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Minae ordena reconocer propiedades privadas inscritas dentro de zona inalienable del volcán Barva

Ministra ordenó revisar expedientes pendientes y archivar preventivamente medidas de desalojo o restricciones de uso dictadas sin determinadas garantías procesales.

La ministra de Ambiente y Energía, Mónica Navarro Del Valle, estableció un nuevo criterio institucional para el reconocimiento de propiedades privadas inscritas dentro de la zona inalienable que Costa Rica estableció en 1888 para proteger las fuentes de agua que abastecen a Heredia y parte del Valle Central.

La decisión consta en la resolución R-732-2026-MINAE, firmada el miércoles 18 de noviembre y publicada este jueves en el alcance 154 al diario oficial La Gaceta. Sus disposiciones son de acatamiento obligatorio para las dependencias del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac).

La jerarca dispuso que las propiedades privadas debidamente inscritas en el Registro Nacional no forman parte del Patrimonio Natural del Estado por el solo hecho de encontrarse dentro del ámbito geográfico protegido por la Ley 65 del 30 de julio de 1888. Según la resolución, esa circunstancia no es suficiente para desconocer los derechos amparados por un título de propiedad válido.

Navarro también ordenó al Sinac y al Área de Conservación Central revisar los expedientes administrativos pendientes de resolución relacionados con la aplicación de esa legislación, así como las medidas de intervención material, desalojo o restricción de uso que hayan sido dictadas sin observar las garantías procesales establecidas en la nueva resolución.

La decisión se produce en el contexto del cumplimiento de una sentencia de la Sala Constitucional del 2023, mediante la cual el tribunal ordenó al Minae identificar los terrenos protegidos por esa legislación e iniciar los procedimientos necesarios para su recuperación.

¿Qué es la zona inalienable del volcán Barva?

El 30 de julio de 1888, el entonces Congreso Constitucional de la República de Costa Rica promulgó la Ley 65, con el propósito de conservar las montañas donde nacen los arroyos y manantiales que abastecen de agua a la población de Heredia y parte de Alajuela.

La legislación declaró inalienable una franja de terreno de dos kilómetros de ancho a ambos lados de la cima de la montaña del volcán Barva, comprendida entre los cerros Zurquí y Concordia, en aquellos terrenos que fueran propiedad nacional o municipal.

La zona comprende aproximadamente 6870 hectáreas de importancia estratégica para la protección del recurso hídrico, particularmente por su relación con la recarga de los acuíferos Barva y Colima, de los cuales dependen numerosas comunidades de Heredia, Alajuela y San José.

Sin embargo, durante décadas las autoridades estatales permitieron la inscripción, segregación, compraventa y ocupación de propiedades dentro de ese territorio. Ello dio lugar a una compleja situación jurídica en la que coexisten terrenos de dominio público, propiedades particulares legítimamente constituidas y propiedades cuya inscripción podría haber afectado bienes pertenecientes al Estado.

Las dificultades para determinar cuáles terrenos pertenecen legítimamente a particulares y cuáles deben ser recuperados por el Estado han motivado consultas a la Procuraduría General de la República (PGR), procesos judiciales y varias sentencias de la Sala Constitucional.

Minae establece presunción de legitimidad de propiedades inscritas

En los considerandos de la resolución, Navarro argumentó que la Ley 65 de 1888 estableció expresamente que la condición de inalienabilidad recaía sobre terrenos de propiedad nacional o municipal, por lo que no corresponde extender automáticamente esa afectación a propiedades privadas legítimamente constituidas.

La ministra sostuvo que los derechos de propiedad adquiridos válidamente se encuentran protegidos por los artículos 34 y 45 de la Constitución Política, relativos a la prohibición de aplicar retroactivamente la ley en perjuicio de derechos adquiridos y a la protección de la propiedad privada.

También argumentó que la prolongada falta de delimitación material, técnica y cartográfica de la zona generó situaciones jurídicas consolidadas y relaciones de propiedad reconocidas por el propio Estado durante extensos periodos.

Con fundamento en esas consideraciones, la ministra estableció en el apartado cuarto de la resolución que:

La existencia de una inscripción registral vigente ante el Registro Nacional de la Propiedad y de un título de propiedad jurídicamente reconocido, constituye elemento suficiente para acreditar la titularidad del inmueble frente a la Administración Pública, salvo que exista resolución judicial firme que disponga lo contrario".

La jerarca también ordenó que los órganos del Minae y del Sinac fundamenten sus análisis sobre la legitimidad de las propiedades ubicadas dentro de esa zona en la verificación de la inscripción registral vigente y en la existencia de un título de propiedad jurídicamente reconocido.

Asimismo, instruyó a esas dependencias para que se abstengan de realizar declaratorias administrativas automáticas de integración al Patrimonio Natural del Estado sobre inmuebles que cuenten con inscripción registral individualizada y títulos válidos previos o coetáneos a la legislación, sin que medie previamente el debido proceso legal.

Establecen requisitos para afectar propiedades particulares

La resolución establece cuatro requisitos que deberá cumplir el Sinac, particularmente su Área de Conservación Central, antes de emitir cualquier acto administrativo que pretenda afectar, limitar o desconocer el derecho de propiedad privada en aplicación de la Ley 65 de 1888:

  • Informe técnico-jurídico: deberá demostrar fehacientemente, mediante un análisis histórico y registral, la superposición material entre el terreno estatal protegido y el inmueble particular.

  • Audiencia: deberá concederse a los propietarios, titulares registrales y demás interesados la oportunidad de presentar pruebas y ejercer su derecho de defensa.

  • Recursos administrativos: deberán agotarse las posibilidades ordinarias de impugnación previstas en la Ley General de la Administración Pública.

  • Acciones judiciales: cuando la Administración determine que existen nulidades absolutas, evidentes y manifiestas que lesionen el dominio público, deberá remitir el expediente a la Procuraduría General de la República para valorar una declaratoria de lesividad o iniciar las acciones judiciales pertinentes.

La declaratoria de lesividad es un mecanismo mediante el cual la Administración identifica un acto propio que considera contrario al interés público y que ha generado derechos a favor de particulares, con el propósito de solicitar posteriormente su anulación ante los tribunales.

Según la resolución ministerial, la Administración no puede anular por sí misma los títulos de propiedad inscritos, sino que deberá acudir a las autoridades competentes mediante los procedimientos legalmente establecidos.

Navarro también ordenó a la Dirección de Asesoría Jurídica del Minae y al Sinac elaborar un registro administrativo actualizado de las propiedades privadas ubicadas dentro de la zona, cuyos títulos consten en el Registro Nacional y no hayan sido anulados por autoridad competente.

Ordenan revisar posibles desalojos y restricciones de uso

Uno de los principales efectos inmediatos de la resolución es la revisión de las actuaciones administrativas que las autoridades ambientales hayan emprendido para aplicar las disposiciones de la Ley 65 de 1888.

Además de ordenar la revisión de los expedientes pendientes, la ministra dispuso expresamente:

Ordenar la revisión de legalidad, procedencia de las medidas dictadas y archivo preventivo de cualquier medida de intervención material, desalojo o restricción de uso dictada al margen de las garantías procedimentales aquí apuntadas, respetando el principio de confianza legítima de los administrados".

La resolución no ordena archivar indiscriminadamente todos los procedimientos de recuperación de terrenos, sino revisar las actuaciones existentes y archivar preventivamente aquellas medidas que hayan sido dictadas sin las garantías procesales señaladas.

El documento tampoco identifica cuántos expedientes administrativos se encuentran actualmente en trámite, cuántas órdenes de desalojo podrían resultar afectadas por la decisión ni qué extensión del territorio corresponde a propiedades cuya legitimidad está bajo análisis.

Resolución no reproduce íntegramente el criterio de la Procuraduría

Para fundamentar su decisión, Navarro citó los dictámenes C-128-1999 y C-480-2014, así como la opinión jurídica OJ-020-2009 de la Procuraduría General de la República. Sin embargo, el contenido de esos pronunciamientos incorpora condiciones adicionales para determinar la legitimidad de las propiedades particulares dentro de la zona inalienable.

En particular, el dictamen C-480-2014, del 19 de diciembre del 2014, confirmó el criterio anteriormente emitido por la Procuraduría respecto de los terrenos inscritos antes y después de la promulgación de la Ley 65 de 1888.

El órgano procurador señaló que, en principio, el reconocimiento de propiedades legítimas dentro de la zona requiere comprobar que estas se encuentren amparadas por una posesión ejercida de manera pública, pacífica, ininterrumpida y a título de dueño durante al menos diez años antes de la afectación al dominio público.

La Procuraduría también indicó que corresponde, en términos generales, a los particulares acreditar la existencia legítima de sus propiedades dentro de terrenos de dominio público. Asimismo, dispuso que las autoridades ambientales deben estudiar los antecedentes registrales de los inmuebles desde su origen, incluyendo las segregaciones, reuniones y demás movimientos que permitan determinar si abarcaron indebidamente terrenos estatales.

Ese análisis permitiría distinguir entre las propiedades privadas legítimamente constituidas, cuya recuperación podría requerir una expropiación e indemnización, y aquellas cuya inscripción afectó indebidamente terrenos de dominio público y respecto de las cuales corresponde ejercer las acciones legales necesarias para reivindicarlos.

El nuevo criterio ministerial, por su parte, otorga un énfasis particular a la presunción de legitimidad derivada de la inscripción registral vigente y exige a la Administración demostrar la superposición con terrenos estatales protegidos antes de emitir actos que afecten la propiedad privada.

La parte dispositiva de la resolución de Navarro no reproduce expresamente el requisito de posesión decenal previa a la declaratoria de inalienabilidad establecido en los criterios de la Procuraduría, aunque ordena observar sus procedimientos y lineamientos.

La diferencia resulta relevante porque una propiedad puede contar con una inscripción registral vigente sin que ello necesariamente demuestre que su título original fue constituido legítimamente sobre terrenos que ya se encontraban protegidos por la legislación de 1888.

Sala Constitucional ordenó recuperar terrenos desde el 2008

La actuación del Minae respecto de los terrenos protegidos por la legislación de 1888 ha sido objeto de distintas sentencias constitucionales durante las últimas dos décadas.

Mediante la sentencia 2008-012109, la Sala Constitucional ordenó al entonces ministro de Ambiente y Energía, Roberto Dobles Mora, realizar las gestiones necesarias para delimitar físicamente la zona protegida e iniciar los procedimientos de recuperación de los terrenos ocupados por particulares.

En aquella oportunidad, el tribunal también ordenó a varias municipalidades de Heredia y San José abstenerse de otorgar permisos dentro de la zona inalienable en sus respectivas jurisdicciones y adoptar medidas para incorporar criterios de vulnerabilidad hidrogeológica en su normativa urbanística.

Quince años después, como informó Delfino.cr en julio del 2023, la Sala Constitucional volvió a declarar con lugar un recurso de amparo contra el Minae por la falta de acciones suficientes para recuperar los terrenos protegidos.

En la sentencia 2023-017109, correspondiente al expediente 22-027662-0007-CO, los magistrados establecieron tres obligaciones para el entonces ministro Franz Tattenbach Capra o quien posteriormente ocupara el cargo:

  • Identificar, dentro de un plazo de seis meses, la totalidad de los terrenos correspondientes a las zonas protegidas y declaradas Patrimonio Natural del Estado.

  • Coordinar, durante los seis meses posteriores, las acciones necesarias para recuperar esos terrenos e iniciar materialmente los procedimientos correspondientes.

  • Remitir cada tres meses al tribunal un informe sobre los avances en la identificación y reivindicación de las zonas protegidas.

La orden judicial no estableció que todos los terrenos de la zona debieran ser recuperados sin reconocer los derechos legítimos de particulares, sino que el Minae debía identificarlos y emprender los procedimientos que jurídicamente correspondieran.

La resolución emitida por Navarro ordena comunicar su contenido a la Sala Constitucional dentro de ese mismo expediente. La ministra aseguró que su Administración ha cumplido oportunamente con la presentación de los informes trimestrales requeridos por el tribunal.

No obstante, el documento no detalla los resultados de esos informes ni las acciones concretas de recuperación de terrenos emprendidas hasta la fecha.

La resolución entró en vigor para efectos internos del Minae y del Sinac desde su firma, el miércoles 18 de noviembre, mientras que para efectos de actuaciones administrativas ante autoridades externas y terceros rige desde su publicación este jueves.

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