El Gobierno proyecta reducir la saturación penitenciaria del 59% al 15%.
La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, y el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, inauguraron este miércoles 14 de octubre el Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), una nueva infraestructura penitenciaria con capacidad para albergar a 5100 personas privadas de libertad, construida dentro del complejo La Reforma, en San Rafael de Alajuela.
La obra representó una inversión de ₡16.774 millones, equivalentes a aproximadamente $33,15 millones, según informó el Ministerio de Justicia y Paz. El Gobierno aseguró que la construcción se financió íntegramente con recursos del presupuesto nacional, sin recurrir a préstamos ni adquirir nuevas obligaciones financieras.
Durante la inauguración, Fernández destacó la participación de la administración anterior, encabezada por el expresidente Rodrigo Chaves Robles, actual ministro de Hacienda y de la Presidencia, y de los funcionarios que participaron en la planificación y ejecución de la obra.
El CACCO no comenzará a recibir personas privadas de libertad inmediatamente después de su inauguración. Los primeros traslados están previstos para finales de octubre, una vez que el personal de la Policía Penitenciaria complete una etapa de familiarización con las instalaciones y los nuevos equipos de seguridad.
Los funcionarios penitenciarios comenzarán este jueves 15 de octubre a conocer el funcionamiento de los cinco módulos construidos, así como los sistemas tecnológicos incorporados al establecimiento, según explicaron los jerarcas durante la conferencia de prensa.
Primeros traslados y funcionamiento de la megacárcel
Aguilar explicó que los primeros módulos que recibirán personas privadas de libertad serán el dos y el cuatro, mientras que la ocupación de los demás espacios se desarrollará progresivamente.
Durante el periodo de preguntas, el periodista Cristian Mora, de La Nación, consultó cuándo estaría funcionando el complejo a su máxima capacidad, si el Gobierno había realizado la recepción definitiva de los cinco módulos y si existía un plazo contractual para corregir eventuales defectos de construcción.
El ministro respondió que el Gobierno pretende comenzar a ocupar los módulos dos y cuatro a finales de octubre y continuar con aproximadamente 2500 espacios adicionales hasta diciembre. Ante una solicitud posterior de precisión por parte de Fernández, Aguilar señaló diciembre como plazo máximo.
Sobre los recursos para operar el establecimiento, Aguilar aseguró que el Ministerio de Justicia y Paz dispone de presupuesto para atender las necesidades de este año y que el proyecto de presupuesto de 2027, presentado ante la Asamblea Legislativa, también contempla financiamiento para el CACCO.
Varios detalles operativos todavía están pendientes de explicación. Fernández solicitó al ministro presentar, dentro de 22 días, información sobre los procedimientos para distribuir alimentos, permitir el contacto con familiares, mantener los vínculos con los hijos y garantizar las consultas médicas y otras atenciones que requieran las personas recluidas.
Fernández pide trasladar a sospechoso de asesinar a policía
Durante la inauguración, la presidenta solicitó al ministro Aguilar que entre las primeras personas trasladadas al CACCO se encuentre uno de los sospechosos del asesinato del oficial de la Fuerza Pública Gerson Ariel Rosales Cascante, ocurrido el pasado 13 de mayo en Batán de Matina, Limón.
La mandataria pidió expresamente que una persona vinculada con ese homicidio fuera incluida en el primer grupo de reclusos que ingresará al establecimiento.
Dentro de ese primer grupo de personas que vendrán a vivir aquí, al CACCO, yo le quiero pedir, ministro, que traiga al asesino del policía Gerson Rosales al CACCO. Todo asesino, sicario que ha matado policías de Costa Rica lo quiero en el CACCO, presente y futuro".
Aguilar respondió que se comprometía a cumplir la solicitud presidencial y que esa persona sería la primera en ocupar una celda del centro.
Sin embargo, por el homicidio de Rosales permanecen en prisión preventiva tres sospechosos, de apellidos Menocal, Mora y Vílchez. La investigación se tramita bajo el expediente 26-000301-1103-PE.
El Ministerio de Justicia señaló en su comunicado de prensa anunciando la inauguración del complejo penitenciario que los ingresos al CACCO estarán sujetos a valoraciones individualizadas de peligrosidad y seguridad, basadas en criterios objetivos y debidamente fundamentados.
¿Quiénes serán enviados a la nueva prisión?
El CACCO está concebido para albergar a personas consideradas de alto riesgo para la seguridad penitenciaria, particularmente aquellas vinculadas con estructuras del crimen organizado.
Según el Ministerio de Justicia y Paz, entre los posibles ocupantes figuran dirigentes e integrantes de organizaciones criminales, personas con capacidad para coordinar actividades delictivas desde prisión y reclusos que representen amenazas graves contra otros internos, funcionarios públicos o terceras personas.
También se contempla el traslado de personas relacionadas con intentos de fuga, acciones para vulnerar los controles penitenciarios o actividades vinculadas con armas, drogas y dispositivos de comunicación prohibidos.
De acuerdo con las declaraciones de Aguilar, el establecimiento podrá recibir tanto personas sentenciadas como personas en prisión preventiva, siempre que cumplan los perfiles de seguridad establecidos. El jerarca aseguró que ambos grupos permanecerán separados y que no se mezclarán personas condenadas con aquellas que todavía esperan juicio.
El ministro también hizo referencia a personas privadas de libertad que ejercen liderazgo sobre otros reclusos y que presuntamente participan en extorsiones o cobros dentro de los establecimientos penitenciarios.
Según Aguilar, algunos de estos internos han llegado a cobrar dinero por colchonetas y alimentos que el propio sistema penitenciario proporciona gratuitamente.
Asimismo, las autoridades anunciaron que podrán trasladar integrantes de organizaciones criminales rivales, bajo los esquemas de seguridad y separación que establezca la administración penitenciaria.
El jerarca de Justicia defendió la creación del CACCO como una herramienta para impedir que estructuras criminales continúen coordinando delitos desde prisión.
Esto no es simplemente una cárcel. Este es un monumento a la seguridad nacional. Es el símbolo de un Estado que decidió recuperar su autoridad. De un país que comprendió que no podemos enfrentar las amenazas del crimen organizado con indiferencia, con debilidad o con los brazos cruzados".
Cinco módulos y sistemas especializados de vigilancia
La nueva infraestructura cuenta con 31.048,18 metros cuadrados de construcción, dentro de un terreno de 91.000 metros cuadrados, según los datos divulgados por Justicia y Paz.
El centro está dividido en cinco módulos de alojamiento, cada uno con capacidad para 1020 personas, hasta alcanzar los 5100 espacios anunciados por las autoridades. De acuerdo con el comunicado oficial, cada módulo dispone de 17 celdas.
Las instalaciones también incluyen edificios administrativos, áreas para el control de visitas, puestos de vigilancia, bodegas, zonas de almacenamiento, un edificio para equipos de escaneo, patios de sol, espacios para visitas íntimas y familiares, áreas de atención legal y consultorios médicos.
Entre las medidas de seguridad se encuentran cámaras de videovigilancia, sistemas de escaneo, controles biométricos y mecanismos de gestión de accesos, que permitirán supervisar los movimientos dentro del establecimiento y reforzar los controles de ingreso.
Los equipos de escaneo están destinados a detectar objetos ocultos, mientras que el sistema de cámaras permitirá vigilar áreas internas y perímetros externos, así como identificar situaciones que requieran la intervención del personal penitenciario.
El Gobierno sostiene que estos dispositivos permitirán reforzar el control de la población recluida, reducir el ingreso de artículos prohibidos y limitar las posibilidades de que las organizaciones criminales mantengan operaciones desde el interior de las cárceles.
Gobierno proyecta reducir la saturación penitenciaria del 59% al 15%
Además de albergar a personas consideradas de alto riesgo, las autoridades esperan que la nueva cárcel contribuya a disminuir la saturación del sistema penitenciario costarricense.
Según el Ministerio de Justicia y Paz, el indicador actual de sobrepoblación alcanza el 59% y podría reducirse al 15% cuando el CACCO esté ocupado en su totalidad. La proyección supone una disminución de 44 puntos porcentuales.
La distinción entre sobrepoblación y hacinamiento responde a los criterios utilizados por las autoridades penitenciarias y la jurisprudencia constitucional. Según el Anuario Estadístico del Sistema Penitenciario Costarricense, el Ministerio de Justicia considera que existe hacinamiento cuando la población recluida supera en más de un 20% la capacidad real de alojamiento de un establecimiento.
Este parámetro también ha sido utilizado por la Sala Constitucional para identificar situaciones de hacinamiento crítico y examinar posibles vulneraciones de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
Población penitenciaria aumentó un 35,8% desde 2022
La inauguración del CACCO se produce después de cuatro años de crecimiento de la población recluida en los centros penitenciarios de régimen cerrado.
Durante la conferencia de prensa, el periodista Brandon Segura, de La Reacción, recordó cifras que el propio ministro Aguilar había presentado anteriormente ante la Asamblea Legislativa, según las cuales la población privada de libertad pasó de 13.525 personas en 2022 a 18.363 en 2026, lo que representa un incremento del 35,8%.
Segura preguntó a Fernández cuánto de ese aumento reconocía como resultado del trabajo del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los fiscales que formularon acusaciones y los jueces que dictaron las resoluciones correspondientes.
La mandataria respondió que el incremento responde tanto a mayores capturas y condenas como a las decisiones adoptadas por su administración y la de Chaves para limitar el traslado de personas privadas de libertad hacia regímenes menos restrictivos.
Fernández afirmó que el Instituto Nacional de Criminología revisa individualmente los casos para evitar lo que el Gobierno considera liberaciones anticipadas indebidas, mientras que Aguilar sostuvo que durante la administración anterior se restringió el paso desde el régimen cerrado hacia el régimen de confianza.
El ministro aseguró que esa política provocó que menos personas fueran trasladadas a modalidades penitenciarias con menores restricciones de libertad y, por tanto, contribuyó al crecimiento de la población recluida en los establecimientos de régimen cerrado.
Adjudicado en 2025 y construido durante 2026
El Ministerio de Justicia y Paz detalló que la planificación financiera de la obra comenzó en 2025, mediante una coordinación con el Ministerio de Hacienda para definir los recursos necesarios para su ejecución. Posteriormente, en noviembre de ese año se adjudicó el proyecto, mientras que los movimientos de tierra se desarrollaron entre enero y marzo de 2026.
El levantamiento de la obra gris comenzó en marzo. Aunque el centro fue inaugurado este miércoles, su construcción superó los plazos anunciados inicialmente por las autoridades.
En enero de 2026, el entonces presidente Rodrigo Chaves anunció que las obras estarían terminadas en 195 días, a finales de julio. Posteriormente, en junio, Fernández y Aguilar señalaron que la infraestructura estaría lista en setiembre, plazo que tampoco se cumplió.
El Gobierno vinculó el origen de la iniciativa con las discusiones sobre seguridad penitenciaria sostenidas durante la visita del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a Costa Rica, el 12 de noviembre de 2024.
En aquella ocasión, Bukele recorrió el centro penitenciario La Reforma y conversó con autoridades costarricenses sobre los problemas de seguridad, la actividad de organizaciones criminales y las necesidades de infraestructura del sistema carcelario.
El proyecto contó posteriormente con asistencia técnica del Gobierno salvadoreño y tomó como referencia el modelo de prisión de alta seguridad impulsado en ese país, conocido como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).