La organización pide que los cambios en el sistema eléctrico no trasladen costos desproporcionados a los hogares y pequeñas empresas, y que garanticen la protección ambiental y la seguridad del suministro.
El Parlamento Cívico Ambiental (PCA) solicitó a la Asamblea Legislativa, al Poder Ejecutivo y a las instituciones competentes que cualquier propuesta de reforma del sistema eléctrico nacional esté acompañada de estudios públicos que permitan determinar cuánto costaría, quién asumiría esos gastos y cuáles serían sus efectos sobre las tarifas que pagan los consumidores.
Mediante el manifiesto Por un modelo eléctrico seguro, eficiente, solidario y sostenible, divulgado el 19 de noviembre, la organización advirtió que la modernización del sector no debe limitarse a aumentar la generación de electricidad o incorporar nuevos participantes al mercado, sino que también debe garantizar el acceso universal al servicio, la protección ambiental y una distribución equitativa de los costos.
El pronunciamiento se produce un mes después de que la Asamblea Legislativa archivara el proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (expediente 23.414), que buscaba modificar las reglas de generación y comercialización de electricidad en Costa Rica. La iniciativa fue rechazada el 19 de octubre, al no alcanzar los 38 votos necesarios para su aprobación definitiva en segundo debate.
El PCA, que anteriormente había manifestado su oposición a ese proyecto, sostuvo que cualquier nueva propuesta debe contar con evaluaciones independientes sobre sus costos, beneficios, riesgos y alternativas, así como mecanismos de rendición de cuentas.
Preocupación por las tarifas y el acceso a la electricidad
Uno de los principales planteamientos de la organización es evitar que los hogares, pequeñas empresas y comunidades rurales terminen asumiendo gastos asociados con la infraestructura eléctrica que beneficien principalmente a otros sectores.
En particular, pidió que se publiquen estudios tarifarios desglosados por sectores y territorios, para determinar cómo se distribuirían los costos de mantenimiento de las redes, respaldo energético y expansión del sistema.
El manifiesto también reclama medidas para proteger la electrificación rural y garantizar que la incorporación de nuevas tecnologías de generación distribuida no perjudique a quienes carecen de recursos para instalar sus propios sistemas de producción eléctrica.
La generación distribuida permite que los usuarios produzcan parte de la electricidad que consumen mediante instalaciones propias. Sin embargo, estos sistemas normalmente mantienen una conexión con la red eléctrica, cuya operación y mantenimiento también requieren financiamiento.
Por ello, el PCA considera necesario establecer reglas que permitan ampliar estas tecnologías sin trasladar una proporción excesiva de los costos de la infraestructura compartida a los usuarios que no pueden acceder a ellas.
La organización también planteó que, antes de aprobar nuevas inversiones que puedan aumentar las tarifas, las autoridades deben priorizar la reducción de pérdidas eléctricas, el uso eficiente de la infraestructura existente y una mejor administración de la demanda.
Garantizar el suministro ante sequías y fenómenos extremos
El PCA advirtió que cualquier transformación del sistema eléctrico debe considerar los riesgos asociados con el cambio climático, particularmente las sequías y los fenómenos meteorológicos extremos que pueden afectar la disponibilidad de recursos para producir electricidad.
En este sentido, propuso diversificar las fuentes de generación, fortalecer las redes de transmisión y distribución, ampliar las capacidades de almacenamiento y mantener reservas que permitan responder ante contingencias.
La organización considera que la planificación energética debe priorizar la continuidad y confiabilidad del servicio, especialmente ante posibles variaciones en la demanda y las condiciones climáticas.
Sobre este punto, el manifiesto señala:
El abastecimiento interno y el interés público deben prevalecer sobre oportunidades comerciales de corto plazo".
Piden proteger los ecosistemas ante nuevos proyectos eléctricos
Otro de los aspectos señalados por el PCA es que la generación de electricidad mediante fuentes renovables no garantiza, por sí sola, la ausencia de impactos ambientales.
La organización advirtió que los nuevos proyectos pueden afectar los recursos hídricos, la biodiversidad y los ecosistemas, por lo que reclamó evaluaciones que consideren la disponibilidad de agua, los riesgos climáticos y los efectos acumulados de distintas obras sobre un mismo territorio.
También solicitó garantizar una participación efectiva de las comunidades en las decisiones sobre proyectos energéticos y evitar que la protección de cuencas, áreas silvestres y otros ecosistemas estratégicos sea sustituida automáticamente por compensaciones económicas.
El manifiesto plantea que las evaluaciones ambientales deben contemplar alternativas para reducir o prevenir los daños, en lugar de limitarse a establecer mecanismos de compensación por las afectaciones.
Defienden la independencia técnica y las obligaciones de los operadores
En materia institucional, el PCA reconoció la experiencia acumulada por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), las cooperativas de electrificación y los operadores municipales, y pidió preservar sus capacidades técnicas dentro de cualquier transformación del sector.
La agrupación también solicitó proteger la independencia técnica de la autoridad reguladora, delimitar claramente las responsabilidades de cada institución mediante leyes y evitar interferencias indebidas en las decisiones operativas.
En cuanto a la participación de empresas privadas, sostuvo que todos los operadores deben cumplir reglas transparentes, obligaciones ambientales y condiciones proporcionales al uso de la infraestructura eléctrica construida colectivamente.
Asimismo, rechazó la creación de nuevas estructuras institucionales o cargas permanentes que carezcan de justificación técnica, financiamiento definido y mecanismos de fiscalización.
Entre sus propuestas también figura establecer metas verificables de eficiencia energética, reducción de la dependencia de combustibles fósiles, adaptación climática y calidad del servicio, acompañadas de informes periódicos que permitan evaluar sus resultados.
Llamado a un acuerdo nacional
El Parlamento Cívico Ambiental planteó la necesidad de construir un acuerdo nacional sobre el futuro del sistema eléctrico, con participación de comunidades, universidades, organizaciones ambientales, trabajadores y sectores productivos.
La organización considera que el debate sobre una eventual reforma debe incorporar sus consecuencias sociales, económicas, ambientales, institucionales y jurídicas, y no limitarse a los objetivos de expansión de la generación o apertura del mercado.
El manifiesto retoma las preocupaciones expresadas por la organización en su Acuerdo 45-2024, del 12 de julio de 2024, y fue suscrito por su presidente, Bernardo Aguilar González; la vicepresidenta, Victoria Rudín Vega; y los integrantes de su secretaría, Oscar Moya Cantero y Melanie Pérez Vargas.








