La normativa regirá a partir del 1.º de enero del 2027 y contempla disposiciones específicas sobre productos de dinero electrónico, monedas digitales de bancos centrales e identificación de titulares de cuentas financieras.
La Dirección General de Tributación del Ministerio de Hacienda actualizó la normativa que regula la recopilación y el suministro de información sobre cuentas financieras para su intercambio automático con las autoridades tributarias de otros países, conforme a los estándares internacionales de transparencia fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Las disposiciones constan en la resolución MH-DGT-RES-0040-2026, firmada el pasado 16 de noviembre por el director general de Tributación, Miguel Ángel Solís Sánchez, y publicada este jueves en el alcance 154 al diario oficial La Gaceta.
La resolución entrará en vigor el 1.º de enero del 2027 y derogará íntegramente la normativa emitida en julio del 2025 sobre esta materia. Su contenido comprende las obligaciones de reporte de las instituciones financieras, los procedimientos para identificar a los titulares de las cuentas, las características de la información que deberá suministrarse y las sanciones aplicables por incumplimientos.
La actualización responde a una modificación del Estándar de Reporte Común (CRS, por sus siglas en inglés) que la OCDE efectuó en el 2023, con el propósito de mejorar la recopilación de información financiera y fortalecer los procedimientos que permiten identificar las cuentas sujetas a reporte.
Como parte de ese proceso, Costa Rica suscribió el 26 de noviembre del 2024 una adenda al Acuerdo Multilateral entre Autoridades Competentes sobre Intercambio Automático de Información de Cuentas Financieras, mediante la cual se comprometió a implementar la versión actualizada del estándar.
La Dirección General de Tributación sostuvo que las entidades financieras costarricenses ya recopilan y reportan determinados datos contemplados en esa actualización. Asimismo, aseguró que la nueva resolución reorganiza las disposiciones existentes para proporcionar mayor claridad y seguridad jurídica, sin modificar el contenido de las obligaciones actualmente vigentes.
¿Cómo funciona el intercambio automático de información financiera?
El Estándar de Reporte Común es un mecanismo internacional mediante el cual las autoridades tributarias de los países participantes intercambian periódicamente información sobre las cuentas financieras que mantienen sus residentes fiscales en otras jurisdicciones.
Por ejemplo, cuando una persona con residencia fiscal en Costa Rica mantiene una cuenta financiera en otro país con el cual existe una relación activa de intercambio, la Administración Tributaria costarricense puede recibir información sobre esa cuenta, su saldo y determinados ingresos generados durante el periodo correspondiente.
De manera recíproca, Costa Rica suministra a las autoridades tributarias de otras jurisdicciones información sobre las cuentas sujetas a reporte que mantienen sus residentes fiscales en instituciones financieras costarricenses.
El mecanismo procura facilitar la fiscalización tributaria y reducir las posibilidades de que personas físicas o jurídicas oculten activos e ingresos mediante la utilización de cuentas financieras en el extranjero.
Costa Rica adquirió sus primeros compromisos en esta materia mediante su adhesión, en el 2013, a la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal y, posteriormente, mediante la firma de la Declaración sobre el Intercambio Automático de Información en Materia Fiscal de la OCDE en mayo del 2014.
El país realiza intercambios internacionales de información financiera bajo este estándar desde el 2018. El suministro de los datos está sujeto a las disposiciones sobre confidencialidad y protección de la información previstas en los instrumentos internacionales correspondientes.
Normativa contempla dinero electrónico y monedas digitales
Uno de los aspectos que contempla la versión actualizada del estándar internacional consiste en adaptar las definiciones de institución financiera y cuenta de depósito a las nuevas modalidades de prestación de servicios financieros mediante plataformas digitales.
La resolución incluye dentro de la definición de institución de depósito a las entidades que mantienen productos específicos de dinero electrónico o monedas digitales de bancos centrales en beneficio de sus clientes.
Los productos específicos de dinero electrónico comprenden representaciones digitales de una moneda oficial, emitidas a cambio de fondos para realizar transacciones de pago, aceptadas por terceros y que pueden convertirse nuevamente en la moneda correspondiente por su valor nominal, bajo determinadas condiciones regulatorias.
Por otra parte, las monedas digitales de bancos centrales son representaciones digitales de una moneda de curso legal emitidas directamente por un banco central, a diferencia de los criptoactivos emitidos o administrados mediante sistemas privados o descentralizados.
La normativa dispone que los distintos productos específicos de dinero electrónico que una institución mantenga en beneficio de un mismo cliente deberán considerarse conjuntamente como una cuenta de depósito. Para determinar su valor, la entidad deberá sumar los montos de esos productos.
Sin embargo, se establece una exclusión para determinadas cuentas de dinero electrónico de bajo valor. Esta dependerá de que el saldo o valor agregado promedio diario durante cualquier periodo de 90 días consecutivos no supere los $10.000, conforme a las condiciones establecidas en la resolución.
También se contemplan condiciones específicas para los casos en que esos productos de dinero electrónico o monedas digitales hayan sido emitidos como criptoactivos y una institución custodie o administre los instrumentos que permiten controlarlos y efectuar transacciones en nombre de sus clientes.
La disposición no supone que todas las criptomonedas o transacciones con activos virtuales queden automáticamente sometidas al reporte CRS, ni constituye una autorización para emitir una moneda digital del Banco Central de Costa Rica. Su alcance se limita a los productos, entidades y cuentas que satisfagan las definiciones y condiciones establecidas en el estándar.
¿Qué información deberán suministrar las entidades financieras?
El artículo 5 de la resolución establece las características de la información que deberán suministrar las instituciones financieras respecto de las cuentas identificadas como sujetas a reporte, con algunas excepciones según la disponibilidad de los datos y las características de cada cuenta.
En el caso de personas físicas, la información comprende:
Nombre completo y dirección.
País o jurisdicciones de residencia fiscal.
Número de identificación fiscal.
Fecha y lugar de nacimiento, cuando corresponda.
Indicación de si el titular proporcionó una autocertificación válida sobre su condición fiscal.
Las instituciones también deberán informar el número de identificación de la cuenta financiera, el nombre y número de identificación de la entidad que la administra, el tipo de cuenta y si corresponde a una cuenta nueva o preexistente.
Cuando se trate de cuentas conjuntas, deberá indicarse esa condición y la cantidad de titulares que poseen. En determinadas cuentas mantenidas por personas jurídicas u otras estructuras, también deberá identificarse a las personas físicas que ejercen su control y especificar la naturaleza de ese vínculo.
En cuanto a la información económica, las instituciones deberán reportar, según corresponda:
El saldo o valor de la cuenta financiera al 31 de diciembre de cada año.
Los intereses pagados o acreditados en cuentas de depósito.
Los dividendos y demás ingresos generados por activos mantenidos en cuentas de custodia.
Los montos brutos obtenidos mediante la venta o redención de determinados activos financieros.
El valor en efectivo, de rescate o cancelación de los contratos de seguro y renta vitalicia comprendidos en el estándar.
Los demás pagos efectuados al titular de la cuenta que deban reportarse conforme a la normativa.
Las instituciones deberán identificar la moneda en la que está expresado cada monto. Cuando una cuenta haya sido cerrada durante el periodo correspondiente, deberá reportarse su cancelación.
La normativa también contempla excepciones a la obligación de suministrar determinados datos de cuentas preexistentes cuando estos no consten en los registros de las entidades. Sin embargo, las instituciones deberán realizar esfuerzos razonables para obtener la información faltante en los plazos establecidos.
Entidades deberán verificar residencia fiscal de sus clientes
La resolución establece procedimientos de debida diligencia diferenciados según se trate de cuentas nuevas o preexistentes, de personas físicas o jurídicas, así como según su valor y otras características relevantes.
La debida diligencia comprende las verificaciones que deben realizar las instituciones financieras para establecer la residencia fiscal de sus clientes, determinar si las cuentas están sujetas a reporte y comprobar la coherencia de la información suministrada.
En el caso de cuentas nuevas, las instituciones deberán obtener las autocertificaciones correspondientes, mediante las cuales los clientes declaran su residencia fiscal y aportan los datos necesarios para determinar si corresponde incluirlos en el intercambio internacional de información.
Las entidades también deberán aplicar procedimientos para identificar posibles cambios de circunstancias que afecten la validez de la información previamente suministrada por sus clientes.
Para determinadas cuentas preexistentes de personas físicas, la resolución contempla procedimientos de revisión reforzada cuando su saldo o valor supere el millón de dólares. El monto de la cuenta determina la profundidad de algunas verificaciones, pero no constituye un umbral general por debajo del cual todas las cuentas queden excluidas del intercambio de información.
Primer reporte bajo la nueva resolución se presentará en el 2028
Las instituciones financieras deberán recopilar la información correspondiente a sus cuentas sujetas a reporte durante cada año calendario y suministrarla a la Dirección General de Tributación, a más tardar el 31 de julio del año siguiente.
La información deberá presentarse mediante el Sistema de Intercambio de Información Fiscal (SIIF), utilizando archivos electrónicos en formato XML, firmados y encriptados conforme a las especificaciones técnicas establecidas por Hacienda y la OCDE.
Las instituciones también deberán completar una herramienta de autoevaluación sobre el cumplimiento de sus obligaciones, mecanismo que Hacienda incorporó a la normativa del 2025 para fortalecer la supervisión de los procedimientos internos de las entidades financieras.
El transitorio único de la resolución establece dos fechas relevantes para la implementación de la normativa:
31 de julio del 2027: fecha ordinaria límite para presentar la información correspondiente al 2026, conforme a las disposiciones de la resolución anterior.
31 de julio del 2028: fecha ordinaria límite para presentar la información correspondiente al 2027, bajo las disposiciones y especificaciones técnicas de la nueva resolución.
Cuando esas fechas coincidan con días inhábiles, el plazo se trasladará automáticamente al siguiente día hábil.
La Administración Tributaria asumirá la responsabilidad de homologar los archivos electrónicos correspondientes al reporte del 2026 con las actualizaciones técnicas establecidas en la nueva resolución.
Las obligaciones derivadas del CRS son independientes de aquellas que deben cumplir las instituciones financieras costarricenses en virtud del acuerdo suscrito con Estados Unidos para la implementación de su Ley de Cumplimiento Tributario sobre Cuentas Extranjeras (FATCA, por sus siglas en inglés).
Hacienda podrá imponer multas de hasta 100 salarios base
La normativa establece que las instituciones financieras deberán conservar durante al menos cinco años la documentación que respalde los datos suministrados a la Administración Tributaria y los procedimientos utilizados para determinar cuáles cuentas están sujetas a reporte.
Ese plazo comenzará a computarse una vez concluido el periodo correspondiente para presentar la información y deberá extenderse mientras la cuenta permanezca abierta durante los siguientes periodos de reporte.
La Dirección General de Tributación podrá efectuar actuaciones de supervisión para verificar el cumplimiento de las obligaciones, solicitar las autocertificaciones obtenidas de los clientes y examinar los procedimientos internos de control de las entidades financieras.
Cuando identifique deficiencias, Hacienda podrá emitir informes con recomendaciones que las instituciones deberán implementar dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que esos informes adquieran firmeza.
De conformidad con el artículo 106 quáter del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, las instituciones que incumplan sus obligaciones de suministro de información, no apliquen los procedimientos de debida diligencia o desatiendan las recomendaciones de Hacienda podrán enfrentar multas equivalentes al 2% de sus ingresos brutos del periodo correspondiente al impuesto sobre las utilidades anterior a la infracción.
La sanción tendrá un mínimo de tres salarios base y un máximo de 100 salarios base. Tomando como referencia el salario base vigente durante el 2026 (₡462.200), esos límites equivalen a ₡1.386.600 y ₡46.220.000, respectivamente.
Cuando no sea posible determinar los ingresos brutos de la entidad infractora, se aplicará una multa equivalente a diez salarios base. La normativa contempla mecanismos para graduar las sanciones según la proporción de registros omitidos y reducirlas en un 75% cuando la institución subsane oportunamente su incumplimiento dentro del plazo establecido.
En el caso de errores en la información suministrada, la multa será equivalente al 1% de un salario base por cada registro incorrecto, sin exceder los límites generales establecidos en la legislación.
El pago de las sanciones no eximirá a las instituciones financieras de suministrar la información pendiente, corregir los errores detectados o implementar las recomendaciones formuladas por la Administración Tributaria.








