El proyecto pretende modificar la actual estructura de la Dirección General Tributación (DGT), que dejaría de lado un modelo de funcionamiento ya superado, enfocado en la ejecución de la gestión tributaria centrado en funciones circunscritas a un ámbito de competencia territorial sectorizada, y se pasaría a una ejecución de labores en función de “Macroprocesos” a nivel nacional. Además, reforma varias leyes para una adecuada operativización del “Sistema TRIBU-CR”.