Laura Fernández y Patricia Vargas acordaron establecer una mesa de trabajo para analizar las audiencias virtuales de reclusos peligrosos.
La presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Vargas González, acordaron este viernes establecer una mesa de trabajo para analizar la posibilidad de retomar las audiencias judiciales virtuales desde los centros penitenciarios, tres meses después de que el propio Gobierno de Fernández decidió poner fin al convenio de cooperación que permitía realizar estas diligencias.
El acuerdo surgió durante el encuentro de las presidentas de los Supremos Poderes y del Tribunal Supremo de Elecciones, celebrado en la sede del Poder Judicial, donde Fernández planteó la necesidad de reducir los traslados de personas privadas de libertad de alta peligrosidad hacia los tribunales de justicia.
La mandataria manifestó su interés en habilitar espacios para realizar audiencias virtuales desde el Centro de Alta Contención para Crimen Organizado (CACCO), con el propósito de disminuir los riesgos de seguridad y los recursos necesarios para trasladar a estas personas fuera de los establecimientos penitenciarios.
Fernández mencionó como ejemplo al narcotraficante Alejandro Arias Monge, alias Diablo, y señaló que movilizar a personas de ese nivel de peligrosidad requiere dispositivos especiales de custodia y vigilancia. Según explicó, el Gobierno pretende que determinadas actuaciones judiciales puedan desarrollarse sin necesidad de que los reclusos salgan de los centros penitenciarios.
La presidenta anunció que ambas instituciones acordaron reunir a sus equipos técnicos para determinar si es posible establecer nuevos protocolos, reglamentos o mecanismos de cooperación que permitan realizar esas audiencias.
Por su parte, Vargas confirmó la disposición del Poder Judicial para trabajar conjuntamente en esa materia y destacó las posibilidades de aprovechar los medios tecnológicos para mejorar la coordinación entre las instituciones.
El convenio que rompió el Gobierno en agosto
El anuncio se produce después de que el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, comunicó el pasado 3 de agosto la decisión de finalizar unilateralmente el convenio de cooperación suscrito con el Poder Judicial para realizar audiencias judiciales virtuales desde los centros penitenciarios.
La decisión se produjo una semana después de que una jueza ordenara realizar presencialmente la primera audiencia de medidas cautelares contra Arias Monge y Jonathan Pérez Méndez, alias Tan, pese a que el Ministerio de Justicia había solicitado que se efectuara de manera virtual por razones de seguridad.
En aquella oportunidad, el Ministerio Público explicó que el traslado de Arias Monge también respondía a la necesidad de que agentes de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) pudieran conversar personalmente con él sobre una eventual extradición.
Sin embargo, el ministro Aguilar justificó la terminación del convenio en lo que describió como una preferencia de las autoridades judiciales por realizar audiencias presenciales. En su comunicado, el Ministerio de Justicia anunció que devolvería al Poder Judicial las computadoras, los equipos de videoconferencia y los demás dispositivos utilizados para ejecutar el acuerdo.
La decisión afectó un mecanismo de cooperación establecido desde 2018 que permitía a las autoridades judiciales realizar determinadas actuaciones sin trasladar a las personas privadas de libertad hasta los despachos judiciales.
Según las cifras divulgadas por el propio Ministerio de Justicia, entre enero y junio de 2026 se realizaron 2416 audiencias virtuales desde los centros penitenciarios, de las cuales 944 correspondieron a juzgados, 421 a tribunales de juicio, 354 a diligencias con defensores y 697 a otras actuaciones judiciales.
La terminación del convenio provocó cuestionamientos de distintas autoridades judiciales, que advirtieron sobre las consecuencias de sustituir las audiencias virtuales por traslados presenciales, entre ellas mayores costos de operación, riesgos de seguridad y posibles atrasos en los procesos.
El entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, solicitó al ministro Aguilar reconsiderar la decisión y recordó que el Poder Judicial había invertido más de ₡137 millones en infraestructura y equipos, además de más de ₡131 millones en enlaces de comunicación necesarios para el funcionamiento del sistema.
Fiscalía acudió a la Sala Constitucional
La decisión del Gobierno también motivó que el fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, presentara un recurso de amparo ante la Sala Constitucional el 7 de agosto, bajo el expediente 26-028608-0007-CO. Dicho recurso aún no ha sido resuelto por el fondo.
El fiscal alegó que la terminación del convenio podía afectar la continuidad de las actuaciones judiciales y los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, las víctimas y otros participantes en los procesos penales. También solicitó una medida cautelar para mantener operativa la infraestructura tecnológica mientras se resolvía el recurso.
Posteriormente, el Ministerio de Justicia argumentó ante la Sala Constitucional que el convenio había vencido desde el 15 de marzo de 2022 y que no existía una prórroga o un nuevo instrumento jurídico que permitiera mantener las obligaciones asumidas por ambas instituciones.
La cartera sostuvo que su decisión respondía al cumplimiento del principio de legalidad y a la necesidad de establecer claramente las responsabilidades sobre el uso de los recursos tecnológicos, el personal penitenciario y la infraestructura utilizada para las audiencias virtuales.
La posibilidad de restablecer las audiencias virtuales no surgió por primera vez durante el encuentro de este viernes. A finales de octubre, el ministro Aguilar reconoció públicamente que el Gobierno valoraba retomar ese mecanismo para los reclusos del CACCO, aunque sujeto a determinadas condiciones que pretendía negociar con el Poder Judicial.
Por su parte, Vargas había adelantado su intención de plantear el asunto a Fernández como parte de los esfuerzos para restablecer los espacios de diálogo y cooperación entre los dos poderes de la República.








