relacionadas con la prevención del financiamiento al terrorismo mediante organizaciones sin fines de lucro y las sanciones aplicables a quienes incumplan las obligaciones preventivas.
Antes de votar el proyecto, el plenario aprobó una moción de reiteración presentada por el Frente Amplio que permitió recuperar una modificación previamente rechazada por la mayoría oficialista en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Mediante esa modificación, las diputaciones incorporaron expresamente a las personas físicas o jurídicas que organicen, administren u operen habitualmente subastas para la compra y venta de ganado en pie, tanto de manera presencial como por medios electrónicos.
Subastas ganaderas y transacciones de vehículos
Con la incorporación de las subastas ganaderas al artículo 15 bis de la Ley 7786, sus operadores deberán inscribirse ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y someterse a su supervisión en materia de prevención del lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Esto implicará que deberán implementar, según las características y los riesgos de su actividad, mecanismos para identificar a sus clientes, conservar registros de las transacciones, detectar y reportar operaciones sospechosas ante la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), así como establecer controles y procedimientos internos para prevenir la utilización de sus negocios con fines ilícitos.
Los operadores también deberán contribuir al financiamiento de los gastos en que incurra la Sugef para supervisarlos, tomando en consideración la naturaleza de sus actividades, su estructura, la cantidad y el monto de sus transacciones.
La reforma no incorpora indiscriminadamente a todas las personas dedicadas a la ganadería, sino específicamente a quienes organizan, administran u operan habitualmente las subastas. El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) deberá desarrollar las disposiciones aplicables a esa actividad mediante normativa basada en los riesgos identificados.
El proyecto también amplía el alcance de las obligaciones aplicables a las personas físicas y jurídicas, así como a los abogados, notarios y contadores que realizan determinadas transacciones para sus clientes. Mientras que la legislación vigente contempla la compra y venta de bienes inmuebles, el texto aprobado incorpora las transacciones de bienes muebles e inmuebles sujetos a inscripción ante el Registro Nacional, lo que incluye operaciones relacionadas con vehículos automotores.
Una modificación equivalente se introduce en el artículo 15 ter de la Ley 7786, que regula específicamente las obligaciones de los notarios públicos y cuya supervisión corresponde a la Dirección Nacional de Notariado.
La ampliación no significa que toda persona que venda ocasionalmente un vehículo deba registrarse ante la Sugef, pues las obligaciones del artículo 15 bis se vinculan con la realización de determinadas actividades y transacciones para clientes, conforme a las condiciones establecidas en la legislación y su normativa de desarrollo.
Régimen diferenciado para asociaciones y fundaciones
Otra de las modificaciones centrales del proyecto consiste en retirar a las organizaciones sin fines de lucro del listado general de sujetos obligados del artículo 15 bis y establecer para ellas un régimen específico mediante la incorporación de un nuevo artículo 15 quinquies.
Actualmente, la legislación somete a supervisión a las organizaciones sin fines de lucro que envían dinero a jurisdicciones catalogadas internacionalmente como riesgosas, reciben dinero procedente de ellas o mantienen relaciones con entidades vinculadas ubicadas en esas jurisdicciones.
Con la reforma, corresponderá al Conassif identificar, mediante un enfoque basado en riesgos, el subsector de organizaciones sin fines de lucro que se encuentre más expuesto a ser utilizado para financiar actividades terroristas. Únicamente las organizaciones comprendidas en ese subsector deberán inscribirse ante la Sugef y cumplir las obligaciones preventivas especiales contempladas en el nuevo artículo.
La disposición comprende a personas jurídicas, fundaciones, asociaciones y otras estructuras jurídicas que se dediquen principalmente a recaudar o distribuir fondos con fines caritativos, religiosos, culturales, educativos, sociales o fraternales.
Las organizaciones identificadas como las más expuestas a esos riesgos deberán cumplir las siguientes obligaciones:
Inscribirse ante la Sugef para que el país disponga de un registro centralizado de las organizaciones comprendidas en ese subsector.
Conservar información básica, suficiente y actualizada sobre los donantes significativos y los beneficiarios de los fondos recibidos y distribuidos.
Establecer políticas y procedimientos internos para prevenir la utilización de sus actividades para financiar el terrorismo.
Cooperar con las autoridades competentes en las investigaciones relacionadas con el financiamiento al terrorismo.
Adoptar medidas proporcionales para garantizar la trazabilidad de las operaciones financieras con países o jurisdicciones catalogados como riesgosos, cuando esas operaciones presenten riesgos de financiamiento al terrorismo.
Promover actividades de educación y prevención sobre el uso indebido de las organizaciones.
Procurar que sus transacciones se realicen mediante entidades financieras o canales de pago regulados, cuando resulte factible. En caso contrario, deberán conservar documentación suficiente para acreditar el origen, el destino y la trazabilidad de los fondos.
El Conassif deberá establecer criterios objetivos para determinar quién debe considerarse un donante significativo. La información recopilada deberá permanecer bajo custodia de las organizaciones y ponerse a disposición de las autoridades competentes cuando sea requerida conforme al ordenamiento jurídico.
El proyecto establece expresamente que estas organizaciones no tendrán la condición de sujetos obligados o entidades reportantes bajo el régimen general de prevención del lavado de dinero. Por tanto, no estarán sometidas a las obligaciones generales de identificación y verificación de clientes, identificación del beneficiario final, identificación de personas expuestas políticamente o reporte de operaciones sospechosas que corresponden a los sujetos obligados.
Lo anterior no impedirá que las entidades financieras continúen aplicando las medidas de debida diligencia que les correspondan respecto de las organizaciones con las que mantienen relaciones comerciales. Sin embargo, el Conassif deberá reglamentar esas medidas sin trasladar a las asociaciones y fundaciones las obligaciones propias de las entidades supervisadas.
La reforma busca ajustar la legislación costarricense a la recomendación 8 del GAFI, que promueve la aplicación de controles focalizados y proporcionales a los riesgos identificados, sin obstaculizar injustificadamente las actividades legítimas de las organizaciones sin fines de lucro.
Cambios al régimen sancionatorio
El proyecto introduce una amplia reforma al artículo 81 de la Ley 7786, que regula las sanciones administrativas por incumplir las obligaciones de prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
Para las entidades financieras comprendidas en el artículo 14 de la ley, mantiene multas de entre el 0,5% y el 2% de su patrimonio, pero establece un mínimo de tres salarios base y un máximo de 100 salarios base. También contempla un apercibimiento previo a la imposición de las sanciones correspondientes a esas entidades.
Entre las conductas sancionables se incorpora el mantenimiento de relaciones comerciales con personas físicas o jurídicas que desarrollen actividades sujetas a inscripción obligatoria ante la Sugef y que no cuenten con una inscripción vigente. Esta disposición también se extiende a otros grupos de sujetos regulados por la legislación.
En el caso de las organizaciones sin fines de lucro comprendidas en el nuevo régimen, únicamente podrán ser sancionadas por incumplir las obligaciones de inscripción, no conservar la información exigida o negarse injustificadamente a suministrarla, entregar deliberadamente información falsa o sustancialmente incompleta, o incumplir de manera grave o reiterada sus obligaciones preventivas internas.
Para estas organizaciones se establece la siguiente escala de sanciones:
Prevención escrita: acompañada de una orden de cumplimiento o corrección dentro de un plazo razonable.
Multa de dos a cinco salarios base: cuando el incumplimiento no sea corregido dentro del plazo otorgado.
Multa de cinco a diez salarios base: cuando se trate de una infracción grave, dolosa o reiterada.
Al determinar la sanción, la Sugef deberá considerar, entre otros elementos, la gravedad de la conducta, el riesgo identificado, la capacidad económica de la organización, su colaboración con las autoridades y las medidas adoptadas para corregir el incumplimiento.
La reforma dispone que las sanciones deberán aplicarse de forma que no impidan injustificadamente la continuidad de las actividades legítimas de las organizaciones ni perjudiquen a sus beneficiarios. Tampoco podrán imponerse sanciones sin determinar la responsabilidad de la organización mediante un procedimiento que respete el debido proceso.
Responsabilidad personal de directores y gerentes
El texto aprobado también modifica el régimen de sanciones administrativas individuales aplicable a directores, altos cargos administrativos, gerentes y personas que desempeñen funciones similares dentro de las entidades sujetas a las obligaciones de prevención.
Entre las conductas sancionables figuran realizar operaciones sin el registro correspondiente, incumplir los controles de identificación de clientes, no implementar mecanismos para detectar operaciones sospechosas, negarse a entregar información a las autoridades, vulnerar la confidencialidad de los reportes o interferir indebidamente en las actividades de vigilancia del cumplimiento de la normativa.
Dependiendo de la gravedad de las infracciones, los órganos supervisores podrán imponer las siguientes sanciones:
Multas de entre el 5% y el 50% del monto de la transacción irregular o vinculada con una actividad ilícita, con un mínimo de dos salarios base y un máximo de 50 salarios base.
Multas de 10 a 100 salarios base.
Suspensión del cargo hasta por 90 días.
Recomendación de destitución del cargo a la entidad respectiva.
Inhabilitación permanente para ejercer cargos similares en instituciones financieras.
Podrán imponerse simultáneamente varias de esas sanciones, aunque las dos modalidades de multa no podrán aplicarse conjuntamente.
Como garantía, el proyecto dispone que ninguna persona podrá ser sancionada por el solo hecho de ocupar un cargo directivo, administrativo, gerencial, de control o de cumplimiento. El órgano supervisor deberá acreditar su participación individual, por acción u omisión, y demostrar que actuó con dolo o culpa, así como la relación directa entre la conducta atribuida y el deber funcional incumplido.
Recursos para la supervisión y entrada en vigor
El proyecto establece que las nuevas competencias asignadas a la Sugef deberán acompañarse de los recursos humanos, tecnológicos, administrativos y financieros necesarios para su implementación. Para ello, los gastos asociados a las competencias relativas a los sujetos obligados del artículo 15 bis quedarán excluidos del límite de crecimiento del gasto corriente previsto en el artículo 174 de la Ley Reguladora del Mercado de Valores.
El texto también dispone que la normativa prudencial deberá consultarse previamente a los sectores regulados y que el Conassif únicamente podrá apartarse de sus criterios mediante una resolución motivada. Una disposición similar se establece para la definición de las estructuras de cumplimiento que la Sugef exigirá a los sujetos obligados.
De convertirse en ley, la reforma regirá a partir de su publicación en el diario oficial La Gaceta. El Conassif contará con un plazo de seis meses para emitir o actualizar la normativa necesaria, mientras que la Sugef deberá realizar los ajustes operativos, tecnológicos y administrativos correspondientes.
Las organizaciones actualmente inscritas ante la Sugef al amparo del inciso d) del artículo 15 bis de la legislación vigente mantendrán esa condición y continuarán sujetas a las obligaciones preventivas aplicables hasta que el Conassif emita la nueva normativa y determine el universo de sujetos regulados.
El expediente aún deberá ser aprobado en segundo debate antes de ser remitido al Poder Ejecutivo para su sanción y publicación.
Breves
— Con 17 votos a favor y 28 en contra, el plenario rechazó ordenar a la Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Público abrir una investigación contra el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, por no incluir en el presupuesto recursos para el pago de licencias a personas trabajadoras que tienen a su cargo el cuido de familiares en fase terminal o menores con enfermedades graves.
— Con 50 votos a favor y ninguno en contra, el plenario aprobó en primer debate el expediente 24.698 "Adición de un Transitorio XII a la Ley 9356, Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (Judesur), del 30 de abril del 2020". Esta iniciativa será retrotraída a primer debate.
— Con 50 votos a favor y ninguno en contra, el plenario aprobó en primer debate el expediente 25.206 "Ley para fortalecer la prevención y sanción de actividades ilegítimas relacionadas con el apoderamiento ilegal de combustibles y delitos conexos".
Proyectos dictaminados
— La Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminó afirmativamente, por mayoría, el expediente 25.498 "Reforma al inciso e) del artículo 2 y adición de un nuevo inciso k) al artículo 3, ambos de la Ley General de Contratación Pública, Ley N.° 9986 de 27 de mayo de 2021 y sus reformas".
— La Comisión de Gobierno y Administración dictaminó afirmativamente el expediente 25.723 "Ley para establecer un procedimiento especial para la prevención de riesgos inminentes ante emergencias".
Leyes publicadas
En el alcance n.º 153 a La Gaceta n.º 218 del martes 17 de noviembre de 2026 se publicaron las siguientes leyes:
— Ley 10.658 "Ley para eliminar abusos en cobros por mora", que se tramitó bajo el expediente 23.237. Esta iniciativa fue aprobada en segundo debate el 13 de febrero de 2025, pero el Poder Ejecutivo no la sancionó sino hasta el 12 de noviembre de 2026 y su publicación en La Gaceta se produjo este 17 de noviembre de 2026, es decir, 642 días (un año, nueve meses y cuatro días) después de su votación.
— Ley 10.981 "Ley de creación del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos", que se tramitó bajo el expediente 24.410. Esta iniciativa se aprobó en segundo debate el 6 de octubre de 2026, por lo que transcurrieron 42 días hasta su publicación en La Gaceta.
— Ley 10.982 "Reformas legales para la implementación del Proyecto de Hacienda Digital (Sistema TRIBU-CR)", que se tramitó bajo el expediente 25.093. Esta iniciativa se aprobó en segundo debate el 12 de octubre de 2026, por lo que transcurrieron 36 días hasta su publicación en La Gaceta. Esta ley regirá a partir del 1 de enero de 2027.
— Ley 10.983 "Cierre del Ministerio de Gobernación y Policía de Costa Rica y reordenamiento de sus competencias desconcentradas", que se tramitó bajo el expediente 24.719. Esta iniciativa se aprobó en segundo debate el 12 de octubre de 2026, por lo que transcurrieron 36 días hasta su publicación en La Gaceta. Esta ley regirá a partir del 1 de mayo de 2027.
— Ley 10.987 "Adición de un inciso k) al artículo 79 de la Ley General de Policía, Ley n.º 7410 del 26 de mayo de 1994 y sus reformas, para regular la suscripción de una póliza de responsabilidad patrimonial y representación legal de los funcionarios policiales demandados o denunciados por actos en el ejercicio del cargo", que se tramitó bajo el expediente 25.311. Esta iniciativa se aprobó en segundo debate el 15 de octubre de 2026, por lo que transcurrieron 33 días hasta su publicación en La Gaceta.
— Ley 10.988 "Autorización al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para que condone la deuda por servicios prestados de agua potable, cargos varios y multas, facturados con los servicios NIS 3276895 y NIS 3276897, a nombre de Consorcio Cooperativo de Vivienda Fedecrédito R. L.", que se tramitó bajo el expediente 24.355. Esta iniciativa se aprobó en segundo debate el 15 de octubre de 2026, por lo que transcurrieron 33 días hasta su publicación en La Gaceta.
— Ley 10.989 "Ley para habilitar el traslado de domicilio electoral por medios digitales", que se tramitó bajo el expediente 24.878. Esta iniciativa se aprobó en segundo debate el 19 de octubre de 2026, por lo que transcurrieron 29 días hasta su publicación en La Gaceta.







