El Ministerio de Justicia identificó a tres sospechosos de la agresión, quienes fueron trasladados a celdas de aislamiento.
Una persona privada de libertad, de apellido Acevedo, permanece en condición grave tras ser agredida este martes por otros reclusos en el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), ubicado en San Rafael de Alajuela, informó el Ministerio de Justicia y Paz.
Según las autoridades penitenciarias, el incidente se reportó aproximadamente a las 11:37 a. m., cuando tres privados de libertad presuntamente agredieron a Acevedo en uno de los dormitorios del establecimiento. La Policía Penitenciaria activó los protocolos de seguridad, intervino y coordinó la atención médica del afectado.
El recluso fue trasladado de urgencia al Hospital San Rafael de Alajuela y posteriormente al Hospital México. De acuerdo con el informe médico preliminar citado por el ministerio, Acevedo presenta fracturas en el cráneo y sangrado intracraneal, por lo que permanece bajo seguimiento médico en condición grave.
Mediante la revisión de las grabaciones del sistema de videovigilancia del establecimiento penitenciario, las autoridades identificaron preliminarmente a tres sospechosos de apellidos Méndez, Skinner y Casasola, quienes fueron separados del resto de la población penitenciaria y ubicados en celdas de aislamiento.
El Ministerio de Justicia informó que Méndez también figura como sospechoso en el proceso penal por el asesinato de Geiner Zamora, subjefe de la delegación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en Guápiles.
Las autoridades penitenciarias no precisaron el móvil de la agresión, cómo se produjo, qué objetos utilizaron los presuntos agresores ni cuánto tiempo transcurrió entre el inicio del ataque y la intervención de los oficiales. El ministerio anunció que trasladará los hechos al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.
Ministro atribuye agresión a visita del fiscal general y la defensora
Al referirse a lo ocurrido, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, atribuyó la agresión a un supuesto cambio en el comportamiento de las personas privadas de libertad tras la inspección realizada el pasado viernes por el fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, y la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, junto con otras autoridades.
El gran problema de todo esto es el envalentonamiento de los privados de libertad después de la visita de Carlo Díaz y de la defensora de los Habitantes".
El jerarca expresó su indignación por lo sucedido, defendió la necesidad de mantener controles estrictos en el establecimiento y destacó que el sistema de videovigilancia permitió detectar la agresión y facilitar la intervención de los oficiales penitenciarios.
Sin embargo, el Ministerio de Justicia no aportó elementos que sustenten la relación causal que establece Aguilar entre la inspección del viernes y la agresión de este martes, ni explicó de qué manera las actuaciones de ambas autoridades habrían propiciado el ataque contra Acevedo.
Las declaraciones del ministro se producen un día después de que los diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) aprobaran dos mociones para exigir la renuncia inmediata del fiscal general y de la defensora de los Habitantes por su participación en la inspección penitenciaria.
La diligencia del pasado viernes contó también con la participación de representantes de la Defensa Pública, del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y de jueces de ejecución de la pena, y respondió a denuncias sobre presuntas agresiones físicas, actos de tortura, abusos de autoridad y otras posibles violaciones de derechos humanos dentro del establecimiento.
Tras concluir la inspección, el fiscal general informó que las autoridades identificaron indicios de posibles delitos que ameritaban ser investigados. Por su parte, la Defensoría señaló que recibió denuncias sobre agresiones físicas y deficiencias en la atención médica, además de identificar la ausencia de mecanismos para que los reclusos presentaran quejas ante esa institución.
Desde el día de la inspección, Aguilar cuestionó que las autoridades ingresaran al establecimiento sin coordinación previa con su cartera. No obstante, el artículo 12 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes faculta expresamente a esa institución para realizar inspecciones de oficinas públicas sin previo aviso.








