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Imagen principal del artículo: CCSS y Acnur pondrán fin a seguro de salud para personas refugiadas por falta de financiamiento
Foto: CCSS (dominio público)

CCSS y Acnur pondrán fin a seguro de salud para personas refugiadas por falta de financiamiento

Quienes todavía dependen de este mecanismo deberán solicitar otra modalidad de aseguramiento a partir de enero del 2027.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) pondrán fin, a partir del 1.º de enero del 2027, al convenio de aseguramiento colectivo que permitió brindar cobertura médica a más de 14.000 personas refugiadas, solicitantes de refugio y personas apátridas, debido a la falta de financiamiento para mantener el programa.

La decisión implica que las personas que todavía reciben cobertura mediante ese convenio deberán gestionar otra modalidad de aseguramiento ante la CCSS, pues su participación en el programa no garantiza que puedan mantener automáticamente el seguro de salud una vez concluido el acuerdo.

El convenio comenzó en el 2019 como un plan piloto dirigido a personas en situación de vulnerabilidad económica y con necesidades particulares de atención médica. En el 2020, las autoridades internacionales lo reconocieron como una experiencia de buenas prácticas en materia de protección social.

Durante su vigencia, el mecanismo permitió que personas que enfrentaban dificultades para incorporarse al sistema de aseguramiento ordinario pudieran recibir consultas médicas, medicamentos, tratamientos especializados y seguimiento de enfermedades crónicas o graves.

El gerente financiero interino de la CCSS, Eithel Corea Baltodano, destacó el alcance de la iniciativa para una población que enfrentaba barreras económicas y de salud.

Durante los siete años que se mantuvo activo este convenio, más de 14 000 personas en condiciones de extrema vulnerabilidad, y muchos de ellos con presencia de enfermedades crónicas que ameritaban continuidad en su tratamiento médico, fueron impactadas positivamente"

Acnur destinó más de $11,5 millones al programa

Según los datos suministrados por Acnur, entre el 2020 y el 2026 se destinaron más de $11,5 millones para financiar el aseguramiento de personas refugiadas, solicitantes de protección internacional y apátridas mediante el convenio con la CCSS.

Del total de personas beneficiarias durante esos años, aproximadamente el 67% fueron mujeres y el 33% hombres. Además, cerca del 60% correspondió a personas de entre 18 y 50 años que enfrentaban enfermedades crónicas o graves que dificultaban su acceso al empleo y afectaban considerablemente su calidad de vida.

El programa funcionó mediante acuerdos de aseguramiento colectivo financiados con recursos de cooperación internacional, los cuales permitían incorporar a personas previamente identificadas por Acnur como beneficiarias de la cobertura médica.

Para el 2025, por ejemplo, la Junta Directiva de la CCSS aprobó un convenio mediante el cual Acnur comprometió ₡1048,2 millones para brindar cobertura a una población estimada de 4330 personas, sin contar los eventuales beneficiarios de sus núcleos familiares.

Sin embargo, las restricciones financieras de la agencia de Naciones Unidas redujeron progresivamente su capacidad de mantener el programa. En su información oficial sobre los servicios disponibles durante el 2026, Acnur ya advertía que el convenio continuaba funcionando con capacidad reducida y únicamente para casos calificados, debido a la disminución de su presupuesto.

La organización atribuye el cierre definitivo del mecanismo a las limitaciones presupuestarias que enfrenta a escala mundial. Por ello, la cobertura financiada mediante este convenio dejará de estar disponible a partir del próximo año.

¿Qué ocurrirá con las personas que todavía tienen este seguro?

Ante la finalización del programa, Acnur publicó una guía informativa dirigida a sus beneficiarios, en la cual aclara que las personas cuyo aseguramiento vence el 31 de diciembre del 2026, así como aquellas que se encuentran en lista de espera, deberán iniciar directamente ante la CCSS los trámites para solicitar otra modalidad de cobertura.

La organización advierte que haber participado en el convenio no garantiza la incorporación automática a otro régimen de aseguramiento, debido a que cada modalidad tiene requisitos particulares que la CCSS deberá evaluar individualmente.

Para conocer las alternativas disponibles, las personas interesadas pueden acudir a las ventanillas de Validación de Derechos del establecimiento de salud que les corresponda o consultar la información oficial sobre modalidades de aseguramiento de la CCSS.

Entre las posibilidades contempladas en la normativa costarricense se encuentra el aseguramiento por cuenta del Estado para personas que cumplan las condiciones correspondientes. En el caso de quienes viven en pobreza o pobreza extrema, Acnur señala que pueden solicitar una valoración del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), aunque ese procedimiento no garantiza automáticamente su incorporación al seguro de salud.

La organización también recordó que las personas menores de edad y las embarazadas pueden acceder a mecanismos de cobertura estatal, independientemente de su nacionalidad o situación migratoria, mediante los procedimientos establecidos por la CCSS.

En el caso de las personas con VIH, Acnur indicó que la normativa contempla el acceso a tratamiento antirretroviral sin interrupciones y la posibilidad de gestionar aseguramiento por cuenta del Estado cuando no exista otra modalidad aplicable y se cumplan los requisitos correspondientes.

La finalización del convenio tampoco significa que las personas refugiadas pierdan su derecho a acceder a los servicios públicos de salud. Sin embargo, el acceso a las distintas modalidades de aseguramiento continuará sujeto a las condiciones y procedimientos establecidos por la legislación nacional.

Instituciones deberán gestionar la transición

La CCSS destacó que la cooperación desarrollada durante los últimos siete años permitió fortalecer la protección social de una población especialmente vulnerable, mediante el aprovechamiento de recursos y capacidades de ambas instituciones.

Corea Baltodano señaló que la experiencia demostró la importancia de mantener mecanismos de coordinación entre las instituciones nacionales y los organismos internacionales para facilitar el acceso a servicios esenciales.

Por su parte, Acnur manifestó que continuará colaborando con el Estado costarricense para orientar a las personas refugiadas, solicitantes de refugio y apátridas sobre sus derechos y las opciones de atención disponibles.

No obstante, las instituciones no han precisado cuántas personas mantienen actualmente su aseguramiento mediante el convenio y deberán gestionar una alternativa antes del 1.º de enero del 2027, ni si se establecerá un mecanismo especial de transición para quienes requieren tratamientos médicos permanentes.

La finalización del convenio también ocurre en un contexto de restricciones presupuestarias para la asistencia humanitaria internacional, que ya habían provocado una reducción de la cobertura del programa durante el 2026.

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