Medida se toma luego que jueza decidiera mantener presencial la audiencia de alias 'Diablo'.
El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, anunció este lunes que pondrá fin al convenio de cooperación con el Poder Judicial para realizar audiencias virtuales desde los centros penitenciarios, una semana después de que una jueza mantuvo presencial la primera audiencia contra Alejandro Arias Monge, alias Diablo, y Jonathan Pérez Méndez, alias Tan.
Antes de aquella diligencia, Aguilar solicitó que ambos imputados participaran de forma remota debido a su presunta peligrosidad y a los riesgos relacionados con su traslado. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) trasladó la petición a la jueza, quien decidió mantener presencial la primera audiencia y valorar la modalidad virtual para las convocatorias posteriores.
En un comunicado de prensa divulgado esta noche en el que anunció la medida, el Ministerio de Justicia sostuvo que el cierre del convenio responde a "las recientes manifestaciones de las autoridades sobre su preferencia de realizar audiencias presenciales".
Justicia indicó que la medida permitirá reasignar a labores de vigilancia, control y seguridad el personal policial que actualmente participa en las audiencias virtuales. El Ministerio también dijo que devolverá al Poder Judicial las computadoras, los equipos de videoconferencia y los demás dispositivos utilizados para ejecutar el convenio.
Entre enero y junio del 2026, el Sistema Penitenciario Nacional atendió 2416 audiencias virtuales: 944 correspondieron a juzgados, 421 a tribunales de juicio, 354 a diligencias con defensores y 697 a otras actuaciones judiciales.
Según los datos suministrados por el Ministerio, la atención de esas diligencias requirió 2775 asignaciones de policías penitenciarios para tareas de custodia y coordinación. En el Centro Nacional de Atención Específica, conocido como Máxima Seguridad, las autoridades coordinaron 159 audiencias virtuales con la participación de 318 agentes durante ese mismo periodo.
El Ministerio no precisó la fecha en que terminará formalmente el convenio, el procedimiento que seguirá para rescindirlo ni la forma en que atenderá las audiencias virtuales que ya estaban programadas desde los centros penitenciarios.
Presidenta de Sala III califica la decisión como un "atraso"
La decisión del Ministerio de Justicia se anunció mientras la magistrada presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, comparecía ante la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa.
El diputado Antonio Trejos Mazariegos, del Frente Amplio, consultó a Solano sobre las consecuencias que tendrá la cancelación del convenio, al tiempo que acusó al Poder Ejecutivo de estar “unilateralmente saboteando al Poder Judicial” con la medida.
Solano respondió que la decisión representa “un atraso”, pues el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) deberá encargarse de trasladar a los centros judiciales a las personas privadas de libertad que tengan audiencias presenciales.
La magistrada explicó que la virtualidad permite reducir los costos relacionados con los traslados, la alimentación de las personas detenidas, la utilización de salas, la participación del personal de custodia y otras tareas operativas necesarias para efectuar las diligencias.
Toda la parte operativa entonces se nos encarece con este tipo de decisiones”.
La presidenta de la Sala Tercera también sostuvo que la cancelación del convenio podría repercutir en los procesos relacionados con el crimen organizado y llamó a las autoridades a reflexionar sobre la medida.